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La situación económica del país nos puso de cara a un momento de reformas importantes en el que los actores políticos deben decidir si siembran igualdad o desigualdad.
La estructura actual del Estado, con altos costos y resultados cuestionables, devino en un fuerte déficit que ahora debemos cubrir.
Antes de que la deuda pública empeore aún más la vida de la población y de que la factura en impuestos salga más cara, el país tiene la oportunidad de adoptar cambios. El Gobierno asumió el costo político de negociar un acuerdo fiscal con el FMI, un ajuste insuficiente para unos, excesivo para otros. Difícilmente a alguien le gustará el 100% de lo acordado.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió jugarse las cartas con este paquete de medidas, el cual empieza con el proyecto más estructural de todos en cuanto al control del gasto: la reforma al empleo público.
Este plan eliminaría el sistema de pluses salariales del Estado que incrementa y desordena el gasto en remuneraciones y, en su lugar, establecerá un salario global.
La oposición política tiene derecho de enmienda en el Congreso y, en cada proyecto, recibirá presión de grupos de interés. Curiosamente, el PAC, el partido que llevó al presidente Carlos Alvarado a Zapote, es uno de los grupos que presionan para zafarle la tabla al proyecto y hacer más excepciones. Repasemos lo sucedido esta semana en torno al plan:
Las universidades públicas y las municipalidades intensificaron el lobby en el Congreso en procura de ser excluidas de la reforma, mientras que, en el Poder Judicial, el presidente y magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, salió a criticar abiertamente el plan de empleo público, alegando que ignora la independencia judicial.
Atendiendo el lobby de instituciones como los bancos estatales, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración excluyeron de la reforma a las empresas públicas en competencia señalando, entre otras cosas, que ya algunas aplican el salario global.
La decisión la tomaron el 26 de enero cuando debatieron las mociones presentadas durante el primero de los dos días legislativos que la ley habilita para que todos los diputados le planteen ajustes a un proyecto dictaminado en comisión.
La Contraloría General de la República se había opuesto a esa exclusión al argumentar que acentuará las desigualdades en el Estado.
El fin de semana anterior, advirtiendo que la presión subía y que más instituciones querían salirse de la regulación, el Partido Restauración Nacional (PRN) tomó la batuta y alzó la voz en contra de excluir a más sectores.
Así lo plantearon el diputado Carlos Avendaño y la jefa de fracción, Xiomara Rodríguez.
El primero dijo que “no es aceptable seguir fomentando la diferenciación salarial” si de verdad se quiere ordenar el sistema de empleo público. “No es posible dejar a instituciones en condiciones privilegiadas”, añadió.
Avendaño presentó una moción para dejar en claro que el sector eléctrico del ICE no califica como empresa en competencia; Xiomara Rodríguez fue más allá y presentó una moción para incluir de nuevo a las empresas en competencia en la reforma.
El martes 16 de febrero, durante una reunión de trabajo con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, los diputados de la Comisión de Gobierno acordaron no excluir a más instituciones de la reforma al empleo público, manteniendo a las universidades públicas y a las municipalidades, por ejemplo.
Ese mismo día, los legisladores acordaron que el segundo día de presentación de mociones se abriría el miércoles. Sin embargo, un conflicto interno en la fracción de Liberación Nacional (PLN) impidió el avance del proyecto.
Luis Fernando Chacón, jefe del PLN y miembro de la comisión, señaló que un grupo de seis diputados venía solicitando más tiempo desde la semana pasada para presentar sus mociones y que, de una manera cortés, se les otorgó.
Sin embargo, para el martes, ninguno de ellos había presentado moción alguna y “volvieron a hacer lo mismo, pidiendo que se postergara” la apertura del segundo día.
Ese grupo lo integran los legisladores Roberto Thompson, Karine Niño, María José Corrales, Daniel Ulate, Gustavo Viales y Luis Antonio Aiza.
“Lo cierto es que, en la fracción, acordamos que no se viera el lunes (el segundo día de mociones), que no se viera el martes, pero que se tenía que ver el miércoles y, hoy, ellos pidieron más espacio para el jueves; y por eso yo llamé a don Víctor Morales (diputado del PAC y presidente de la Comisión de Gobierno), para que fuera testigo de lo que estaban haciendo, porque lo cierto es que los integrantes de la comisión hemos venido trabajando arduamente y yo entiendo que cada señora y señor diputado tiene derecho a enmienda y presentar las mociones que correspondan. Lo que a mí me preocupa es que pidan tiempo y que no presenten ninguna moción en ninguno de los temas”, dijo Chacón.
Roberto Thompson, quien esta misma semana confirmó su aspiración presidencial por el PLN, alegó que nunca hubo intención de retrasar el proyecto e insistió en que se había hablado de abrir el segundo día de mociones el jueves 18 de febrero.
Finalmente, el legislador garantizó su compromiso con el avance del proyecto, lo que ocurrió este mismo jueves cuando el plenario incluyó el proyecto en la agenda legislativa.
Los legisladores presentaron 476 mociones al tiempo que las cúpulas de las universidades públicas organizaron una marcha de protesta hacia el Congreso, en donde fueron apoyados por José María Villalta, del Frente Amplio, y por la Comisión Política del PAC.
Contra la tesis del Gobierno y de los diputados rojiamarillos, la cúpula del PAC salió acusar a los diputados de “intervenir violentamente” en la autonomía de las universidades por regular la política salarial; añadiendo que ello es impulsado por las fuerzas “enemigas” del papel de las universidades públicas.
Apenas un día antes, el miércoles, el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, emitió un comunicado para contradecir una nota del Semanario Universidad que aseveró que el PAC arriesgaba la autonomía de las universidades con tal de aprobar la Ley Marco de Empleo Público.
“Es falso y malintencionado el titular de la nota publicada hoy por el Semanario Universidad que, sin ningún tipo de fundamento, indica que el PAC pretende arriesgar la autonomía de las universidades públicas”, dijo el diputado.
Entre los mejores pagados
Curiosamente, algunas de las instituciones que más oposición han hecho contra la reforma al empleo público están entre las que tienen los funcionarios mejor pagados del Estado.
Veamos qué hicieron las universidades públicas con sus políticas salariales bajo su control. Durante años, otorgaron anualidades del 4% y del 5,5%, por ejemplo, mientras que en el Gobierno Central el máximo era un 2,5%. ¿Igualdad o desigualdad?
En la Universidad Nacional (UNA), un estudio actuarial advirtió de que, a partir del 2028, los salarios se comerán el 100% de los recursos que aportan los contribuyentes para la educación superior mediante el FEES (Fondo Especial para la Educación Superior).
De los 2.200 funcionarios estatales que ganan más que el presidente de la República, quien devenga ¢4,8 millones mensuales, el 9% trabaja en las universidades estatales. Además, 1 de cada 2 pensionados de lujo proviene de estas casas de educación superior.
En las universidades públicas, más de 3.600 funcionarios ganan más de ¢2 millones mensuales.
En la Universidad de Costa Rica (UCR), el 24% del personal supera ese monto; en la Universidad Nacional (UNA) el 20% y, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), el 31%.
En términos generales del Estado, un 10% de los empleados públicos consume el 29% del dinero que se gasta anualmente en salarios.
Ese 10% está compuesto por 32.000 funcionarios que perciben sueldos brutos superiores a los ¢2 millones mensuales, entre los cuales unos 100 registran salarios entre los ¢10 millones y los ¢18 millones.
Salarios mayores en las autónomas
Los 32.000 funcionarios mejor pagados consumen cada mes ¢96.535 millones.
El 87% de estos servidores trabaja fuera del Poder Ejecutivo, aunque este último es el mayor empleador del Estado, con el 45% de la planilla.
El 70% de los mejor pagados labora para instituciones descentralizadas, incluyendo a las autónomas, a las universidades públicas y a los bancos del Estado.
Otro 12% labora para el Poder Judicial y un 5% en el Poder Legislativo, el TSE y las municipalidades.
Los datos sugieren que, conforme las instituciones han tenido libertad para fijar sus propias políticas salariales, han ensanchado la brecha con los salarios de las instituciones controladas por el Ministerio de Hacienda, es decir, los ministerios y sus órganos desconcentrados, cuyos funcionarios siempre salen sacrificados.
Además, surgen datos que no dejan de sorprender: la Municipalidad de Matina tiene 59 funcionarios, de los cuales 12 ganan más de ¢2 millones.
Un servidor en una institución puede ganar hasta un 600% más que su homólogo en otra entidad con las mismas funciones, había señalado la OCDE.
El PAC, como partido, y el Frente Amplio se alían en procura de más exclusiones en la reforma al empleo público. La decisión queda en manos de la oposición y de una fracción de Gobierno que decidió comerse el costo político, incluso, incomodando a sectores que han simpatizado con la agrupación rojiamarilla.
Salario escolar y renta global
Otro de los proyectos del ajuste fiscal es el de eliminación de exoneraciones, el cual empezó a discutirse esta semana en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Uno de los componentes más importantes del plan es la eliminación de la exoneración del impuesto de renta al salario escolar de los funcionarios públicos.
Erróneamente, existe la creencia popular de que el salario escolar en el Estado es un ahorro, o el fruto de deducciones que se acumulan para pagarlas en enero. No es así.
Según sentencias de la Sala IV, el ahorro escolar es simplemente parte del salario de los funcionarios. Se originó en un aumento salarial que el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998) no pudo pagar en el momento y que, entonces, decidió compensarlo como un treceavo salario, aparte del aguinaldo, en el mes de enero.
En el sector privado, esta figura es prácticamente inexistente.
En el año 2008, el Congreso decidió exonerar el salario escolar del impuesto de renta, aunque todos los salarios deben pagar renta a partir de cierto monto. Esto provocó una desigualdad en detrimento de los trabajadores del sector privado, quienes sí deben pagar impuesto por todos sus salarios del año, siempre que superen el monto establecido, de ¢840.000 mensuales.
El gobierno de Carlos Alvarado decidió eliminar esta desigualdad y gravar el mal llamado salario escolar como lo que es en realidad: un salario.
Sin embargo, el martes 16 de febrero, al plantear el tema ante los diputados de la Comisión de Jurídicos, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, lanzó un extraño planteamiento sobre el salario escolar de cara a la futura implementación del esquema tributario de renta global.
El ministro solicitó ajustes para evitar que a los funcionarios se les cobre impuesto de renta, en el mes de enero de cada año, sobre la suma del salario ordinario más el salario escolar, pues eso provocaría un incremento tributario inusual. En eso, parece tener lógica, pues el sistema tributario actual para los asalariados es mensual.
Sin embargo, luego propuso otorgarles a los empleados públicos un trato tributario diferenciado en el salario escolar si entra a regir el proyecto de renta global, de una manera que va en contra de la lógica de esa misma iniciativa.
Según lo ha dicho el propio Gobierno y así es como lo han promocionado, la lógica del sistema de renta global es que las personas físicas paguen impuesto de renta sobre la totalidad de sus ingresos anuales, tanto los provenientes de un salario como los de actividades lucrativas independientes.
No obstante, el ministro propone que el salario escolar no sea incluido en ese cálculo anual de ingresos, lo que les atenuaría a los empleados públicos el pago del tributo de renta en comparación con el resto de los contribuyentes físicos del país.
Propone que el impuesto al salario escolar sea calculado como un monto independiente, pero no especificó con qué tarifa.
No queda claro cuál es la lógica para que una parte de los ingresos anuales de un funcionario público sea excluida del cálculo de renta global, si el resto de contribuyentes sí estarían obligados a incluir todos sus ingresos, sean asalariados o independientes. ¿Igualdad o desigualdad?
La inclusión o exclusión del salario escolar sería determinante para estimar el impuesto, pues no es lo mismo calcularlo sobre 12 ingresos anuales que sobre 13.
Por ejemplo, un funcionario público con un salario de ¢1,5 millones percibe ¢19,5 millones al año, incluyendo el salario escolar. En ese caso, pagaría ¢1.445.000 de impuesto anual con el proyecto de renta global, lo que equivale a ¢111.000 por mes.
Sin embargo, si se excluye el salario escolar, el ingreso anual bajaría a ¢18 millones y el impuesto a ¢1.220.000, es decir, unos ¢102.000 mensuales.
No sabemos cuánto se pagaría por el salario escolar visto como una renta aparte. Lo cierto es que el resto de contribuyentes no podrá excluir parte de su salario del cálculo, ni parte de sus ingresos como independiente.
Insisto en este punto: el salario escolar del sector público no es ningún ahorro o incentivo para la entrada a clases; es simplemente parte del salario.
El argumento de Recope y la réplica de Elian Villegas
Por otra parte, hace bien el ministro de Hacienda en llamar la atención de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y sostener que esta institución debe aportar de sus utilidades durante cuatro años para ayudar a bajar la deuda pública, como todas las empresas estatales.
Así reaccionó el ministro luego de que Alejandro Muñoz, presidente de Recope, alegara en una carta que esta empresa estatal no tiene ganancias porque opera bajo el principio de servicio al costo.
Muñoz alegó que, si el proyecto hubiese estado vigente entre el 2016 y el 2020, habría tenido que aportar ¢15.455 millones a la deuda pública.
Esa cifra es casi idéntica al costo promedio anual de la convención colectiva que la Refinadora acaba de firmar con su sindicato por tres años, por un monto de ¢46.200 millones (¢15.400 millones al año), los cuales son cargados a los precios de los combustibles como costos de operación cada año.
Entonces, ¿Recope si puede cargar a los contribuyentes ¢15.400 millones anuales para la convención colectiva de un grupo de funcionarios, pero no puede aportar ¢15.455 millones en cuatro años para ayudar a bajar la deuda?
Como dijo el ministro: los costarricenses son los dueños de Recope y, en este momento, el país requiere que las empresas estatales contribuyan a salir de la crisis fiscal
Condonación de deudas, ‘conductas oportunistas’
Por último, esta semana, con 39 votos a favor, los diputados aprobaron en primer debate un proyecto que condonaría créditos por ¢6.200 millones a 2.500 deudores del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), bajo el argumento de que son agricultores afectados por la pandemia, aunque la iniciativa no exige que se demuestre la afectación.
La única que votó en contra fue la liberacionista Yorleny León, mientras que el fabricista Jonathan Prendas negoció el compromiso del PLN y del PAC de cambiar el proyecto si el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) le encontraba problemas.
El Conassif ya se pronunció y dijo que el plan podría fomentar “conductas oportunistas”, genera una pérdida de recursos públicos y representa un “serio riesgo moral” ante los que sí pagan sus obligaciones.
Con razón, cualquier otro ciudadano se podría preguntar ¿y por qué a mí no me perdonan las deudas? ¿Por qué algunos tienen acceso a la política para obtener condonaciones bancarias y otros no? ¿Cuál es el fundamento? Lo peor es que el proyecto ni siquiera exige una demostración fehaciente de un daño irreparable sobre cada deudor de Banca para el Desarrollo por causa de la pandemia.
Tampoco exige que la persona estuviese al día con la operación antes de que empezara la pandemia.
La Nación reveló que un grupo de al menos 200 beneficiarios de este proyecto arrastra deudas por ¢1.315 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros ¢40 millones con el Ministerio de Hacienda. Además, muchos de ellos no están inscritos ante Hacienda como actores agrícolas, sector al que el proyecto pretende defender.
Además, el Conassif fue crítico en cuanto a la facultad que da este proyecto para que el Fonade, fondo que estaría condonando las deudas, emita “bonos de desarrollo” en intermediarios financieros con el respaldo del Estado para captar nuevos recursos.
Para el Consejo, esa garantía conlleva un aumento en la exposición a contingencias fiscales que los proponentes no han dimensionado.
“Esto, además, debe contextualizarse a la luz de la escasa disciplina que el país evidencia en el tratamiento de los recursos que canaliza mediante créditos al sistema de banca para el desarrollo, en donde, mediante acciones legislativas, se perdonan deudas”, señaló.
