Silvia Artavia. 6 diciembre
El mandatario hizo las declaraciones la mañana de este jueves 6 de diciembre, durante una actividad del Incofer. En la foto lo acompañan la primera dama Claudia Dobles y la jerarca de Incofer, Elizabeth Briceño. Foto: Mayela López.
El mandatario hizo las declaraciones la mañana de este jueves 6 de diciembre, durante una actividad del Incofer. En la foto lo acompañan la primera dama Claudia Dobles y la jerarca de Incofer, Elizabeth Briceño. Foto: Mayela López.

El presidente Carlos Alvarado afirmó que el gobierno les cobrará los impuestos a las empresas que hayan engañado a la hacienda pública y que no habrá un trato diferenciado para nadie.

Hay que determinar quiénes son los que están engañando al fisco y hacerlos pagar (...). El Gobierno ha mostrado determinación para sacar las cosas adelante. Esa determinación la llevaremos adelante para cobrar los impuestos.... No nos fallará el pulso a la hora de hacer eso", afirmó el mandatario.

La declaración la emitió luego de que el Ministerio de Hacienda publicara, por orden de la Sala IV, una lista de 131 grandes contribuyentes que reportaron pérdidas o cero ganancias en algún momento de la última década.

(Video) Carlos Alvarado: ‘Hay que determinar quiénes están engañando al fisco y hacerlos pagar’

No estamos aquí para caerle bien a la gente; estamos aquí para proteger el país”, dijo Alvarado.

Cuando se le consultó sobre la supuesta relación de miembros de su gabinete con contribuyentes que aparecen en la lista, el gobernante dijo que “no habrá un trato diferente” para nadie.

“Incluso, uno de los casos de las empresas que se mencionan, de una persona familiar de un miembro de Gobierno, fue sujeto a un cobro de más de ¢700 millones en esta administración. O sea, se fue y se les cobró, y así se hará con todos los casos en que se determine que se haya que hacer”, declaró sin citar el nombre de la empresa ni del funcionario.

En setiembre pasado, una compañía presidida por Javier Chaves, esposo de la ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, le hizo un pago de ¢571 millones a Hacienda y solicitó un arreglo de pago por otros ¢238 millones, para un total de ¢809 millones, por un cobro que le hizo Tributación por el impuesto de renta del 2017.

Se trata de la empresa Aldesa Corporación de Inversiones S. A., propietaria de diez subsidiarias dedicadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios que declaran renta cada una por aparte. En aquel momento, Chaves argumentó que el diferendo surgió porque, en la mayoría de los casos, las sociedades declararon ganancias que, en la práctica, todavía no han recibido.

Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, confirmó que el presidente se refería a esa caso y que lo que querían destacar es que cobrarán “independientemente” de quién se trate.

Asimismo, Alvarado se refirió a la importancia de “ser precisos” a la hora de juzgar el papel de cada una de las empresas privadas o públicas, contenidas en la lista del Ministerio de Hacienda, así como al calificar el tipo de relación que tengan estas firmas con ciertas personas.

“El hecho de que una empresa que está en una lista y que esté relacionada con alguien... hay que ser preciso… Podría ser alguien que ha pagado, que ha tenido pérdidas o que elude y evade”, explicó.

No obstante, el mandatario advirtió de que con las nuevas herramientas que otorga la reforma fiscal para recaudar impuestos, será más fácil perseguir a los evasores.

“De esa lista de contribuyentes hay que determinar quiénes son buenos pagadores, quiénes realmente han tenido pérdidas y hay que determinar quiénes son los que están engañando al fisco costarricense para, con todas las herramientas y con la ley, hacerlos pagar”, continuó.

Por otra parte, tanto Alvarado como el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aclararon que el término “amnistía no significa perdón”.

Ese mecanismo, contemplado en la reforma fiscal, ofrece a las empresas pendientes de pagar impuestos, la opción de cancelarlos perdonándoles hasta el 80% de los intereses.

“Hay dos temas importantes de la amnistía, que no significa perdón, sino una oportunidad para que las empresas regularicen su condición y que, además, es una oportunidad de recaudación de nuevos ingresos”, explicó Acosta.