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Una fuerza muy intensa, imperceptible ante el público, envolvió a los actores políticos para lograr la aprobación de una condonación de deudas, llena de sinsentidos, del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
De otra manera es muy difícil explicar por qué los diputados aprobaron con un amplio respaldo, y sin mayor discusión, una condonación de ¢6.240 millones cuyo mayor beneficio se concentra en pocas manos.
También es difícil entender cómo el director ejecutivo del SBD, Miguel Aguiar, salió a defender el proyecto frente a la Asamblea luego de que, en el pasado, se opuso a condonaciones de menor tamaño, señalando el peligro de que se beneficiara a gente que no evidenciaba esfuerzos por pagar sus deudas y a programas que “lo que han hecho es vivir de fondos públicos”, aparte del riesgo reputacional para el Sistema de Banca para el Desarrollo.
El 62% del dinero que será perdonado con esta ley recaerá en apenas el 1,5% de los créditos.
Antes de que se aprobara la condonación, un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea advirtió de que el plan perdonaría deudas de más de ¢565 millones y que ello podría “sobrepasar el parámetro de razonabilidad”.
No obstante, a los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde se formó la ley, eso no les alarmó ni los hizo mover un dedo. El plan fue dictaminado en solo 79 días y pasó al plenario sin establecer filtros que exigiesen a los deudores demostrar que merecían el perdón.
Este texto fue presentado el 11 de mayo del 2020 por diputados del PAC, PLN y Restauración bajo el argumento de la pandemia. Precisamente, el director del SBD alega que esta condonación no es comparable con otras debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, la ley terminó beneficiando a operaciones que nada tenían que ver con la pandemia y que estaban en problemas de impago desde mucho antes.
En el plenario, a última hora y por iniciativa del fabricista Jonathan Prendas, se aprobó una moción para que los beneficiarios presenten una declaración jurada en la que indiquen sus pérdidas, sin necesidad de abogado, aunque no tienen que presentar ningún otro documento que compruebe lo que dicen.
Prendas fue uno de los pocos diputados que expresó preocupación por los criterios del Banco Central (BCCR) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), los cuales señalaron un fuerte riesgo moral en el proyecto e incentivos para “conductas oportunistas”.
También, expuso su oposición la liberacionista Yorleny León, quien señaló “mala fe” en el texto.
El proyecto fue sellado en segundo debate el 24 de febrero con 39 votos a favor y fue firmado por el presidente Alvarado el viernes 16 de marzo.
Votaron a favor del expediente 21.965 legisladores de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Republicano Social Cristiano (PRSC) y Restauración Nacional (PRN).
Secreto total
Lo peor es que los contribuyentes ni siquiera pueden conocer qué monto se le está perdonando a cada deudor a costa de sus recursos, pues el dinero del SBD es público.
El Sistema de Banca para el Desarrollo alega secreto bancario, lo que impide saber la cifra exacta de cada beneficiario. Hay personas a las que se les condonará más de un crédito, pero no podemos conocer el detalle. Todo aquel que tenga un préstamo en un banco público puede preguntar: ¿por qué a mí no me condonan?
Diez programas
A los titulares de un pequeño grupo de 41 operaciones se le perdonarán casi ¢3.900 millones, mientras que a un enorme grupo de 2.664 préstamos se les dispensará del pago de ¢2.349 millones.
El proyecto establece el perdón para las deudas administradas en diez programas o fideicomisos a cargo del SBD, el cual asumió varias de estas carteras en el 2008 con su ley de creación.
El 62% de la condonación se concentra en tres programas a los que el Estado giró recursos en forma de crédito durante las últimas décadas.
Se trata de Reconversión Productiva, Proagroin y el Programa de Atención de Zonas Afectadas por Sismos (Prazas).
La mayor parte de las operaciones a dispensar están en el programa de Reconversión Productiva, el cual pasó a Banca para el Desarrollo en el 2008.
En este plan, se perdonarán 22 operaciones activas que suman ¢2.995 millones, entre las cuales se encuentran una deuda de ¢565 millones y otra de ¢1.368 millones.
La última de estas obligaciones pertenece a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop), que por sí sola concentra el 22% del monto total de la condonación.
Liborio Sequeira, gerente de Surcoop, alega que los problemas financieros del grupo son culpa del Gobierno. Según dijo, cuando fueron financiados por el programa de Reconversión Productiva para su cultivo de plátano en Palmar de Osa, instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP) se encargaron de manejar los pagos y los contratos, por ejemplo.
De acuerdo con el gerente, en el momento en que el Estado dejó el proyecto y la deuda fue trasladada al SBD en el 2008, no había dinero ni producción.
En el 2015, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) calificó de “populista” un proyecto de ley que lo obligaría a perdonar, por tercera vez, deudas a agricultores morosos con el Estado, incluidas las de Surcoop.
Luego, en el 2017, Miguel Aguiar, director de Banca para el Desarrollo, argumentó que Surcoop no había “pagado un cinco” y que, por lo tanto, se oponía a otra iniciativa de condonación.
Hoy, la cooperativa sostiene que puede acceder a la condonación porque no está en firme el remate de las tierras que el SBD tenía como garantía.
En cuanto a Proagroin, se le perdonarán 14 créditos, por más de ¢840 millones, a una fundación del mismo nombre que recibió recursos de un programa público llamado Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el cual fue también absorbido por el SBD.
La organización prestaba dinero a personas de la zona norte para que sembraran piña y, luego, les compraba la fruta para exportarla.
Desde marzo del 2018, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo conoció que Proagroin tenía, para ese momento, operaciones por ¢460 millones en cobro judicial y procesos de remate para los productores que financió.
Jorge Sánchez, director ejecutivo de la fundación, sostiene que muchos productores dejaron de pagar sus deudas con Proagroin porque políticos se acercaron a la zona a prometerles que sus deudas serían saldadas con proyectos de ley de condonación de deudas como el aprobado ahora por los diputados. No obstante, no dijo los nombres.
Los ¢2.349 millones restantes de la ley de condonación se reparten en programas como el Fideicomiso Agropecuario (Fidagro), creado por ley en el 2001. Fidagro tiene 449 operaciones activas por ¢320 millones.
Observando el caso de Fidagro, la pandemia parece haber sido la excusa perfecta para cerrar un nuevo ciclo de condonaciones bancarias de un sector que no distingue partidos ni gobiernos; usualmente suele reunir el apoyo necesario para lograr sus condonaciones.
Observen la secuencia de hechos:
1-En el 2001, durante un gobierno del PUSC, con dinero público y de bancos privados, se crea el Fidagro mediante una ley. El programa se le asigna al Bancrédito para que absorba deudas de productores agropecuarios y les dé mejores condiciones, pero muchos no pagan.
2-En el 2009, con la ley de creación de Banca para el Desarrollo (SBD), el SBD absorbe Fidagro y se perdona el 80% de las deudas.
3-El mismo año, el PLN propone perdonar el restante 20%, pero en ese momento no logra el apoyo requerido.
4- En el 2017, estando ya el PAC en el Gobierno, este partido retoma el proyecto de ley para perdonar el 20% restante de la cartera de Fidagro.
Acudió a defender el proyecto, en la Comisión de Agropecuarios, uno de los dirigentes del PAC en la zona norte, de nombre Manuel González Morera. Lo asesoró el exdiputado Óscar Campos, promotor de los bloqueos viales del 2020.
Consultado por este medio, Óscar Campos aseguró que productores agropecuarios pagaron abogados para redactar el proyecto de ley discutido en el 2017, el cual luego fue acogido por diputadas del PAC.
Esta iniciativa legal recibió un dictamen positivo de mayoría en la Comisión de Agropecuarios; sin embargo, no avanzó en el plenario. Óscar Campos reconoció que las intenciones de ese proyecto fueron recogidas en el plan de condonación actual, con la diferencia que, en este caso, los costos de la condonación los asume el mismo SBD.
5- Con la pandemia, en el 2020, diputados de varias fracciones presentan un proyecto para perdonar deudas de varios programas agropecuarios, tomando como base el texto de Fidragro.
6- En el 2021, logran la aprobación de la condonación y el dirigente del PAC es uno de los beneficiarios, según la lista del SBD.
Activos versus insolutos
Semanas atrás, el diputado del PUSC, Erwen Masís, presidente de la Comisión de Agropecuarios, dijo que el 97% de la condonación correspondía a créditos insolutos, es decir, a préstamos ya dados por perdidos.
¡Sorpresa! No es así; más bien, el 79% del monto por perdonar, casi ¢5.000 millones, corresponde a créditos activos.
De los 2.705 créditos incluidos en la condonación, si bien el 74% corresponde a cuentas insolutas, estas representan menos del 21% del monto total a perdonar.
Este proyecto también condonará deudas por ¢570 millones a un grupo de arroceros con una cartera 100% morosa. Los préstamos a este grupo van desde los ¢67.000 hasta los ¢16 millones por operación.
El Gobierno y los productores de este grano impulsaron la aprobación de este proyecto de ley, mediante un acuerdo firmado en agosto del año pasado, en el que también se pactó no liberalizar el precio del arroz.
En un análisis de la base de datos facilitada por el SBD a los diputados que incluía las identificaciones de los beneficiarios, La Nación reveló que al menos 200 beneficiados con la condonación tenían deudas con la seguridad social y el Ministerio de Hacienda.
Esas deudas ascendían a casi ¢1.400 millones.
Además, en algunos casos su actividad comercial reportada a Tributación no tenía relación con la agricultura.
