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El resultado de las cifras fiscales del Gobierno Central, publicadas este martes, trajo malas noticias para los empleados.
La relación de endeudamiento del gobierno y el producto interno bruto (PIB) finalizó en 60,4% en el 2025, lo cual significará el retorno de la regla fiscal más estricta a partir de 2027.
Al regresar a ese umbral, el Gobierno tendrá que retornar al escenario más restrictivo en sus gastos, lo que implicaría mayor restricción sobre el gasto público.
Las consecuencias, durante el segundo año de la Administración de Laura Fernández, serán un límite en alzas de salarios públicos y una reducción en el espacio para inversión estatal.
En el caso de los pensionados, solo habría ajustes por costo de vida. Además, habría mayores restricciones en el gasto, incluido el de capital (como obras públicas).
“El aumento de la deuda pública hasta 60,4% del PIB implica que en 2027 no habrá aumento salarial para el sector público ni para los pensionados”, afirmó Elian Villegas, exministro de Hacienda.
El economista Daniel Ortiz comentó que el nuevo escenario no implica una crisis fiscal, pero sí que el país entra otra vez en un régimen de restricción del gasto.
“Se activa el tramo más restrictivo de la regla fiscal. Eso significa que hay un límite al gasto público total, no solo gastos corrientes, sino también de capital (inversiones). El gobierno entra otra vez en un estado de contención fiscal”, recalcó.
La reactivación de la regla fiscal se da luego de la flexibilización aplicada durante el Presupuesto Nacional de 2026, tras una contención aplicada desde la aprobación de la reforma fiscal en el 2018.
El Ministerio de Hacienda informó que la actualización del año base del PIB en las cuentas nacionales de 2017 a 2022, por parte del Banco Central, tuvo un efecto en la medición de indicadores.
“En consecuencia, todos los indicadores fiscales expresados como porcentaje del PIB pueden presentar variaciones respecto a los publicados anteriormente en informes o boletines oficiales”, informó Hacienda en un comunicado de prensa.
La Nación consultó al Ministerio los efectos de retornar a la regla fiscal más estricta a partir del 2027. Las consultas están en trámite.
El gobierno anunció el pasado 18 de febrero un aumento salarial de ¢10.000 para buena parte de los trabajadores del Gobierno Central. El ajuste, discutido en el Consejo de Gobierno, regirá a partir del 1.° de abril y aplicará para los trabajadores que se mantengan en el esquema de salario compuesto y que no superen el salario global de referencia de sus respectivos puestos.
Además, se otorgarán otros ¢10.000 a quienes tengan salarios base iguales o inferiores a ¢514.600. Es decir, estos trabajadores devengarán un incremento de hasta ¢20.000.
Regla fiscal
La regla fiscal es un mecanismo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018, que limita el crecimiento del gasto público en función de la situación económica y el nivel de endeudamiento del país.
Esta regla se define por medio de dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal y el crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto.
Bajo un escenario más restrictivo de la regla (escenario D), es decir, si se sobrepasa el 60%, el gasto total (corriente y de capital) no puede superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, lo que impone mayores limitaciones.
Mientras, cuando la deuda del Gobierno baja del 60% del PIB, la restricción queda en el gasto corriente y se excluye el de capital. El gasto corriente, que se limita, no puede crecer más del 75% del promedio del crecimiento del PIB en los últimos cuatro años.
El gasto corriente incluye los costos diarios, como salarios y servicios esenciales para el funcionamiento del Gobierno, mientras que el gasto de capital se destina a inversiones en infraestructura y proyectos a largo plazo, como la construcción de carreteras.
El escenario más restrictivo de la regla fiscal prevaleció desde el Presupuesto Nacional de 2022 hasta el del 2025, que fue presentado en 2024.
Sin embargo, para el Presupuesto Nacional del 2026, dado a conocer en setiembre, el Gobierno contó con una mayor flexibilidad en la regla fiscal al cerrar el 2024 con una relación deuda/PIB por debajo del 60%.
Excepciones legales
La legislación original y las posteriores reformas aprobadas en el Congreso establecieron algunas excepciones a los incrementos en los salarios.
Quedan excluidos de la restricción a alzas salariales quienes trabajen en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), empresas públicas en competencia, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), municipalidades y universidades y colegios universitarios públicos.
Además de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer),el Sistema el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
