Conflictos

Familiares aguardan noticias tras motín en cárcel de Ecuador que dejó 44 muertos

El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en el país sudamericano

Quito. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel ecuatoriana de Bellavista, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a varios reos que escaparon durante los desórdenes.

El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno atribuye a luchas de bandas ligadas al creciente narcotráfico. Pero también causó alarma en la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y en la CIDH.

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones, constató la AFP. “No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío”, afirmó Leisi Zambrano.

“Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus muertos, de si están vivos”, agregó la ama de casa, de 48 años. La AFP también observó a uniformados que agrupaban a aproximadamente 80 reos presuntamente recapturados tras la fuga masiva que siguió a los disturbios.

En un balance el lunes, el general Fausto Salinas, comandante de la Policía, dijo que 108 internos seguían en paradero desconocido, mientras que 112 había sido recapturados.

Ya suman casi 400 reclusos muertos en seis matanzas en las cárceles de Ecuador desde febrero del 2021. “Estos incidentes preocupantes una vez más subrayan la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal”, afirmó Liz Throssell, vocera de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, condenó por su lado la violencia y llamó a una investigación “rápida, seria e imparcial”. El ministro de Interior, Patricio Carrillo, manifestó que una reyerta se desató en la madrugada en la cárcel Bellavista cuando la banda Los Lobos “agrede y elimina” a unos cuarenta integrantes de una facción denominada “R7″.

Las autoridades confirmaron este martes el saldo de 44 muertes en este centro penitenciario en la ciudad de Santo Domingo. Otros diez reclusos resultaron heridos, además de un policía. La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de escapar. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal.

Tan pronto supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior “los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir”. “Adentro es una carnicería”, expresó a la AFP.

Para intentar frenar la violencia, seis cabecillas de bandas fueron trasladados de Bellavista a dos prisiones de máxima seguridad. El gobierno del presidente Guillermo Lasso había decidido previamente el traslado de presos peligrosos, en el marco de un conjunto de medidas que incluyen la asignación de presupuesto a las cárceles y la creación de una comisión de pacificación.

Pero esas medidas han sido al parecer insuficiente para frenar las masacres carcelarias, de las peores de Latinoamérica. El hacinamiento es otro problema: en Bellavista viven 1.700 presos, 500 más que su capacidad. A nivel nacional, en las 65 prisiones con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 35.000 presos, según fuentes oficiales.

Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del grupo R7, gracias a una medida judicial. “Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios”, comentó el martes el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

Asimismo, el gobierno decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste —Guayas, Manabí y Esmeraldas—, las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico. Fuera de las cárceles, el número de muertos alcanzó los 1.255 en los cuatro primeros meses del año —entre ellos decapitados y mutilados—, la mitad de lo registrado en todo el 2021.

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