Diputada vota en elección donde concursan jueces que ordenaron allanar su despacho

La diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), rehusó abstenerse de participar como votante en el proceso de elección de magistrados para la Sala III, pese a que dos de los candidatos son jueces que ordenaron el reciente allanamiento a su oficina como parte de una investigación penal por un supuesto tráfico de influencias.

Sandra Zúñiga y Gerardo Alfaro, quienes aparecen en las ternas propuestas por el Partido Liberación Nacional (PLN) para los tres expedientes de nombramientos en la Sala Penal, firmaron como magistrados suplentes la orden que permitió a la Fiscalía General de la República allanar el despacho de la legisladora el 26 de noviembre.

Segreda respondió a varios medios que ella no ve razón alguna para abstenerse de participar en los nombramientos en el plenario legislativo, pues alegó que la participación de los jueces en su proceso no sería una razón suya para afectar las candidaturas de Zúñiga y Alfaro.

Incluso dijo que, en alguno de los dos expedientes de elección restantes, votará a favor del juez Gerardo Alfaro, pues alegó que es uno de los candidatos con mejor calificación para ser nombrado magistrado penal.

“Yo soy objetiva, creo que estar aquí y ser abogada me ha enseñado que tengo que ser objetiva en todo lo que hago. Lo que hayan hecho o no, lo sabrán ellos, pero voy a ser objetiva en mi voto. Pertenezco a la Comisión de Nombramientos, conozco a cada persona que está ahí, las hemos entrevistado. Sería irresponsable votar subjetivamente por uno u otro candidato”.

“¿Por qué me voy a abstener, si no tengo nada en contra de nadie? Tanto es así que voy a votar en la próxima, por alguien que firmó, lo apoyo porque es uno de los primeros promedios. Esto no es un juego, es capacidad, son otras cosas. Se darán cuenta en la próxima por quién voy a votar, se lo voy a decir, alguien que firmó y no tengo problema con eso”, declaró la legisladora.

Según había informado la fiscala general, Emilia Navas, el despacho de Floria Segreda fue allanado porque supuestamente, en febrero del 201 y valiéndose de su cargo, la legisladora le habría solicitado al director financiero de la Asamblea Legislativa que no ejecutara un embargo sobre su salario, el cual había sido ordenado por los Tribunales de Justicia.

“Con dicha orden, ella habría logrado recibir su salario íntegro en ese mes. El embargo tiene relación con un conflicto tramitado en la vía civil, por la venta de una propiedad”, agregó el Ministerio Público a finales de noviembre.

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