Costa Rica votó a favor de condena contra Nicaragua por toma de oficinas de OEA

Durante la discusión de la condena al mediodía, impulsada por ocho países, Costa Rica no hizo uso de la palabra para razonar su voto.

El texto acogido por mayoría fue propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Granada y Uruguay.

A las 4:39 p. m., la Cancillería costarricense envió la siguiente declaración a La Nación: “Costa Rica reitera la necesidad de buscar una solución a la situación en Nicaragua, una que permita mediante un diálogo estructurado, transparente e inclusivo entre todos los actores, el regreso a la institucionalidad democrática, el respeto de los Derechos Humanos y la libertad de expresión en ese país en beneficio del pueblo nicaragüense”.

Antes, a las 3:49 p. m., Arturo McFields Yescas, el exembajador de Nicaragua en la OEA que criticó con severidad a a Ortega, cuestionó a la delegación tica por no haberse pronunciado en el debate: “Me sorprendió el escandaloso silencio de Costa Rica hoy en la OEA. Si bien es cierto votó condenando el asalto a la sede diplomática, por primera vez se queda en silencio y enmudece en el concierto de democracias de las Américas”.

La condena contra el régimen de Ortega fue aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, Estados Unidos, con los votos de 29 de los 34 miembros activos.

Bolivia y Nicaragua estuvieron ausentes durante la discusión, mientras que El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron de tomar posición.

Después de ganar la segunda vuelta electoral, Rodrigo Chaves afirmó que nombraría un embajador en Managua. “Mi visión es nombrar embajador en Nicaragua. Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra, qué es eso de que no hay embajador”, manifestó el 4 de abril.

No obstante, luego de la toma de oficinas de la OEA por parte del gobierno de Ortega, el 24 de abril, Chaves modificó su discurso: “Nosotros no hemos dicho que vamos a nombrar un embajador en Nicaragua. Lo que el canciller (Arnoldo André Tinoco) dijo es que lo va a considerar”.

Añadió: “Seguimos considerando la posibilidad. Obviamente, el evento de haber sacado a la OEA de Nicaragua cambia la ecuación y cuando estemos listos, hablaremos”.

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Finalmente, la primera decisión de Costa Rica, ahora bajo el mandato de Chaves, fue apoyar la condena a Nicaragua por esos hechos. La embajadora nacional en la OEA es Alejandra Solano Cabalceta.

La resolución contra el gobierno de Daniel Ortega consta de seis puntos.

1. Condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua.
2. Deplorar la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización, e insistir en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua.
3. Exigir que se restituya inmediatamente a la Organización el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua.
4. Subraya que el Gobierno de Nicaragua es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales al respecto.
5. Instruir al secretario general de la OEA que transmita esta resolución al Gobierno de Nicaragua y a los responsables de todas las organizaciones internacionales con presencia en Nicaragua, así como al secretario general de las Naciones Unidas.
6. Seguir ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias.

Luego de la toma de las oficinas de la OEA en Managua, Daniel Ortega declaró de “utilidad pública” dicho inmueble y anunció que se convertirá en “el museo de la infamia”.

La resolución también reconoce que el gobierno de Ortega anunció su retirada de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales “siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida”, el 18 de noviembre del 2023.

Nicaragua comunicó que se iba de la OEA el 18 de noviembre pasado, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.