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El 14 de diciembre del 2022, cuando Costa Rica alcanzó 606 asesinatos, una cifra que marcaba un récord en ese momento, aunque parece baja frente al infortunio actual, el presidente Rodrigo Chaves dijo que a su gobierno lo debían medir por lo que sucediera a partir del 1.° de enero del 2023.
“Yo, que soy de indicadores de desempeño, he hablado con el ministro de Seguridad, Jorge Torres (dejó el cargo en mayo del 2023), y le dije ‘es que usted tiene razón’. Decían que la ‘casa está ordenada’; no, no, en ruinas. Además, en la mitad del periodo él no estaba y yo dije ‘los números suyos empiezan a contar el 1.° de enero (de 2023)’”, manifestó Chaves.
Al término del año siguiente, el 2023, la cantidad de homicidios se disparó a la calamitosa cifra de 907, equivalente a un hecho de sangre cada nueve horas.
En ese año, Costa Rica alcanzó su mayor tasa de asesinatos de la historia. El indicador pasó de 12,5 a 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes.
Un año más tarde, en el 2024, Costa Rica cerró con 874 homicidios, 31 menos que en el 2023, pero muy por encima de lo que existía cuando empezó el gobierno en curso. La tasa quedó en 16,6 por cada 100.000 habitantes.
En el actual 2025, el país vive una nueva oleada de asesinatos con un fuerte repunte en la provincia de San José. Hasta el miércoles 13 de agosto, se registraban 543 homicidios en todo el territorio nacional, ocho más de los ocurridos en el mismo periodo del año pasado.
En San José, la cifra creció considerablemente de 142 a 182. A ello hay que sumar los seis asesinatos ocurridos entre el miércoles y el sábado.
Entonces, no es por casualidad que, el lunes 11 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citara a San José, Costa Rica, entre “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad. Lo hizo para justificar el despliegue de la guardia nacional en la ciudad de Washington D. C.
Según argumentó, la capital estadounidense tiene peores indicadores que Bagdad (Iraq), Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) y Lima (Perú).
En el perfil de Instagram de la Casa Blanca, se reportó que Washington tuvo una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en el 2024. En el mismo periodo, la provincia de San José (no solo el cantón central, sino el conjunto de municipios) registró una tasa de 14,6 asesinatos, mientras que, en Limón, el indicador fue de 37,8, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los datos mostrados por Trump mostraban las siguientes estadísticas: 27,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en Washington; 15 en Bogotá; 15 en Ciudad de Panamá; 13 en San José; 10 en Ciudad de México; 7,7 en Lima y 6,8 en Brasilia.
No obstante, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se declaró sorprendido de que los medios le dieran una connotación negativa a lo dicho por Trump, porque, según enfatizó, lo que el republicano dijo es que San José es más segura que Washington.
“Se pregunta cómo es posible que la capital de los Estados Unidos tenga menor seguridad, en el caso de San José, tres veces menos seguridad, porque la ciudad de Washington tiene tres veces más homicidios que San José”, declaró el ministro al programa Nuestra Voz de Radio Monumental.
El intento por ver el lado positivo del asunto no solucionará la crisis de inseguridad que está viviendo Costa Rica, aparte de que la mención hecha por el presidente de Estados Unidos tiene un fuerte impacto para la imagen del país.
Hace 12 años, la tasa nacional de homicidios había bajado a 8,7. Con un indicador así, se habría reducido la probabilidad de entrar en una comparación de los “peores” lugares en términos de inseguridad, pero hoy Costa Rica es el segundo país más violento de Centroamérica (solo por detrás de Honduras) y el sétimo de Latinoamérica.
La situación de seguridad ya preocupa a empresas estadounidenses interesadas en invertir, según confirmó la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham).
De acuerdo con datos presentados por la expresidenta Laura Chinchilla la noche del jueves, en la Asamblea Legislativa, los presupuestos de los ministerios de Seguridad y Justicia en este gobierno registraron el segundo menor crecimiento de los últimos 15 años.
El aumento ha sido de un 9,8%, solo por encima del 3,3% del gobierno de Luis Guillermo Solís. En la administración de Carlos Alvarado, el alza fue de un 33,4% y, en la de Chinchilla, de un 68%.
Además, en el periodo vigente, cayeron los decomisos de cocaína pese al incremento de la operación del crimen organizado, principal causante de los homicidios (un 70% de los casos).
Ante lo dicho por Trump, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) instó al gobierno y a la Asamblea Legislativa a gestionar y aprobar un aumento de recursos para los distintos cuerpos policiales, con el fin de garantizar una mejor cobertura.
Sin embargo, Chaves ha optado por culpar a los demás y, en noviembre del 2023, hasta renunció temporalmente a impulsar sus proyectos de ley sobre seguridad, molesto por los errores que le señalaban.
Ahora, intensifica su enfrentamiento con los otros poderes al grado de vetar un proyecto de ley que permitiría al OIJ allanar sin restricción de horario ni de día.
Los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, también deben rendir cuentas. La responsabilidad es conjunta, pero nada se gana dinamitando puentes.
La Constitución Política encomienda al Poder Ejecutivo tanto la iniciativa en la formación de leyes como mantener el orden y la tranquilidad de la nación; para eso se elige un gobierno en elecciones libres, y ya se cumplen casi cuatro años más de deterioro.
