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La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en los bienes declarados por tres funcionarios del Conavi vinculados con el Caso Cochinilla.
Dos de ellos, uno de Tesorería y el otro de Conservación de Vías, son investigados por el OIJ por la presunta recepción de dádivas de parte de proveedores.
Las inconsistencias fueron halladas y enviadas a investigación tras una revisión de las declaraciones juradas que los funcionarios debían entregar cada año, enumerando los vehículos, propiedades, cuentas bancarias y demás bienes a su nombre.
Así lo detectó la CGR semanas después de que saliera a la luz pública el presunto caso de corrupción en el Conavi, el 14 de junio, con los 57 allanamientos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en diferentes instituciones, viviendas y empresas privadas.
El ente contralor encontró inconsistencias en los manifiestos de Sergio Lobo Bejarano, jefe de la Tesorería del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); y de Hugo Zúñiga Fallas, quien labora en el departamento de Conservación de Vías y Puentes de esa misma institución.
Así lo confirmó la Unidad de Prensa y Comunicaciones de la CGR, ante una consulta de La Nación, la cual precisó que el nombre del tercer funcionario no se podía revelar, pues su caso está en la fase de admisibilidad.
Al mismo tiempo, informó de que Lobo Bejarano y Zúñiga Fallas tienen abierto un procedimiento interno para analizar posibles responsabilidades administrativas, que podrían acarrear desde una amonestación por escrito hasta una suspensión, o bien, un despido sin responsabilidad patronal.
“Se detectaron tres casos con inconsistencias sobre los cuales se están tramitando tres procedimientos administrativos para valorar eventuales responsabilidades en la Contraloría.
“Dos de ellos, se encuentran en fase de apertura para los casos de Zúñiga Fallas (apertura 27/7/2021) y Lobo Bejarano (apertura 6/8/2021). El otro caso se encuentra en fase de admisibilidad. No se han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público”, respondió esa dependencia en un correo electrónico.
Posteriormente, el área de Investigación de Denuncias agregó: “No se puede brindar información y detalle de las anomalías detectadas por ser información de carácter confidencial, conforme al artículo 24 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422)”.
Aquellos funcionarios públicos que administran, custodian, fiscalizan o recaudan fondos públicos deben entregar cada año una declaración jurada de bienes a la Contraloría, así como los altos jerarcas del Estado, lo cual incluye al presidente de la República, vicepresidentes, ministros, magistrados, jueces, fiscales y diputados.
Esta medida la estableció la ley anticorrupción (Ley 8244) con la intención de detectar y evitar enriquecimientos que no vayan acorde con los salarios de esos trabajadores.
Los defensores públicos Francisco Jiménez Solano y Mauricio Paniagua Alpízar, abogados de Sergio Lobo y Hugo Zúñiga, respectivamente, dijeron que no se podían referir al caso porque este se encuentra en la etapa de investigación, la cual no es pública para terceras personas.
Funcionarios señalados por múltiples dádivas
De momento, los dos funcionarios del Conavi están suspendidos de sus cargos, sin goce de salario y por al menos cuatro meses.
El OIJ sospecha que recibieron dádivas por parte de empresas constructoras, a cambio de agilizar el pago de facturas pendientes y facilitar información privilegiada sobre contratos de obras viales.
De acuerdo con el expediente judicial de Caso Cochinilla, Hugo Zúñiga Fallas habría obtenido, al menos, 16 dádivas, mientras que Lobo Bejarano, otras cinco.
Las pesquisas judiciales indican que ellos habrían recibido dinero en efectivo, licores y canastas de regalos, así como, invitaciones a almuerzos, desayunos y el pago del consumo en bares.
Por ejemplo, el informe del OIJ señala que Zúñiga Fallas habría recibido ¢1,5 millones de la constructora MECO por dar autorización expedita y privilegiada a varias facturas que estaban en trámite, al tiempo que fue invitado a comer en los restaurantes Novillo Alegre, en Plaza Antares; y Lukas, en el centro comercial El Pueblo.
En el caso de Lobo Bejarano, se especifica que en apariencia recibió una canasta de regalos, una botella de licor y que, en noviembre del 2020, MECO le costeó a él y a otros funcionarios del Conavi el consumo en el bar La Bamba, en Sabanilla, al este de San José, donde la factura fue de ¢140.000.
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Revisión y análisis continuo
Actualmente, el ente contralor contabiliza 22.605 declarantes activos en la función pública y, en promedio, al año verifica la información suministrada por el 3% de esos funcionarios.
El Área de Investigación de Denuncias detalló que, en los últimos tres años, se corroboró los datos de 1.795 trabajadores.
La Contraloría defendió la gestión realizada en la revisión de las declaraciones juradas relacionadas con el Caso Cochinilla, a pesar de que los procedimientos administrativos iniciaron a posteriori de las pesquisas judiciales.
El Área de Investigación de Denuncias alegó que las declaraciones fueron revisadas en un primer nivel, mediante “herramientas automatizadas de análisis de datos” que evalúan “la consistencia de los datos declarados”, y que no se detectaron anomalías.
Añadió que, en una segunda etapa, donde solo se revisa el 3% de las declaraciones presentadas, se hallaron las anomalías.
La CGR dijo que no existe un plazo para hacer esos estudios, pues se pueden realizar en cualquier momento del año, por lo que no se podría cuestionar que no se hayan detectado antes.
“El proceso de revisión y análisis de las DJB (declaraciones juradas de bienes) es continuo y como tal, puede realizarse en cualquier momento del año (....).
“Se requirieron otras diligencias de investigación, solicitudes de información a otras instancias y análisis que permitieran descartar o confirmar alguna irregularidad de conformidad con la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, argumentó esa área, por escrito.
Para entrar a analizar declaraciones aparte del método automático, se toman en cuenta criterios como “patrimonio del declarante, puestos según su capacidad de decisión, instituciones denunciadas, acciones de fiscalización en proceso, análisis del entorno y algunos casos de forma aleatoria”.
De los 19 funcionarios o exfuncionarios investigados en el Caso Cochinilla, 14 sí debían entregar la declaración jurada de bienes.
