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El Ministerio de Hacienda aseguró, este martes 23 de enero, que mantiene en monitoreo las actividades que realiza Uber en Costa Rica con el fin de establecer las responsabilidades tributarias de la empresa.
El director general de Tributación, Carlos Vargas, explicó, por medio de un comunicado, que desde setiembre del 2016 esta dirección emitió su criterio sobre que la actividad económica efectuada por Uber se encontraría sujeta a las regulaciones tributarias, razón por la cual la institución ha solicitado información a las empresas vinculadas con la plataforma de transporte.
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Además, Hacienda ya se comunicó con la administración tributaria de Holanda, en relación con la casa matriz de Uber que opera en los Países Bajos.
Estas declaraciones se dan dentro de un contexto en el cual los taxistas continúan con sus presiones para que Uber deje de operar en Costa Rica.
Vargas agregó que en la última versión del proyecto de ley del impuesto al valor agregado (IVA), que el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2017, se incluye una propuesta de solución para el cobro del impuesto a los pagos con tarjeta por servicios como Uber, Airbnb y otros similares.
Sin embargo, el mismo Poder Ejecutivo ha asegurado que, incluso, un eventual pago de impuestos de la empresa no bastaría siquiera para conseguir la legalidad de servicio, ya que aún se requeriría de otras reformas a la leyes existentes.
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La ausencia de un criterio explícito del Poder Judicial, los vacíos legales existentes y las discrepancias en la Asamblea Legislativa, han provocado que la actual administración se vea débil ante el paso de Uber, que ya conformó una fuerza laboral de más de 16.000 socios colaboradores en Costa Rica.
Presión de los taxistas
Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda, dijo que desconoce los argumentos de la Fuerza Roja Sindical (Furasin) que aseguran que la institución no ha dado respuesta a las denuncias que han presentado.
“Desconozco los argumentos de los señores de esta agrupación, porque desde que conocimos sobre el funcionamiento de esta plataforma en el país (...) Nuestra Dirección General de Tributación viene dando seguimiento al tema. Prueba de ello es la atención a los representantes de este grupo de trabajadores, y las respuestas a las notas que han enviado”, enfatizó Fallas.
La posición de Uber desde que ingresó a Costa Rica, hace poco más de dos años, ha sido que sus operaciones están bajo el marco legal que se ampara en la figura de “comunidades de autoabastecimiento.”
Esta figura, de la cual todavía no se tiene un fallo judicial concreto, se basa en una comunidad de miembros que fue creada para autogestionar sus necesidades específicas de movilidad.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) también se ha manifestado en cuanto a los movimientos de Uber en Costa Rica.
En agosto del 2017, este Ministerio le ordenó a empresarios locales interrumpir promociones ligadas a esa plataforma de transporte porque es declarada como ilegal por el Gobierno.
El MEIC consideró que las promociones efectuadas por Uber en el país eran "publicidad engañosa".
