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Los primeros debates han permitido observar los cambios que implementarían los candidatos presidenciales en caso de ganar las elecciones.
A continuación, podrá observar los puntos diferenciadores de los aspirantes que participaron en los dos primeros debates de la Universidad Nacional (UNA) y en el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), así como en el conversatorio de la Cámara Costarricense de la Salud. Los eventos se llevaron a cabo entre el 5 y el 19 de noviembre. La UNA hará su tercer debate el 25 de noviembre.
Álvaro Ramos (Liberación Nacional)
Álvaro Ramos propuso crear un sistema de pensión básica universal, que complemente las pensiones básicas contributivas, al tiempo que mencionó que el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio debe servir como ejemplo de buenas prácticas. Se comprometió a reconocer la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a tomar las acciones necesarias para honrar los pagos.
En cuanto a los recursos para las universidades, dijo que volvería a negociaciones quinquenales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Su campaña también propone atacar la causa del alto precio de los medicamentos. En ese sentido, aboga por genéricos de calidad, introducir regulaciones y usar el músculo del Estado para compras grandes que permitan negociar mejores precios.
Ariel Robles (Frente Amplio)
Ariel Robles abogó por “no manosear” los regímenes de pensiones; por ejemplo, dijo oponerse a cualquier propuesta de unificación. Reiteró el compromiso de su partido con el descongelamiento de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional.
En cuanto a la deuda del Estado con los sistemas de pensiones, destacó la importancia de girar los recursos, mediante un modelo gradual de pago.
Para el fortalecimiento del sistema de pensiones, enfatizó en la necesidad de combatir la informalidad, como medida para evitar incrementar la edad de retiro o los aportes.
Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana)
Claudia Dobles promovería la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional sobre el acceso a la información y la participación pública en materia ambiental.
En pensiones, propuso mejorar las condiciones de las operadoras y los fondos de pensiones, para que eleven sus rendimientos. Se comprometió a que no haya atrasos en las transferencias a las pensiones del Magisterio y señaló que descongelaría el aumento por costo de vida de las pensiones.
Sobre listas de espera, dijo que retomaría una experiencia del 2019. “Con el sector privado, logramos bajar las listas. Se hizo con jornadas de producción, la mejora de la infraestructura, pero también con las alianzas con el sector privado”. En cuanto a precios de medicamentos, ofreció reducir los trámites para registrar los que ya se venden en Europa y Estados Unidos.
Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana)
Juan Carlos Hidalgo planteó un acuerdo con la Unión Europea para que la Europol inspeccione los contenedores que pasan por Moín, al considerar que el Estado no tiene capacidad de hacerlo.
Propuso una reducción de las cargas sociales del empleo recortando las destinadas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Sobre listas de espera en la CCSS, aceptaría traer médicos especialistas extranjeros. Otra idea es establecer tiempos máximos de atención y, si estos no se cumplen, permitir a las personas ir a un centro privado pagado por la Caja.
Natalia Díaz (Unidos Podemos)
En cuanto al precio de las medicinas, Natalia Díaz propuso sentarse a hablar con los laboratorios para pedir una rebaja voluntaria y buscar el compromiso de los distribuidores y farmacias de mantener un mismo margen de ganancia.
En cuanto a las listas de espera de la CCSS, impulsaría horarios extendidos de 4 p. m. a 10 p. m. y eventualmente de 10 p. m. a 6 a. m. “Tenemos que atender 24/7 y acudir a la empresa privada, siempre con estándares que la misma Caja defina”, dijo.
Fabricio Alvarado (Nueva República)
Fabricio Alvarado dijo que se ha documentado la entrada de medicamentos de dudosa procedencia con precios ridículos y que esto puede incidir sobre la salud. En su criterio, el ciudadano debería tener plataformas para comparar precios de medicamentos en lugares autorizados.
Sobre las listas de espera, propuso una restructuración de la CCSS y la inclusión de la tecnología y la inteligencia artificial para la depuración de los listados. Cree posible reducir las listas en un 50% en cuatro años.
Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático)
Luz Mary Alpízar hizo énfasis en la importancia de sostener la tasa de nacimiento para garantizar las cotizaciones, así como en brindar opciones de cuido a las mujeres para que se puedan insertar al mercado laboral. Igualmente, llamó la atención sobre el deber del Estado de inspeccionar los centros de trabajo, para que se estén reportando las planillas como corresponde.
Ante una consulta sobre gentrificación, enfatizó en limitar la venta de tierras a distintas generaciones, como ocurre en otros países.
José Aguilar Berrocal (Avanza)
Jose Aguilar abogó por la explotación del gas natural y el oro en Costa Rica, como una forma de obtener recursos para financiar “el desastre que tenemos en seguridad y, también, invertir en pensiones”.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de corregir las causas estructurales detrás de la caída en las cotizaciones de pensiones, como la exclusión educativa, las cargas regulatorias y la falta de opciones de crédito.
Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista)
En pensiones, Eliécer Feinzaig propone migrar del sistema de pensiones del IVM a un sistema de cuentas individuales, en el que los aportes del Estado, patrono y trabajador entren a una cuenta a nombre de la persona, de manera que cada cotizante le pueda dar seguimiento a sus recursos.
Si bien no apoya la minería a cielo abierto, estima que la extracción ilegal del oro en Crucitas “nos va a obligar” a sacar ese recurso y usar los fondos para fondear las pensiones”. También dijo estar a favor de cerrar o vender instituciones para mejorar el funcionamiento del Estado.
Claudio Alpízar (Esperanza Nacional)
Claudio Alpízar defendió la posibilidad de utilizar recursos de la actividad minera para financiar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como las del Régimen No Contributivo (RNC), ambos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dijo estar en contra de la propuesta de una pensión universal, por considerar que debilita el espíritu de la colectividad.
Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda)
Ronny Castillo promovería un arreglo de pago con la CCSS que pagaría con una emisión de bonos respaldados por el Estado. Su intención es que, cada cinco años, se genere un proceso de amortización.
Igualmente, defendió la posibilidad de que el régimen de pensiones del IVM de la CCSS cuente con una junta directiva independiente de la que administra el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social)
Ana Virginia Calzada criticó la “criminalización” de las pensiones y defendió el respeto de los derechos adquiridos. Dijo que el Estado debe cumplir con sus obligaciones financieras con las pensiones y actuar como gerente del sistema.
Consultada sobre el fenómeno de gentrificación, dijo que protegería a las personas originarias de las zonas afectadas, interviniendo en los costos o delimitando la expansión mediante la planificación territorial.
Boris Molina (Unión Costarricense Democrática)
Boris Molina declaró que “el mayor ladrón de este país es el Estado”, por lo que propuso sentar las responsabilidades jurídicas contra los jerarcas “que se niegan a pagar” a la CCSS. “¿Por qué no los procesamos, cuando la sanción inmediata es el despido? Despidámoslos“, afirmó.
Por otra parte, planteó unificar las policías. Alegó que Costa Rica dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país captador de droga, y que por eso los decomisos han disminuido, porque los narcóticos se comercializan a lo interno.
Fernando Zamora (Nueva Generación)
Fernando Zamora impulsaría una directriz y un proyecto de ley para que todos los recursos del presupuesto que son subejecutados vayan directamente al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Promovería, por otra parte, el establecimiento del sistema conocido como pensión consumo, pero sin aumentar el impuesto al valor agregado (IVA).
Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero)
Douglas Caamaño planteó un proyecto de ley para la protección de las pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional. “Hay una guerra, lo primero que tenemos que hacer es protegerlos a ustedes”, manifestó. También, se comprometió a “respetar los derechos adquiridos”.
Wálter Hernández (Justicia Social Costarricense)
Wálter Hernández está a favor de crear el modelo de pensión consumo, para que el 1% que se paga por IVA se detine a una cuenta cedular, individualizada para cada persona, para que los recursos se vayan acumulando con el tiempo. Así, dijo, se financiarían futuras pensiones para las personas.
Sobre la deuda del Estado con la CCSS, destinaría un porcentaje de todos los empréstitos a cubrir la morosidad con la seguridad social.
Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad)
Para Marco Rodríguez, los estudios actuariales son necesarios para determinar el monto de la deuda del Estado con la CCSS, pero se comprometió con saldar el faltante. Además, promovería una política pública de educación con reforzamiento constitucional y tecnificación de la educación.
Propone, además, tender puentes con las municipalidades para que sus planes de desarrollo encuentren un equilibrio entre el crecimiento local y lo que se puede permitir a los extranjeros, a través de infraestructura.
