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El tramo central de la carretera a San Carlos, entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada, es el proyecto con mayor incremento en costo y plazo de ejecución.
El desfase en el tiempo contractual con respecto al avance físico fue considerado como el más crítico, dentro del primer informe de aseguramiento de infraestructura, presentado este miércoles.
La evaluación fue realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, el cual funge como observador dentro de la iniciativa multisectorial CoST, que integran entidades públicas, grupos privados e instituciones observadoras.
Para realizar el informe, se evaluaron siete proyectos de infraestructura vial, uno hospitalario, un acueducto y uno energético.
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José David Rodríguez, ingeniero de la Auditoría Técnica del Lanamme, detalló que en el caso de la vía a San Carlos, el plazo de ejecución aumentó en un 285% pues inicialmente el plazo era de 48 meses y el costo, que inicialmente era $61 millones, creció en 280%, alcanzando modificaciones contractuales hasta por $232 millones, sin que a la fecha se haya logrado terminar la obra.
Precisamente, el contrato de ese proyecto fue cancelado en agosto del año pasado luego de 13 años sin que se lograra concluir la ansiada carretera, que los sancarleños esperan desde hace medio siglo.
La investigación, cuyo principal objetivo es transparentar la información disponible sobre los proyectos de inversión pública, se basó en 66 indicadores relacionados con la divulgación de los datos técnicos y administrativos de cada uno; los montos ejecutados y plazos del proceso de adquisición y construcción, así como las variaciones contractuales.
Sobre ese último parámetro, el análisis reveló que en el caso de San Carlos también fue el que tuvo más modificaciones al contrato.
La otra obra calificada como crítica fue el proyecto geotérmico Pailas II, el cual tuvo el menor índice de divulgación debido a la falta de información disponible durante el estudio.
Los otros casos analizados comprenden la ampliación de la ruta 1 en el tramo Cañas-Limonal, así como las secciones Limonal-San Gerardo y San Gerardo-Barranca (estos dos proyectos fueron modificados y actualmente se promueven en una sola licitación).
Además, el tramo norte de Circunvalación, la ampliación de la ruta 32, el paso a desnivel en la intersección de las Garantías Sociales en Zapote, la construcción del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, y el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal.
Según las conclusiones, la difusión de datos tiende a decrecer conforme avanzan los proyectos. En muchos casos, faltan informes finales de entrega y documentos con fechas del finiquito.
Según Rodríguez, se descubrió que en el 60 % de los casos estudiados hubo apelaciones al cartel, en el 20% no se presentaron y en el restante 20% la figura no aplica.
En tanto, el proyecto con mayor divulgación proactiva es el nuevo Hospital de Puntarenas, con un 82%.
Más eficiencia
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, explicó que la iniciativa busca un mayor involucramiento de la población en los proyectos, lo que a su vez impulsará a las instituciones a ser más eficientes en la ejecución de estos y ofrecer mayor transparencia.
La idea, dijo, es revertir la tendencia de “erosión de lealtad” hacia los entes públicos.
Por su parte, Manuel González Caballero, gerente regional de CoST, aseguró que la idea no es convertirse en fiscalizadores ni denunciantes, sino que la información disponible dé cuentas por sí sola y los ciudadanos sean capaces de demandar esa transparencia en los datos disponibles.
La iniciativa CoST la conforman el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el Ministerio de Hacienda, como representantes del sector público.
Además la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Federación de Cámaras representan el sector privado y como representantes de la sociedad civil participan la organización Costa Rica Íntegra, la Asociación de Consumidores y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Al igual que el Lanamme, la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría de los Habitantes son observadores.
