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¿Cómo accedió el gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO) a datos privados que le permiten identificar a personas por su pensamiento político? ¿Y para qué pretende clasificarlas según sus gustos y preferencias, además de saber dónde están y hasta qué hacen?
El escándalo de la UPAD se queda corto frente a la revelación hecha por el secretario general del PPSO, Freddy González, al grado de que hasta la presidenta de la República, Laura Fernández, dijo que se trataría de un hecho “grave”.
Si la justicia no le pone freno a esto, se abriría la puerta para una persecución por motivos de pensamiento.
La investigación ofrecida por la mandataria Laura Fernández no es suficiente; se requiere de una pesquisa independiente, pues un propio miembro del gabinete dijo que el gobierno tiene identificados a los “zurdos” y el subjefe de fracción del PPSO, el diputado Juan Manuel Quesada, confesó que tenían localizadas a personas que participaron en el plantón por la Democracia, en específico “a figuras del Partido Liberación Nacional y exfuncionarios de gobierno”.
¿Por qué las tienen en la mira? ¿Quiénes y cómo las identificaron? ¿Cuál es el delito por participar en una manifestación en un parque público que ni siquiera interrumpió el tránsito? ¿Por qué se destinan recursos públicos a identificar a ciudadanos? ¿O se utilizan recursos del PPSO?
La revelación sobre el traspaso de poderes
El secretario general del PPSO dijo que su partido había obtenido los datos de las personas con ocasión del traspaso de poderes del 8 de mayo, un acto en el que se invirtieron fondos públicos.
El 12 de agosto, en el espacio Tertulia de Noche, de Canal 14, Freddy González aseguró que capturaron los datos cuando simpatizantes del partido Frente Amplio (FA) intentaron obtener entradas para el traspaso en el Estadio Nacional.
“Quiero hoy darles la noticia de que todo eso estaba previsto y hoy tenemos la información de quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen”, aseveró. Luego, añadió: “El área que le asignamos fue el área de sol. Ya sabemos quiénes son y dónde están. Así que estamos ante un partido que sabe lo que está haciendo”, dijo el secretario general de Pueblo Soberano.
El 18 de agosto, a raíz de una consulta de un periodista de La Nación sobre lo que dijo en televisión, Freddy González admitió: “Quedó en la base de datos cuando la gente entra y se registraba para obtener la entrada”.
Sin embargo, luego negó que el PPSO hubiera accedido a los datos y, en relación con lo que dijo de los gustos y preferencias de las personas, alegó que se trató de “un comentario al vacío de que es gente que le gusta ir a ese tipo de actividades”.
El 12 de agosto, el mismo día en que Freddy González hizo la afirmación en Canal 14, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, había dicho en Casa Presidencial que tenían identificados “a los zurdos”.
El viernes 21 de agosto, la presidenta Fernández calificó como “muy grave” la posibilidad de que el PPSO tuviera información de simpatizantes del FA y recordó que ordenó una investigación para determinar si se filtraron datos obtenidos en el traspaso de poderes, o si se usaron para un fin distinto.
La mandataria recalcó que no tiene relación partidaria ni jerárquica con González, pues el secretario general del PPSO no es funcionario público y ella no puede participar en política partidaria. Así lo dijo en una entrevista con la periodista Evelyn Fachler del programa Por tres razones, en radio Columbia.
Laura Fernández sostuvo que no se pidieron datos sensibles a los asistentes al traspaso de poderes y que el secretario general del PPSO habría hablado al calor del momento en televisión.
¿Entonces por qué el PPSO conocería los gustos y preferencias de personas afines al FA, así como su localización?
A esto se suman otros hechos que generan preocupaciones sobre solicitudes de datos personales.
Una joven que quería estudiar inglés en el programa Hello Brete del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el que se ofrecen cursos de Open English, desistió de hacerlo porque se le exigía acceder a una biometría facial.
Relató que, tras negarse, recibió reiteradas llamadas automatizadas desde Costa Rica y Estados Unidos en las que le insistían en que diera su biometría facial para continuar. Y aunque bloqueó varios números, la llamaron desde otros.
Teletica.com publicó que según datos del INA, cerca de 80.000 personas no han recibido la licencia de Open English porque no han completado el proceso de validación biométrica.
Otro hecho peculiar se produjo cuando el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) invitó a periodistas a la presentación de una encuesta, pero en el correo se solicitaba llenar un formulario virtual para inscribirse en la actividad.
El formulario exigía aportar información de carácter personal y privado. Además, se advirtió de que dichos datos serían almacenados en la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y gestionados a través de la plataforma www.brete.cr.
