EscucharLa crisis de pandillas en El Salvador, la persecución de presos políticos en Nicaragua y la inestabilidad judicial en Guatemala son algunos de los temas que actualmente preocupan a las organizaciones que velan por que se cumplan los derechos humanos en toda Latinoamérica.
La organización Amnistía Internacional es una de ellas y ya ha denunciado desde su oficina en las Américas las diferentes violaciones de derechos humanos en países de la región. En entrevista con La Nación, Pilar Sanmartin, investigadora de crisis de Amnistía Internacional, hizo un repaso de los principales retos de la región en relación con esta temática, desde una mirada que pone en el centro de atención a los países de Centroamérica.
En otro artículo podrá encontrar una versión sobre la crisis de derechos humanos que vive El Salvador, que se agravó desde que inició el régimen de excepción para controlar a las pandillas.
-- ¿Cuál es el panorama actual de derechos humanos en Latinoamérica?
- El panorama de derechos humanos en la región, lo dijimos en Amnistía Internacional en nuestro último informe anual del 2021, es un panorama donde esta región sigue teniendo muchos retos en materia de derechos humanos. Como problemas principales, está en primer lugar el cierre de los espacios democráticos. Tenemos muchos países como Venezuela, como Guatemala, como Nicaragua, ahora también lo estamos viendo en El Salvador y en su momento en muchos otros países donde estos espacios de libertad de expresión se han ido reduciendo.
Vemos también una debilidad en las estructuras de separación de poderes, una debilidad histórica, pero que venimos arrastrando. Por ejemplo en México, donde se tienen índices de impunidad con más del 90%. Un país también devastado por el tema de la desapariciones, muchas de ellas forzadas. Hace pocos días se llegaba a la escalofriante cifra de 100.000 personas desaparecidas, muchas de ellas con la presunción de que el Estado habría intervenido.
También los ataques contra la libertad de prensa. De nuevo, vemos en países como México, que está registrando un índice importante de muertes de periodistas, pero también en otros donde la persecución a la prensa es tenaz. Otro tema que también atraviesa el continente de forma innegable, es el de los derechos de las mujeres. Los índices de feminicidio en el continente son aterradores. Desde Amnistía Internacional, otro tema que nos preocupa y que queremos poner en la agenda de una forma muy fuerte es el del cambio climático.
-- Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que respeta los DDHH ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años y qué vislumbran con la entrada de este nuevo gobierno?
- Un avance, sin duda. Nos parece que esto es un logro de toda la sociedad civil costarricense, finalmente es un logro compartido que ha sido producto de la lucha de muchos años. Nos parece que el nuevo gobierno tiene muchas oportunidades y tiene una agenda muy retadora.
El tema de que Costa Rica sea un país que está recibiendo a miles de personas que huyen de las diferentes crisis que hay en Centroamérica, tiene un rol muy importante que jugar. Tanto en transmitir a la población la importancia de recibir a estas personas, pero además de generar política pública que permita que estos grupos puedan ser protegidos de forma internacional y tener una vida digna en el país.
-- En relación con Nicaragua, desde el 2018 se agravó la crisis social en el país ¿Qué han podido analizar de toda esta situación tan compleja, con persecución a presos políticos y diferentes actores sociales que se oponen al gobierno de Daniel Ortega?
- La situación en Nicaragua desde el 2018 ha sido dramática. Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional estuvo documentando la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometió por parte del gobierno de Daniel Ortega. Desde ejecuciones extrajudiciales, muertes arbitrarias, tortura y ataques contra personas defensoras.
Prácticamente han creado un país en el que es imposible la defensa de los derechos humanos, es ilegal. Han cerrado toda posibilidad de la práctica, de la defensa, de la denuncia, de todas las aberraciones que se están cometiendo.
Ahora bien, tenemos una muy buena noticia y es que se creó recientemente la Finding Mission para Nicaragua. Este grupo de tres expertos va a liderar una investigación profunda respecto de todas estas violaciones generalizadas que se han ido dando desde el 2018. Recordemos que ya se señaló que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Nos parece que es importante no retirar el dedo y seguir presionando para que la comunidad internacional siga en alerta, porque la situación cuando una piensa que no puede ir a peor en Nicaragua siempre sorprende. Con una nueva legislación, con una nueva iniciativa política del gobierno de Daniel que empeora las cosas. Entonces, nos parece que esta misión va a ser crucial para sentar todas las responsabilidades y que, de ser necesario, se inicien todos los procesos penales internacionales que correspondan.
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-- Daniel Ortega inició recientemente su cuarto mandato en unas cuestionadas elecciones ¿Cuál es el panorama que se vislumbra en estos próximos años?
- Lamentablemente, quisiera decir que las cosas van a cambiar, para eso luchamos y a eso aspiramos. Pero los signos que nos está dando el presidente Daniel Ortega es que tiene muy poca intención de hacer un giro y de empezar a respetar los derechos humanos.
Con Nicaragua nos encontramos en una situación de cierre total, de violaciones generalizadas en muchos sentidos, tanto así que hemos tenido que llegar al momento en el que un ente internacional va a iniciar investigaciones sobre el país, porque no se están cumpliendo los mínimos necesarios para asegurar que se lleve a cabo algún tipo de investigación por las violaciones que se están dando.
Siempre lucharemos para que la situación cambie. Lamentablemente no vemos que la intención del presidente Ortega sea esa. Vamos a seguir presionando y la verdad es que nosotros no nos cansaremos hasta que la situación se revierta en Nicaragua. Lo hemos dicho desde que inició la crisis y lo seguiremos diciendo.
-- Honduras viene saliendo de una crisis política fuerte, con la extradición de su expresidente y otras figuras de peso a nivel político ¿Cómo han visto estos primeros días de la presidenta Xiomara Castro?
- Hemos visto cuestiones positivas, por ejemplo, hemos acogido con mucha alegría todo el tema de la liberación de los presos de Guapinol. Es un caso que desde Amnistía hemos defendido, porque nos parecía que era una detención totalmente arbitraria. Ahora bien, pensamos que igual hay muchos retos históricos en Honduras, el tema de la impunidad, los ataques a personas defensoras, es algo donde realmente necesitamos signos más fuertes por parte de la presidenta.
Hay deudas históricas en Honduras que necesitamos que en estos primeros días de gobierno se pongan manos a la obra. Quizá es un poco pronto para hacer un balance respecto al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero sí nos parece que hay algunas cuestiones, como el tema de la impunidad, la defensa de la tierra y los derechos humanos, que tienen que revertirse de forma urgente. En ese sentido necesitamos ver acciones mucho más contundentes que las que estamos viendo.
-- En su informe anual ustedes destacan que en el país hay persecución en contra de personas defensoras de los derechos humanos, principalmente de defensoras del medio ambiente. Esto es algo que se viene presentando desde años en el país, está el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, ¿Por qué es que hay tanta persecución hacia estos activistas?
- El caso de Berta Cáceres es paradigmático. Es una persona defensora ambientalista, líder feminista y muy admirada en su comunidad que estaba haciendo una lucha muy importante en el territorio, que fue asesinada porque se opuso a estos intereses de la hidroeléctrica.
Hay un juicio que está avanzando, pero han habido retrasos en las audiencias y pensamos que ahí hay fallas. En este caso, que ha tenido toda la atención de la comunidad internacional por el perfil tan alto que tenía Berta Cáceres, aún así está costando que se avance en las audiencias, que no se retrasen, y sobretodo que no se olvide que hay más responsables.
Algo lamentable en Honduras y que estamos viendo precisamente con todo el juicio de la extradición del expresidente Juan Orlando, es que los Estados están siendo cooptados por intereses que no corresponden al interés general, es decir, que no están respondiendo a lo que interesa a la ciudadanía, sino a otro tipo de cosas. Lamentablemente el caso de Berta es un ejemplo de esto.
-- Hace algunos días se oficializó el juicio a una exfiscala antimafias en Guatemala y otros funcionarios del Poder Judicial han tenido que exiliarse en otros países debido a intimidaciones y la criminalización de su trabajo ¿Es esto un reflejo de que hay cierta impunidad ante los delitos en Guatemala?
- La situación de de Guatemala es también dramática. Sobre todo el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue un momento lamentable en la historia del país. Fue una institución de años de construcción, de años de esfuerzo de la sociedad civil, de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de la comunidad internacional.
Desmantelar esa institución que colaboraba con el Estado en la lucha contra la corrupción fue un hito que marcó el declive en el que nos encontramos ahora mismo en Guatemala. Esta persecución que se ha venido dando por parte del Estado hacia personas que en su momento trabajaron en la CICIG o que dentro de la Fiscalía han trabajado contra casos de corrupción de funcionarios de alto nivel, nos pone en una encrucijada.
Si un aparato de justicia es capaz controlar al resto de poderes, la democracia y el Estado de derecho está perdido. La persecución de estas personas de lo que habla es de la punta del iceberg de toda una degradación, un deterioro en el país que quizá no es tan visible, pero que sin duda se está dando.
Desde Amnistía Internacional condenamos muy enérgicamente que esto se esté dando en Guatemala y finalmente igual estamos viendo como hay un éxodo de múltiples operadores de justicia. Estas personas que han luchado por el avance de casos históricos en Guatemala, que ahora tienen que salir del país, cuando tendría que ser todo lo contrario.
-- Hace poco, la fiscala general Consuelo Porras fue elegida nuevamente en su puesto, a pesar de estar sancionada por Estados Unidos en la lista de corrupción ¿Cómo toman la reelección de esta funcionaria en Guatemala?
- La tomamos con cierta desconfianza. Nos parece que se ha denunciado desde las organizaciones de la sociedad civil y desde múltiples sectores, el vicio del proceso de selección que se ha venido dando en Guatemala, que es una señal más de cómo existe esta política de asegurar que el aparato de justicia en el país, lejos de ser utilizado para los fines para los que está creado, se esté utilizando y se quiera seguir usando con otros fines, que son políticos.
También con fines de castigo a aquellas personas que en su momento y, con mucha valentía, persiguieron, investigaron y quisieron castigar conductas que violaban derechos humanos, que perjudican al Estado y que finalmente perjudican a todas las personas en el país. Es lamentable encontrarnos en este momento y ver que se siguen dando señales, como esta reelección, que lejos de alejarse de este camino, lo mantiene y lo asienta.
-- Con todos estos problemas que enfrenta Centroamérica y Latinoamérica en general ¿Considera que la región es una de las que tiene retos más importantes en cuanto al tema de derechos humanos en el mundo?
- Sin duda esta región tiene retos históricos en materia de derechos humanos. No olvidemos que las Américas es la región más desigual del mundo. Es una de las regiones también más violentas del mundo. Tenemos índices de pobreza atroces, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales todavía es un reto en este continente y la pandemia de covid-19 ha venido a evidenciar toda esta falta de garantías a la población, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a bienes básicos, incluso de higiene básica.
Esto es dramático, pero además seguimos con retos muy enquistados, como es el tema del debilitamiento de los aparatos de justicia. En esta región necesitamos aparatos de justicia mucho más robustos, precisamente porque el nivel de criminalidad y de violaciones de derechos humanos que se registran son de suma gravedad. Solo conseguiremos que esto mejore si conseguimos estos aparatos de justicia fuertes que respondan a los intereses de persecución penal y no a intereses políticos o intereses económicos que nada tienen que ver con los fines del Estado.
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Igualmente, la discriminación racial en este continente es abrumadora. Por ejemplo, crisis como la de personas en búsqueda de refugio procedentes de Haití, que hoy están siendo sometidos a una discriminación en países como México y Estados Unidos, eso otra de las deudas que se tienen que saldar.
La violencia contra la mujer, la defensa de los derechos humanos y de la tierra, respeto a las tradiciones, a los derechos de los pueblos indígenas, son sin duda saltos históricos, donde hemos avanzado en algunos aspectos. Como es el caso de los derechos de la población LGBTI en algunos países, como el avance del acceso al aborto en países de la región, pero la verdad es que todavía queda muchísimo por hacer.
Afortunadamente esta región sí tiene una sociedad civil bien increíble, bien admirable, organizada e innovadora. Esto hace que el continente nunca se detenga y siempre sigamos en la búsqueda de progresar y de que cada vez más personas puedan acceder a derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.
