A inicios de este 2022, 26 autobuseros pidieron al CTP una prórroga para sustituir 88 de sus unidades que superaron la antigüedad máxima permitida desde el 2020, incluso.
Sin aclarar si esas unidades están en operación, el departamento de Administración de Concesiones y Permisos del CTP acogió esas solicitudes y recomendó a la Junta Directiva darles más tiempo, pese a que la Ley 7.600 establece que la flotilla operativa no puede superar los 15 años.
Los directivos rechazaron esa recomendación, el pasado 30 de setiembre.
En la lista se encuentran autobuseros grandes, con flotilla de decenas de buses, como Autotransportes Cesmag, del representante de autobuseros ante el CTP, Orlando Ramírez, que tenía para febrero del 2022, nueve unidades que superaron la antigüedad desde el año pasado.
De hecho, 16 de las 26 empresas son autobuseros que tienen rutas con más de 20 unidades, los que la califica de medianos a grandes prestadores de servicio, según la clasificación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Entre las más grandes están Autotransportes Pavas, con 11 unidades de 16 años; Transporte Arnoldo Campo con ocho buses de hasta 17 años; mientras que la Empresa Guadalupe Limitada pidió prórroga para sustituir siete de su flotilla de buses viejos.
Las más pequeñas, que son 10 en total, son dueñas de 25 de los 88 buses. Es decir, son las medianas y grandes las que concentran las unidades más viejas.
Recomendación
Al parecer, por el oficio CTP-DT-DAC-OF-0915-2022 recibido por la Junta Directiva, la solicitud de prórrogas inició como una gestión del mismo departamento del CTP, aunque después los autobuseros fueron los que pidieron más tiempo.
Desde el 1°. de febrero anterior, este departamento remitió a los directivos del CTP anteriores un listado de 88 unidades de 26 autobuseras que habían superando la antigüedad permitida por ley.
A partir de esa información, el pasado 22 de febrero, la Junta Directiva anterior dio por recibido ese listado “referente a la prórroga para realizar la sustitución de unidades”, pero no tomó ningún acuerdo para continuar con ningún procedimiento.
Como no se resolvió nada en concreto, el departamento coordinado por la funcionaria Ellen Cambronero inició una serie de prevenciones a las autobuseros para sustituir sus unidades, y es ahí donde los empresarios inician gestiones para solicitar al CTP más tiempo para adquirir nuevos buses.
Por esas solicitudes, es que Cambronero, junto a otra empleada de dicho departamento, Diana Aguilar, recomiendan a la nueva Junta Directiva darles más tiempo a los empresarios.
“Debido a la situación que hoy en día viven los concesionarios y permisionarios de ruta regular, algunas empresas de forma individual han solicitado una prórroga para realizar dicha sustitución”, dice el oficio CTP-DT-DAC-OF-0915-2022, conocido por la Junta Directiva el 30 de setiembre.
Entre las recomendaciones, las funcionarias anotaron “revisar la petición de cada empresa y otorgar una prórroga para realizar la sustitución de las unidades que se encuentran fuera de vida útil y que dichas unidades sean llevabas a Revisión Técnica Vehicular para que las mismas puedan seguir brindando el servicio por el tiempo que este órgano Colegiado considere pertinente”.
La Nación pidió una entrevista con las funcionarias encargadas del oficio y se enviaron consultas al departamento de prensa, sin que se haya recibido una respuesta.
Diversas gestiones
Así como llegaron al CTP, los autobuseros están presionando al Congreso para que se les autorice por ley la circulación de unidades de hasta 20 años porque no tienen dinero para comprar nuevas unidades, según argumentan los empresarios y los mismos diputados.
Esa propuesta permitiría la marcha de al menos 553 buses modelo 2004-2006 hasta que cumplan 20 años, por los próximos cinco años.
El proyecto de ley fue dictaminado por los diputados de cinco fracciones en la Comisión de Asuntos Económicos y ahora pasará al plenario.
En su momento cuando el CTP fue consultado por la propuesta, en junio del 2021, el Área Técnica justificó el proyecto solo bajo la condición de emergencia por covid 19 por sus implicaciones en el sector. Sin embargo, esa condición hoy no existe, al ser derogado el decreto que así lo establecía.
Mientras tanto, colectivos de usuarios y la Aresep se mantienen en contra de la propuesta.
