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La Contraloría General de la República (CGR) le ordenó a la Asamblea Legislativa abrir un procedimiento administrativo contra el diputado Jonathan Prendas por cobrarle dedicación exclusiva al Congreso, mientras le vendía servicios profesionales a su otrora partido Restauración Nacional (PRN).
La CGR le remitió una “relación de hechos” a la Dirección Ejecutiva del Parlamento sobre lo sucedido y le instruye a abrir un proceso "que permita determinar la verdad real de los hechos y, de ser el caso, establecer las responsabilidades pertinentes”.
Así lo confirmó la oficina de Prensa de la Contraloría ante una consulta de este medio.
Además, la orden consta en el oficio N.° 7774 remitido por el área de Denuncias e Investigaciones de la CGR a la congresista Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), el pasado 4 junio.
Ella fue quien denunció los hechos tras una publicación de La Nación y luego de que los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público se negaran a indagar el caso en ese foro legislativo.
El 11 de octubre del 2018, este medio dio a conocer que el PRN le desembolsó a Jonathan Prendas ¢1,2 millones como periodista y politólogo durante cuatro meses de la campaña electoral del 2018, al tiempo que el Congreso le pagaba ¢1,5 millones por exclusividad, lo que le impedía vender sus servicios profesionales a terceros.
El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, también confirmó la recepción del informe DFOE-DI-RH-00003-2019 de la Contraloría. Sin embargo, dijo que no podía referirse al contenido del documento, pues fue declarado confidencial.
“Confirmo que recibí la nota y por supuesto que la trasladé al Departamento Legal. El documento dice que es confidencial y no me puedo referir”, expresó Ayales.
Cuatro diputados debilitaron investigación legislativa
En primera instancia, este caso se discutió en Ingreso y Gasto Público por solicitud de Paola Vega. Incluso, el 15 de noviembre del 2018, se acordó investigar a Prendas, quien para entonces presidía esa comisión.
No obstante, los legisladores después rechazaron las mociones para iniciar con las indagatorias y comparecencias y, ante esa negativa, Vega optó por llevar el caso a la Procuraduría de la Ética Pública.
Y esa dependencia trasladó el caso a la Contraloría para que fuera ese órgano el encargado de investigar el “supuesto incumplimiento del régimen de dedicación exclusiva”.
En específico, los congresistas Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN), y el independiente Erick Rodríguez, fueron quienes se opusieron a investigar las actuaciones en campaña de Jonathan Prendas.
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Ellos se manifestaron en contra de escuchar por ejemplo, al exjefe de campaña de Fabricio Alvarado, el productor Juan Carlos Campos; y a Jessica Sequeira y Miguel Ángel Quesada Niño, tesorera y secretario general de Restauración, respectivamente.
Además, rechazaron una moción para llamar a comparecer a Juan Diego López, periodista de la congresista independiente Ivonne Acuña, quien también trabajó en la campaña del PRN.
Solo Vega y la liberacionista Yorleny León votaron a favor de las audiencias para investigar el asunto a fondo. La oficialista calificó la acción de los cuatro legisladores como un boicot.
“Después de que violentaron el Reglamento legislativo, para traerse abajo la aprobación de la investigación, se hicieron todo tipo de artimañas.
“Yo logré ganar la apertura, pero después lo que pasó fue que, cuando empecé a presentar mociones para que vinieran comparecientes y avanzar en la investigación, me las rechazaban todas, por unanimidad. En realidad, yo misma retiré la investigación porque no me iban a dejar avanzar. Todas las investigaciones que yo estaba pidiendo, no me las daban”, dijo Vega este miércoles.
El caso
Entre el 4 de octubre del 2017 y el 4 de febrero del 2018, Jonathan Prendas le vendió sus servicios como politólogo a Restauración Nacional, mientras le cobraba ¢381.000 mensuales a la Asamblea Legislativa por el incentivo salarial conocido como dedicación exclusiva, el cual impide ofrecer los servicios profesionales a terceros.
Así lo hizo cuando trabajaba en el Congreso como asesor del entonces legislador y candidato presidencial del PRN, Fabricio Alvarado, antes de ocupar la curul que hoy ostenta.
Durante ese periodo, la Asamblea le pagó a Prendas poco más de ¢1,5 millones por concepto de exclusividad, la cual equivale a un 55% del salario base. Sumando otros pluses, como las anualidades, el actual congresista recibía un salario mensual bruto de ¢1,4 millones.
No obstante, a la vez, el entonces asesor legislativo firmó un contrato con el partido político por un monto de ¢1,2 millones, en el que se comprometió a ofrecer una serie de servicios en su condición de “periodista y politólogo”.
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Dos investigaciones más contra Prendas
Viaje a Barcelona. Además del pago de la dedicación exclusiva, el diputado del autodenominado bloque Nueva República, también enfrenta una investigación en la Fiscalía General por un viaje que hizo a España en febrero, y el cual fue pagado por un empresario.
La Procuraduría de la Ética solicitó la apertura de las pesquisas por el posible delito de enriquecimiento ilícito y por una supuesta infracción al artículo 353 del Código Penal, donde se prohíbe a los funcionarios públicos recibir dádivas u obsequios.
A finales de marzo, Prendas le reconoció a este medio que el empresario Marcos Elías Mora le financió su viaje y la entrada al Mobile World Congress (MWC), un famoso congreso sobre tecnología móvil, que se realizó entre el 25 de febrero y el 1.º de marzo en Barcelona.
De hecho, Mora confirmó que él corrió con los gastos del legislador. Él se presenta en su perfil profesional como consultor y vocero en innovación y tecnología, así como en el tema de ciudades inteligentes y seguras.
Anteriormente, hasta principios del 2018, Mora era el director de Canales para Huawei Enterprise Costa Rica. Así lo confirmó él, por vía telefónica.
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Pago de cesantía. Prendas también está siendo investigado por cobrar ¢9 millones por cesantía a la Asamblea Legislativa cuando pasó del cargo de asesor de confianza al puesto de diputado.
La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que ese tipo de pagos son improcedentes, en un dictamen enviado a la presidencia del Congreso.
El 19 de abril del 2018, exactamente 11 días antes de asumir el cargo de diputado, Jonathan Prendas le presentó un reclamo formal al parlamento para exigir el pago de los derechos laborales, “en virtud de haber finalizado su relación de trabajo con la Asamblea”.
El hoy congresista entró Cuesta de Moras como asesor de confianza de diputado Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, entre el 2011 y el 2014. Luego, se desempeñó como asesor de confianza del exlegislador Fabricio Alvarado, en la fracción del mismo partido, entre el 2014 y el 2018. En los últimos tres meses del 2018, trabajó con Alexandra Loría Beeche, quien sustituyó a Alvarado.
Según consta en la resolución administrativa 076-2018, la Asamblea le giró a Prendas Rodríguez ¢9 millones por prestaciones legales al término de su nombramiento como asesor de confianza.
Ese monto se compone de ¢8,4 millones por 154 días de cesantía más unos ¢600.000 por días de vacaciones.
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