Esteban Ramírez. 15 noviembre, 2019

El Ministerio de Hacienda anunció –el jueves pasado–, que el 6 de diciembre tiene previsto pagar los aguinaldos de los empleados públicos y pensionados. Confirmar la fecha a falta de tres semanas, y mejor aún, saber que existen recursos para el desembolso, es una buena señal en el proceso de restablecer la confianza en la economía y en la maltrecha solvencia del Gobierno.

Basta rebobinar un poco la cinta para recordar que en los dos años anteriores la historia fue muy distinta. En agosto del 2017, el presidente Luis Guillermo Solís puso de manifiesto los grandes problemas de liquidez que enfrentaba el Gobierno y reconoció que estaba en riesgo el pago de servicios esenciales y la deuda con inversionistas.

Este mensaje encendió luces de incertidumbre, dificultó la captación de recursos y la gestión de la deuda pública. Como más tarde trascendió, efectivamente, la Tesorería Nacional tuvo problemas para conseguir los recursos para cancelar los aguinaldos de ese año, al punto que el mismo día del pago estaban esperando dineros, según relató la tesorera Martha Cubillo a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Si nos vamos al 2018, la situación estuvo más espeluznante. El 4 de diciembre, dos días antes de la fecha fijada por la Tesorería para pagar el décimo tercer salario, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, adelantó que no se podría cumplir con la programación. Ese año el desembolso se concretó el 12 de diciembre, luego de días de angustia y de malabares para recoger los dineros: contratos de colocación, fondos que pagó el Banco de Costa Rica por la absorción de Bancrédito, impuestos de fin de año y más.

Los dos episodios anteriores no fueron más que los efectos más plausibles de ese mal silencioso, llamado déficit fiscal, que se incubó por casi 15 años sin recibir una atención oportuna. La reforma fiscal fue una medicina amarga pero necesaria para comenzar a estabilizar al paciente.

Esta semana, además del pago del aguinaldo, también se concretó la colocación de los $1.500 millones en eurobonos, que mejoran la administración de la deuda pública, tanto en el perfil de los vencimientos (alarga los plazos), como en su costo, aunque eleva la exposición de Hacienda a las variaciones del tipo de cambio. También, el Banco Central reportó señales de una recuperación económica, con el “pero” de la brecha que existe entre la economía asociada a los servicios y exportaciones, y aquella que depende del mercado interno.

Enhorabuena, se perciben algunos signos más alentadores hacia el cierre de año.