Natasha Cambronero. 8 febrero
En agosto de 2019, trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) protestaron contra las restricciones de pluses salariales impuestas por la reforma fiscal. El 43% de los empleados públicos que ganan más de ¢2 millones laboran en esa institución. Fotografía: John Durán
En agosto de 2019, trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) protestaron contra las restricciones de pluses salariales impuestas por la reforma fiscal. El 43% de los empleados públicos que ganan más de ¢2 millones laboran en esa institución. Fotografía: John Durán

Un 10% de los empleados públicos consume el 29% del dinero que el Estado gasta anualmente en salarios.

Estos son los funcionarios que perciben sueldos brutos superiores a los ¢2 millones mensuales, entre los cuales unos 100 registran salarios entre los ¢10 millones y los ¢18 millones.

Casi 32.000 empleados públicos ganan por encima de los ¢2 millones dentro de un total de 305.000 colaboradores de 173 instituciones distintas.

En esa nómina se incluye a los empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de las cinco universidades estatales, así como al personal de los bancos públicos, de 18 instituciones autónomas, de 40 órganos desconcentrados y de las 82 municipalidades.

(Video) 32.000 funcionarios públicos ganan más de ¢2 millones

Los 32.000 funcionarios mejor pagados consumen cada mes ¢96.535 millones, equivalentes al 29% de los ¢335.152 millones mensuales que, en promedio, gasta el Estado para cubrir su planilla.

Por año, la cifra asciende a ¢1.351.490 millones (¢1,3 billones), incluyendo el pago por concepto de salario escolar y aguinaldo.

Todas las remuneraciones estatales demandan ¢4.692.130 millones anuales ( ¢4,6 billones).

Esa fue una de las conclusiones del análisis realizado por La Nación, luego de estimar el salario bruto promedio de cada trabajador, con base en las planillas públicas de noviembre de 2019 y abril y julio del 2020, incluidas en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En Costa Rica, el 20% de la población con mayores recursos corresponde a los hogares con ingresos superiores a ¢2,2 millones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

¿En donde trabaja ese 10%?

De los casi 32.000 servidores públicos que ganan más de ¢2 millones, el 43% trabaja para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entidad que registra la remuneración más alta de toda la planilla estatal: una de ¢18 millones mensuales correspondiente a una cirujana.

En la Caja, 13.740 personas están entre el grupo mejor pagado del Estado.

En segundo lugar en este ranquin, aparece el Poder Judicial con casi con 4.000 salarios. La Corte alberga al 12% de quienes ganan por encima del umbral de los ¢2 millones.

Luego, aparecen con un 6% cada uno, la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Educación (MEP).

Sin embargo, la perspectiva cambia al analizar qué porcentaje del personal de cada institución gana por encima de los ¢2 millones. En el caso del MEP, por ejemplo, se trata de solo el 2%.

En tanto, más del 38% del personal gana por encima de los ¢2 millones en el Tribunal Registral Administrativo y en el Banco Central (BCCR).

En el BCCR laboran 1.112 personas y, de ellas, 425 ganan más de ¢2 millones.

En el Instituto Costarricense de Turismo y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), más del 30% está entre el grupo mejor remunerado del Estado.

A su vez, registran más de un 20% instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General, la Asamblea Legislativa, la UCR, el Poder Judicial, la Universidad Nacional (UNA) y la Municipalidad de Matina.

El ayuntamiento de Matina tiene 59 funcionarios, de los cuales 12 ganan más de ¢2 millones.

La Cancillería, por su particularidad de servicio en el exterior, tiene el mayor porcentaje, con un 48%.

Instituciones descentralizadas muy por encima de ministerios

El 87% de los funcionarios con mejores remuneraciones trabaja fuera del Poder Ejecutivo, aunque este es el mayor empleador del Estado, con el 45% de la planilla.

El 70% labora para instituciones descentralizadas, incluyendo a las autónomas, a las universidades públicas y a los bancos del Estado.

Otro 12% labora para el Poder Judicial y un 5% en el Poder Legislativo, el TSE y las municipalidades.

El restante 13% trabaja para ministerios y sus órganos desconcentrados.

En instituciones ganan 35% más que en Gobierno

Menos del 3% de los servidores del Poder Ejecutivo ganan más de ¢2 millones, mientras que en el Poder Judicial el porcentaje alcanza el 27% y, en las universidades, el 21%.

Las instituciones autónomas, las universidades y los bancos públicos emplean 8.000 personas menos que el Poder Ejecutivo (un total de 130.500 servidores), pero gastan casi ¢35.000 millones más en salarios al mes: ¢165.750 millones frente a ¢131.000 millones.

En promedio, cada empleado de una descentralizada gana ¢326.000 más que uno de algún ministerio (un 35% más).

Las municipalidades emplean al 6% de la planilla y el Poder Judicial al 5%. Por su parte, el Poder Legislativo tiene al 0,62% y el TSE, al 0,54%.

En promedio, cada funcionario público percibe un salario mensual bruto de ¢1,1 millones.

Por encima de los ¢10 millones

Dentro del grupo mejor remunerado, existen varios subgrupos.

Hay 107 funcionarios públicos que reportan un sueldo superior a los ¢10 millones, mayoritariamente especialistas de la CCSS, aunque también aparecen varios empleados bancarios y dos funcionarios con un cargo en el extranjero.

Por ejemplo, están el presidente de Banco Central, Rodrigo Cubero; y el embajador en Japón, Alexánder Salas.

Si a ese grupo se le suma a quienes reciben más de ¢5 millones mensuales, la cifra asciende a 1.942 funcionarios, lo cual representa el 0,64% de la planilla estatal.

Esos casi 2.000 empleados absorben cerca del 4% del dinero que el Estado destina al pago de salarios: ¢13.000 millones de los ¢335.152 millones.

Son trabajadores de la Caja y de otras instituciones autónomas —aunque en menor medida— como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Las instituciones autónomas emplean al 78% de los funcionarios con sueldos superiores a los ¢5 millones, o sea, a 1.511 personas.

Hay otro subgrupo, integrado por el 3% de los funcionarios, con 9.577 personas que tiene un salario entre ¢3 millones y ¢5 millones.

Y un poco más de 20.000 trabajadores, el 7% del personal, ganan entre ¢2 millones y ¢3 millones.

Hay otro subgrupo, integrado por el 3% de los funcionarios, con 9.577 personas que tienen un salario entre ¢3 millones y ¢5 millones.

Por debajo de los ¢2 millones

Por debajo del umbral de los ¢2 millones, está el 90% restante de funcionarios públicos.

Poco más de 101.000 funcionarios (el 33%) tiene un sueldo de entre ¢1 millones y ¢2 millones.

Otros 107.000 trabajadores (el 35%) ganan entre ¢500.000 y ¢1 millón, al tiempo que 65.000 (el 21%) perciben menos de ¢500.000 mensuales.

Estos últimos trabajan, principalmente, como oficinistas, peones de construcción o encargados de mantenimiento de edificios, aunque también hay un grupo importante de profesores universitarios que no tiene nombramiento a jornada completa.

La mitad de esos 65.000 funcionarios, con sueldos inferiores a los ¢500.000, trabaja para algún ministerio del Gobierno, mientras que solo 156 para el Poder Legislativo, incluyendo al Congreso, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República (CGR).

Reforma y críticas

Este régimen de repartición de salarios públicos ha sido cuestionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó el otorgamiento de un crédito de $1.750 millones, entre otras cosas, a la aprobación de una reforma de empleo público.

Ante ese requerimiento, en el seno del Congreso se discute un proyecto de ley para modificar el actual esquema salarial basado en el pago de incentivos y migrar a un régimen de salario global.

Entre las observaciones hechas, recientemente, por la OCDE, sobresale el hecho de que calificara al régimen salarial público como “sumamente fragmentado”.

La organización criticó la existencia de 260 pluses salariales y que haya diferencias salariales de hasta el 600% para un mismo puesto, entre instituciones.

Incluso, señaló a Costa Rica como el país que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en el pago en salarios de empleados públicos, en comparación con los miembros de la organización.