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El país perdió esta semana un crédito de $250 millones (¢152.500 millones) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una tasa de interés del 2,8% anual. Este préstamo le habría ahorrado a los contribuyentes $13 millones anuales (casi ¢8.000 millones) en el pago de intereses, en comparación con la colocación de deuda interna a una tasa promedio del 8%.
Los actores políticos, Gobierno y partidos de oposición, no lograron ponerse de acuerdo sobre el crédito del BID y exhibieron un triste espectáculo, plagado de acusaciones mutuas, mientras los bonos de Costa Rica caían en el mercado extranjero.
La semana pasada, la fracción de Liberación Nacional (PLN) se había opuesto a acelerar el crédito del BID en el Congreso, mientras la administración de Carlos Alvarado no mostrara la propuesta de ajuste fiscal que llevaría al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo respondió exponiendo la distribución de la propuesta: 1,5% del PIB en recorte del gasto (con énfasis en reforma al empleo público), 0,8% del PIB en nuevos ingresos, 0,2% del PIB en aportes de empresas estatales y 0,5% del PIB en eliminación de exoneraciones. Sobre este último punto, la Administración cumplió la promesa de enviar un proyecto de ley en cuestión de días.
Además, le puso fecha al inicio de las negociaciones con el FMI: la segunda semana de enero.
No obstante, la respuesta de Zapote no fue suficiente.
El papel de Liberación Nacional (PLN) fue determinante, tanto por su negativa a aprobar el préstamo como por las divergencias internas que mostró después de lo sucedido.
El sábado 12 de diciembre, durante una Asamblea Nacional, el excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, confirmó que le recomendó a la fracción del PLN no aprobar el crédito del BID. Conversó del tema con los diputados Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“No se le puede seguir dando plata al Gobierno sin que el Ejecutivo presente planes de reforma estructural, en ese sentido hay que ponerse duros. La fracción no debe aprobar más créditos hasta que el Gobierno no tenga una posición clara de qué va a hacer y qué le va a plantear al país, porque vivir de endeudado es muy fácil”, dijo Álvarez el sábado.
El lunes 14 de diciembre, en una votación interna que quedó con 9 votos a favor y 5 en contra, la fracción del PLN rechazó aprobar una dispensa de trámite para aprobar el crédito del BID en la última semana de sesiones legislativas del 2020.
El jefe del PLN, Luis Fernando Chacón, le recomendó al Gobierno negociar una prórroga con el BID, pero esto no sucedió. El plazo máximo para la aprobación del crédito era el 6 de enero del 2021.
Por la tarde del mismo lunes 14 de diciembre, el plenario rechazó por tercera ocasión dispensar el proyecto de todo trámite.
En un último intento por salvar el crédito internacional, el gobierno de Alvarado limpió la agenda legislativa esa misma tarde y solo dejó dos proyectos convocados, para que los diputados se concentraran en ellos: el préstamo del BID y la reforma al empleo público.
No obstante, la estrategia no funcionó. La fracción del PLN ya había decidido sepultar el plan y no otorgarle más “créditos pequeños” al Gobierno, para presionar por una reestructuración del Estado negociada con el FMI.
No solo el PLN estuvo en contra. 26 diputados rechazaron la dispensa de trámite.
El jefe de fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, argumentó que lo sucedido fue un acto de “revanchismo político”.
Argumentó que se habían cumplido todas demandas de la oposición, como convocar el proyecto de empleo público y aceptar mociones para impedir que el ahorro en intereses se utilice para hacer más gasto público.
Enrique Sánchez insistió en que se impusieron “las ganas de contradecir las posiciones y decisiones del Ejecutivo”.
“Ni el Ejecutivo ni esta fracción sufren ningún daño, es el país”, afirmó.
Por su parte, en media conferencia de la oposición sobre el rechazo a la dispensa de trámites, la diputada del PUSC, María Inés Solís, se confundió y afirmó, erróneamente, que el Gobierno había desconvocado el proyecto de empleo público.
La legisladora manifestó: “¿Cuál es el compromiso verdadero del Gobierno con el recorte del gasto, con las reformas estructurales?”.
El fabricista Jonathan Prendas también afirmó, erróneamente, que se había sacado de la agenda el proyecto de empleo público.
Prendas manifestó que la decisión de limpiar de proyectos la agenda de extraordinarias es una “rabieta, un berrinche”.
“Eso es decirle al país que la Asamblea no va a trabajar porque el Ejecutivo no quiere que trabaje. Nosotros estamos listos para votar proyectos que se vienen trabajando desde hace meses en comisión”, adujo Prendas.
El crédito del BID no fue aprobado. Ni siquiera dispensado de trámite. El martes, 39 diputados decidieron adelantar sus vacaciones por casos de coronavirus en el Congreso y regresar el 11 de enero. En esa fecha, se sopesará el compromiso de la oposición, como el señalado por Prendas, con las reformas estructurales que, al final de este artículo, se expondrán.
Remezón interno en el PLN
Si bien el PLN no fue el único partido opuesto a la aprobación del crédito del BID, su posición es decisiva por ser la fracción más grande del Congreso y porque, para el crédito internacional, se requería del apoyo de 38 diputados, al igual que ocurrirá con la reforma al empleo público.
Después del rechazo de la fracción, los expresidentes Óscar Arias y José María Figueres lamentaron lo sucedido, al igual que el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
Arias calificó lo sucedido como un “error” y una “señal de insensatez” para los organismos internacionales.
Figueres, por su parte, afirmó: “¿Cuál es el país en el que, para subir impuestos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo SÍ logran ponerse de acuerdo, pero NO lo hacen para aprobar un préstamo de $250 millones del BID, a menos del 3% de interés, que ayudaría a las necesitadas finanzas públicas?”.
En una entrevista posterior con La Nación, el expresidente Arias agregó críticas tanto al gobierno de Carlos Alvarado como a la oposición, incluido su partido.
Sobre el Ejecutivo, afirmó que ‘el Gobierno está como la puerta de Alcalá: viendo pasar el tiempo’, pues le achacó una gran inacción en su comunicación con los diputados de oposición.
En cuanto a la oposición, sostuvo que los intereses del país deben estar por delante de los intereses del partido: “Yo fui diputado del 78 al 81, me fui un año ante de terminar. Don Rodrigo Carazo propuso una reforma tributaria, siendo yo diputado de oposición de la fracción de Liberación Nacional, le ofrecí votarla y al ministro de Hacienda”.
“Al final no se aprobó y ese fue el comienzo de una crisis que terminó con una devaluación que empobreció a todo el país. Desde entonces, dije en el plenario de la Asamblea Legislativa una frase que repito siempre: ‘Se requiere más valor para coincidir que para discrepar’. Esa frase la he venido repitiendo toda mi vida”.
El diputados Carlos Ricardo Benavides, expresidente del Congreso, consideró que el gobierno de Alvarado hizo un manejo deficiente del crédito del BID y que sembró dudas sobre la negociación con el FMI, pero confirmó que, dentro de la fracción, él fue uno de los cinco votos a favor de aprobar el crédito, en una posición contraria a la sugerida por el excandidato Álvarez Desanti, en especial a los diputados integrantes de la Comisión de Hacendarios.
Benavides admitió que, dentro de la fracción, existe temor a que les cobren complacencia con el Gobierno.
“A lo interno de mi fracción, voté por aprobar el crédito, condicionando al Gobierno a otras acciones, pero quedé en minoría. La desconfianza sobre un Gobierno sin rumbo es abrumadora. Nadie quiere lucir complaciente con una administración tan errática”.
“También es cierto, racionalmente, que el Gobierno no va a dejar de conseguir prestados los recursos que la Asamblea le negó al rechazar el crédito con el BID. Los va a conseguir en el mercado local, emitiendo bonos a tasas de interés del 10%, que pagaremos todos, y estrujando el crédito de las empresas costarricenses”, agregó.
Por su parte, la diputada Ana Lucía Delgado, integrante de la Comisión de Hacendarios, achacó la pérdida del crédito del BID a las acciones de la administración Alvarado, especialmente al retraso en la presentación del plan para acudir al FMI: “La certidumbre que se exige es vital para la toma decisiones de todo el país y parece que el FMI es la mejor opción para fijar medidas y metas claras”.
El viernes 18 de diciembre, ante las críticas, el jefe verdiblanco, Luis Fernando Chacón, acusó al PAC y al Gobierno de no incluir en el crédito del BID el monto del 10% que el Gobierno se comprometió a destinar, en todos los créditos internacionales, para amortizar la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Chacón reaccionó de esta forma ante un comunicado emitido por PAC que le atribuyó a la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, dar información sesgada a medios de comunicación.
En setiembre pasado, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que “por error” no habían destinado el 10% de los $250 millones del préstamo del BID para amortizar la deuda con la Caja. En un comunicado emitido el viernes, el PAC alegó que la tercera moción de fondo presentada a ese proyecto resolvía dicho error, pero la oposición ni siquiera permitió discutirla por el bloqueo legislativo al crédito.
El jefe del PLN aseguró que el PAC insiste en dinamitar todos los puentes con la oposición.
Espectáculo en el exterior
El espectáculo puede mandar señales preocupantes hacia el exterior, sobre el compromiso de los políticos locales con una solución para el problema fiscal.
El lunes 14 de diciembre, la calificadora Fitch Ratings informó que la nueva propuesta del Gobierno para negociar un acuerdo con el FMI “podría resultar insuficiente para estabilizar” las finanzas públicas de Costa Rica.
Fitch también resaltó la “tensa relación” entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que quedó evidenciada con el rechazo al crédito de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Prevemos que los pagos de intereses alcanzarán el 38% de los ingresos del Gobierno Central en 2020, o el 5,4% del PIB”, citan las proyecciones de la agencia.
“La creciente factura de intereses, los amplios déficits fiscales primarios y los vencimientos próximos por un valor promedio del 7% del PIB por año durante los próximos cinco años han aumentado las presiones de liquidez sobre el Gobierno”, agrega el análisis.
En una entrevista concedida a La Nación, Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina en Fitch Ratings, explicó que dadas las restricciones para acceder a deuda externa, el Gobierno de Costa Rica ha tendido a recurrir a financiar gran parte en el mercado local, lo cual tiene presiones sobre el pago de intereses año con año y eso aumenta el déficit fiscal del Gobierno.
El experto expuso la magnitud del problema: “Nuestros datos indican que las necesidades de financiamiento (en el 2021) serían alrededor de 15% del PIB (...), algo que no se había visto en Costa Rica en años recientes, obviamente esto indica presiones al Gobierno de financiamiento y aquí el problema que tiene Costa Rica es las restricciones por acudir a préstamos internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dan préstamos a tasas más bajas y a plazos más largos”.
Asimismo, el 16 de diciembre, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que el Gobierno de Costa Rica es el tercero de mayor endeudamiento en América Latina y el de mayor incremento en el pago de intereses de la deuda.
Detalles importantes sobre reformas en discusión
Aparte del maneo de la deuda, los actores políticos continuaron con la discusión de reformas de fondo para tratar de sacar al país del desbalance económico en que se metió el Gobierno.
En la discusión sobre la reforma al empleo público, diputados de oposición presentaron mociones al proyecto en camino con el fin de limitar el alcance de las convenciones colectivas en el sector público.
Dos mociones, una Wagner Jiménez y otra de su compañera Yorleny León, ambos legisladores del PLN, proponen prohibir ese tipo de negociaciones en las instituciones donde se ejerce la administración pública, excepto en los bancos públicos y otras instituciones en competencia.
Lo mismo propuso el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, cuya moción deja claro que serán permitidas las negociaciones colectivas en aquellas instituciones que no realicen gestión administrativa directa, es decir, solo en las entidades que están bajo el régimen de competencia.
No obstante, hasta ahora, ninguna moción de fondo presentada al proyecto propone corregir uno de los defectos del texto que podría incrementar el gasto en salarios: la exclusión de la regla fiscal.
La regla fiscal ordena congelar los aumentos salariales del sector estatal por costo de vida en momentos de emergencia, cuando la deuda pública supera el 60% del PIB. Dicha norma entrará a regir en el 2022, dado que el endeudamiento del Gobierno Central de este año superaría el 70% del PIB.
Sin embargo, la aplicación de la regla fiscal no fue incluida en el texto de la reforma al empleo público que fue dictaminado por la comisión legislativa de Gobierno y Administración, el cual propone crear un salario global para los empleados públicos.
En cuanto a exoneraciones, el Gobierno presentó una propuesta legal para eliminar varios beneficios, con el fin de aumentar la recaudación.
El Ejecutivo optó por eliminar la exoneración del impuesto de renta al salario escolar de los empleados públicos y a los rendimientos de los fondos de pensiones, así como homologar las tasas que Hacienda cobra sobre las ganancias provenientes de los bienes tanto muebles como inmuebles como, por ejemplo, por el alquiler de casas o por los intereses de un depósito a plazo.
En la propuesta, valga anotar, no se incluye eliminar la exoneración del impuesto de renta de la que gozan las cooperativas, propuesta que sí había sido incluida en el plan de setiembre.
Por último, esta semana, Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, institución que exigió 38 votos para aprobar la reforma al empleo público, dijo la siguiente frase:
“No es que defendamos los pluses, claro ahora son los funcionarios públicos los responsables de todo. La solidaridad se la exigen a los funcionarios públicos y los demás qué se les exige. (...) ¿Dónde están las cifras que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal, quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses dejamos de tener déficit fiscal. ¿Será cierto eso?”.
