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Para atender las 874 órdenes sanitarias giradas a centros educativos del país por sus inadecuadas instalaciones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) necesita al menos $500 millones, que al tipo de cambio actual son unos ¢310.000 millones.
Se trata de recursos que no tiene el MEP. De hecho, la cifra es casi 15 veces el presupuesto actual de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), que para este año recibió ¢21.000 millones para ejecutar obras.
La estimación de los fondos necesarios fue dada a conocer por el viceministro administrativo, Steven González, ante consultas de La Nación.
González acompañó este martes a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, a la comparecencia ante la Comisión de Juventud Niñez y Adolescencia para dar explicaciones sobre la condición actual de la infraestructura educativa.
A la audiencia también asistió la cabeza de la DIE, Catalina Salas.
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“Para saber cuánto se requiere para atender un centro educativo, se tiene que hacer por lo menos una visita y un proyecto preliminar, un anteproyecto y, de momento, ni siquiera se han terminado de hacer todas esas visitas. Recién entrado al Ministerio (en 2019), el dato que me habían dado era que se ocupaban más de $500 millones para atender las, entonces, 600 y algo órdenes sanitarias. Ahora, probablemente, sea más”, declaró González.
El MEP tiene a su cargo poco más de 4.400 escuelas y colegios, de los cuales 874 tiene órdenes sanitarias y de ellos, 72, tienen orden de cierre. Estos últimos son los considerados en categoría “roja” de “riesgo para la vida humana”; los restantes 802 están en condición amarilla y verde, con necesidad de mantenimiento mayor y menor.
No obstante, según el MEP, no hay recursos para atender ninguno.
Actualmente, los funcionarios de la DIE trabajan en ejecutar los cerca de ¢100.000 millones que las Juntas de Educación tienen depositados en sus cuentas de caja única, algunas desde hace varios años.
Según González, ese dinero está amarrado a proyectos en proceso, sin que se pueda usar para otro fin.
Sin mantenimiento
El viceministro reconoció que la causa de las órdenes sanitarias es la falta de mantenimiento a los centros educativos durante años, lo que convierte un problema menor, en uno más grande, hasta que se deriva en una orden sanitaria del Ministerio de Salud.
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“Esa es la principal causa, la falta de mantenimiento, se convierte en órdenes sanitarias. Al no tener presupuesto, falta de mantenimiento, recursos, personal y proceso ineficiente... este es el escenario que se está dando y que explica el aumento en las órdenes sanitarias”, manifestó el funcionario.
Durante la comparecencia, la ministra de Educación informó a los diputados de que una proyección de la DIE estimó que para evitar el incremento de estas órdenes de Salud, el MEP requiere una inversión anual de ¢61.000 millones solo para el rubro de mantenimiento de centros educativos. Ese dinero no incluye la construcción de obra nueva.
“Esto es lo que se requiere para atender esa cantidad de centros educativos en mantenimiento preventivo y correctivo con los porcentajes correspondientes”, dijo Cruz a los legisladores.
La regla fiscal impide a las instituciones aumentar el gasto, por lo cual trasladar ese dinero no sería posible en el corto plazo.
Según la jerarca, valoran tres opciones de financiamiento para atender no solo las órdenes sanitarias, sino también los centros educativos cuya construcción falta por terminar.
Una opción es que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) destine fondos del canon del megapuerto de APM Terminals a tres proyectos en Limón.
Otra, es la solicitud de un crédito por $123 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para 60 centros, en zonas de extrema pobreza.
Finalmente, estudian la creación de alianzas público-privadas.
Steven González advirtió de que mientras el país no invierta en el mantenimiento de la infraestructura educativa, las órdenes sanitarias seguirán en aumento.
“La falta de mantenimiento hace que los centros educativos se sigan deteriorando y los daños sean mayores. Hasta que el país no invierta esa cantidad de recursos (¢61.000 millones anuales) en el mantenimiento de infraestructura, no se va a detener esta bola de nieve en que se han convertido las órdenes sanitarias.
“Si los techos no se pintan a los 5 o 6 años, hay a goteras, luego daño de instalación eléctrica. El país nunca ha hecho esfuerzos por mantener la infraestructura, siempre se invierte en obra nueva, pero no está viendo esa parte que viene detrás que los centros educativos que se deterioran”, enfatizó el viceministro.
Los diputados, sin embargo, cuestionaron que el MEP pida dinero cuando por años las Juntas de Educación han mantenido recursos ociosos en caja única por la ineficiente gestión de la DIE.
¿Cómo me garantiza que esta vez los recursos sí van a alcanzar para no dejar obras botadas y que la planificación presupuestaria así se hará correctamente?, preguntó la legisladora Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), a la ministra Cruz.
La jerarca explicó que, en el caso del préstamo que se gestiona ante el BCIE, se priorizó que los centros educativos fueran en zonas de pobreza y zonas indígenas y que tuvieran ya un avance en el proceso de diseño, de planos, para avanzar más rápidamente en el proceso constructivo.
Para esos 60 proyectos, añadió Cruz, ya se tienen todos los insumos técnicos generados para determinar el costo de las obras y lo que habría que financiar.
Las autoridades de Educación aseguraron que la DIE se encuentra trabajando con un nuevo sistema que se implementó tras la transformación de ese departamento, que por años arrastró señalamientos por su ineficiente gestión.
En la reorganización, que no implicó cambio de funcionarios pese a los cuestionamientos, se eliminaron los departamentos de Investigación y Contrataciones. Además, se trasladaron los procesos de compra a la Proveeduría Institucional del Ministerio, para tratar de mejorar la eficiencia y productividad, y evitar la duplicación de funciones.
Por otra parte, se creó el Departamento de Mantenimiento, orientado a mitigar los riesgos asociados al deterioro de los edificios con la intención de alargar la vida útil de las instalaciones físicas de los centros educativos.
Sin embargo, a pesar de que ese departamento se creó, no tiene los recursos necesarios.
El diputado fabricista Harllan Hoepelman, cuestionó a las autoridades educativas sobre el más reciente informe de auditoría interna del MEP, que dio a conocer días atrás La Nación, según el cual la institución gastó ¢8.000 millones en la compra de 44 terrenos que nunca usó. Además, que se adquirieron propiedades que no eran aptas para construir.
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Les cuestionó sobre quién asume la responsabilidad sobre esas compras de terrenos con anomalías, quién es el culpable y qué se va a hacer respecto.
“Durante nuestra gestión, de mayo del 2019 a la fecha, todos los nueve terrenos que se han adquirido son aptos para construir, son necesarios y en ellos se van a desarrollar las obras. Todos los terrenos que vienen con esos problemas corresponden a administraciones anteriores. Todos los terrenos que tienen algún tipo de problemas, si no hay ya denuncias presentadas, se estarán presentando prontamente y en todos los casos se abrirán las investigaciones correspondientes”, aseguró Steven González al diputado.
