Política Económica

Competencia perfecta: Complacencia y procrastinación

El proceso de ajuste necesario para el país no se debe detener, pese a los resultados favorables en la recaudación impositiva, la ejecución presupuestaria y la financiación gubernamentales.

Ciertamente, durante el primer semestre de este año, la recaudación impositiva, la ejecución presupuestaria y la financiación gubernamentales mostraron resultados extraordinariamente favorables.

Resulta entendible, y hasta cierto punto natural y esperable, que las autoridades y el Ejecutivo alardeen de estos logros puntuales que les permitirán cumplir, con mucha holgura, las metas fiscales cuantitativas pactadas con el FMI.

Sin embargo, es conveniente ubicarse correctamente en el momento del proceso de ajuste en que se encuentra el país y, sobretodo, evitar correr el riesgo de que mensajes autocomplacientes den paso, con suma rapidez en entornos electorales llenos de intereses particulares, a que los actores políticos encuentren, de nuevo, falsos espacios para procrastinar, que conduzcan a que la situación de las finanzas gubernamentales se torne más compleja en los meses siguientes y, como sucede en los casos en que lo que está en entredicho es la sostenibilidad de la deuda pública, haga necesarias medidas más intensas en el futuro, en especial, si se deteriora el acceso a la financiación del déficit y de los vencimientos de la deuda gubernamentales.

El primer elemento clave es entender que los buenos resultados fiscales del primer semestre se deben a aumentos extraordinarios y no repetibles en los ingresos gubernamentales y a medidas de control de gasto que pueden erosionarse con facilidad en la fluidez de un cambiante contexto político, pues están basadas no en reformas sólidas de las políticas, las instituciones y los presupuestos públicos, sino básicamente en la capacidad de la autoridad hacendaria de turno de decir no y mantenerse firme en esa tesitura.

El mensaje, entonces, debería ser claro: es positivo el balance fiscal del primer semestre, indudablemente, pero no es el resultado aún de la adopción del conjunto de medidas que se propusieron para enfrentar el impacto de la pandemia sobre los presupuestos gubernamentales y, por lo tanto, es claro que puede dudarse de su permanencia en el tiempo.

El que la deuda gubernamental retorne a una senda sostenible y que se reduzcan las vulnerabilidades macroeconómicas asociadas con los altos desequilibrios presupuestarios y elevados niveles de endeudamiento y de requerimientos de financiación gubernamentales todavía pasa, necesariamente, porque se avance en el conjunto de medidas estructurales a los que se comprometió el país con el FMI y, que lamentablemente, las actitudes de los actores políticos y de los grupos de interés, en medio de la nada propicia coyuntura electoral, parecen haber nuevamente frenado.

Los buenos números del primer semestre no pueden, por lo tanto, conducir a la complacencia y menos a la procrastinación. El Ejecutivo perdió tiempo valioso durante los meses pasados para procurar alcanzar los acuerdos necesarios con los grupos políticos responsables que permitieran avanzar en la agenda legislativa del convenio con el FMI.

Hoy, ciertamente, la tarea legislativa luce más difícil pues las refriegas electorales restan a la responsabilidad presupuestaria de los diferentes grupos políticos; pero no existen espacios fiscales suficientes para quitar el dedo del renglón del ajuste.

Es necesario más que un intercambio epistolar entre la Presidencia y el Legislativo, los actores políticos y las autoridades deben abrir ya espacios de negociación efectivos, de otra forma se estará nuevamente perdiendo irresponsablemente el tiempo y poniendo, más pronto que tarde, en riesgo la estabilidad.