Pese a que podría haber células de inteligencia extranjera operando en el país, el Gobierno de Costa Rica cumplió más de 72 horas sin pronunciarse sobre el asesinato de Roberto Samcam, férreo opositor a la dictadura Ortega-Murillo, quien vivía en el exilio en San José.
Hasta el Gobierno de Estados Unidos se declaró conmocionado por lo sucedido la mañana del jueves 19 de junio en Moravia, al tiempo que ofreció ayuda para la investigación. A su vez, un grupo de 30 expresidentes de Iberoamérica condenó lo sucedido y exigió al Estado costarricense una pesquisa imparcial.
No obstante, la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha emitido pronunciamiento alguno. La única entidad que se ha referido es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a la cual le corresponde esclarecer lo sucedido en procura de llevar a los autores ante la justicia.
¿Por qué es extraño que el Poder Ejecutivo no se pronuncie?
-Este sí se trata de un asunto de soberanía y seguridad del territorio, labor que legalmente recae sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la policía de Casa Presidencial que, recientemente, se ha visto envuelta en cuestionamientos por presuntos seguimientos a diputados y sus allegados. Su labor es prevenir hechos que puedan constituir un riesgo para la integridad territorial.
-El asesinato de Roberto Samcam podría tratarse de un ataque por motivos políticos foráneos en suelo costarricense. De acuerdo con los testigos, el asesino entró sin siquiera tener la cara tapada (a sabiendas de que hoy abundan las cámaras) y aprovechó que estaban reparando el portón del condominio para simular ser un residente. Esa mañana, no había guarda en la entrada del residencial. El homicida subió directamente al departamento de Samcam y no se robó nada. No actuó solo; lo esperaban en un vehículo.
-Existen denuncias de que la dictadura Ortega-Murillo efectúa un trabajo masivo de inteligencia en Costa Rica. El exiliado Álvaro Leiva, abogado que ya abandonó el territorio costarricense, había advertido al presidente Chaves, en noviembre del 2024, de que los agentes nicaragüenses operaban aquí sin ningún obstáculo.
-El propio Samcam había dicho, desde el 2018, que Ortega había infiltrado a sus agentes en Costa Rica y que estos procuraban exacerbar los ánimos internos, para que el gobierno local no se centrara en denunciar internacionalmente a la dictadura nicaragüense.
Aparte de que Costa Rica ya sufre un severo problema de seguridad ciudadana, asociado principalmente al narcotráfico, este hecho es un pésimo precedente para la violencia política. La indiferencia no ayuda. ¿La DIS conocía las alertas?
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó que no se iba a referir al caso, porque estaba bajo control del OIJ. Por su parte, Presidencia no contestó las solicitudes de La Nación.
“Esto también sube las alertas o alarmas de que no es la primera vez que sucede en Costa Rica. Tenemos, desgraciadamente, otros atentados que se han generado con hermanos nicaragüenses también opositores del régimen de los Ortega”, manifestó el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, en referencia a los ataques contra el disidente Joao Maldonado, ejecutados en el 2021 y el 2024, en Escazú y Montes de Oca, respectivamente.
Para la criminóloga Tania Molina, lo ocurrido marca un hito en Costa Rica, que siempre se había caracterizado por brindar amparo a los exiliados y perseguidos nicaragüenses.
“Esto es tremendamente triste, es un día negro, marca una pauta muy peligrosa y además muy dramática porque estamos diciendo entonces que las personas que están solicitando refugio en Costa Rica no están seguras”, concluyó.
