EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, envió un inusual comunicado a las 9 p. m. del martes 20 de mayo. Aunque se presentaba como una aclaración, en realidad se trataba de un mensaje confirmatorio de lo que el jerarca había dicho horas antes.
Al mediodía, Acosta desmintió al ministro de Justicia, Gerald Campos, quien había declarado que el titular Hacienda le certificó la disponibilidad de $35 millones, provenientes del Presupuesto Nacional, para construir una “megacárcel” al estilo Bukele.
Alzando la voz y haciendo un gesto de negación, el ministro de Hacienda aseveró: "Mire, es imposible certificar eso, fue una forma de decirlo”.
“No me ha comunicado el monto, eso es algo que él (el ministro Gerald Campos) dijo a la prensa; no ha habido una nota específica pidiendo los recursos”, continuó. Adujo que la cifra de $35 millones es preliminar y que él no va a presupuestar un monto insuficiente ni excesivo.
Nogui Acosta insistió en que, el día en que se presente la solicitud formal, se hará el respectivo ejercicio presupuestario. Una posibilidad es que los fondos se obtengan de presupuestos que no serían ejecutados durante el 2025, aunque aún no se ha conversado con las entidades que se verían afectadas.
Nueve horas después, entrada la noche, llegó el comunicado aclaratorio, en el que el ministro no se desdijo. Lo único que agregó es que ha estado en estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia a fin de proveer los recursos que serían incorporados mediante un presupuesto extraordinario, una vez que se reciba la comunicación oficial sobre el monto.
Extrañamente, hace menos de un año, el gobierno quería construir cárceles de carpas y, en agosto del 2024, cuando los diputados establecieron que una partida de ¢2.600 millones solo podría usarse para levantar cárceles de concreto y acero, la diputada Pilar Cisneros optó por rechazar los recursos.
“Si se va a aprobar tal como está, no se tomen el trabajo, rechacémoslo. ¿Por qué? Porque ya me dijo el Ministerio de Justicia que, definitivamente, no se puede utilizar en lo que queda del año, si le ponemos esas características”, aseguró la vocera de gobierno.
Más allá de las contradicciones sobre la cárcel, el alzamiento de voz del ministro de Hacienda refleja una realidad: no hay suficientes recursos públicos y no se está haciendo mucho por revertir la situación.
Hagamos la prueba. Quite la cárcel y ponga cualquier otro proyecto de su interés: una megaescuela, más policías, patrullas, el tren, una carretera... La respuesta será la misma: hay que hacer un ejercicio para ver si es posible quitar de un lado para poner en otro.
En el mismo comunicado del martes, Nogui Acosta dijo que no puede girar los fondos que los diputados aprobaron para habilitar las líneas de tren a Paraíso de Cartago y San Rafael de Alajuela. Afirmó que se debe esperar a que termine el año, además de que un proceso de construcción supera ese plazo. “A manera de ejemplo, solo la producción de rieles conlleva, en promedio, siete meses”, dijo. En consecuencia, los recursos se integrarán en el presupuesto del próximo año.
Esta misma semana, trascendió un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se concluye que Costa Rica necesita una nueva reforma fiscal. El organismo recomendó revisar hasta las exoneraciones del impuesto de renta en las zonas francas, a fin de dar más espacio a la infraestructura y a la inversión social.
Los ingresos fiscales de Costa Rica están muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La recaudación costarricense alcanza un 13% del PIB y sube al 21% si se suman las cargas sociales, pero la media en la OCDE es del 34%.
Sin un cambio, la única manera de cumplir la meta de reducir la deuda pública al 55% del PIB para el 2030, es congelar de nuevo los aumentos en salarios públicos. Si no se hace nada, el sacrificio seguirá en el lado del gasto.
El gobierno rechazó ambas recomendaciones.
