Para el año 2021, con el fin de pagar el gasto público, el Gobierno Central requerirá una cantidad de dinero equivalente a casi la tercera parte de toda la producción del país.

El producto interno bruto (PIB) será de ¢35,8 billones; este es el valor de todos los bienes y servicios que se producirán dentro del país. Y el Gobierno, para financiar su gasto, le pidió al Congreso autorizar un monto de ¢11,4 billones.

¿Qué nos dicen estos datos? Esto significa que, por cada tres colones que los costarricenses produzcan, tendrían que entregar un colón al Gobierno para financiar tal nivel de gasto mediante impuestos; y quedarse solo con dos colones.

Ese cálculo no toma en cuenta lo que la gente paga a otras instituciones públicas fuera del Gobierno Central, como es el caso de las cargas sociales o los impuestos municipales.

Sin embargo, la economía está caída, hay un 25% de desempleo y la recaudación de impuestos cayó considerablemente. En el 2021, los tributos en realidad generarán menos de la mitad del dinero que el Gobierno requiere: aportarán un 45% del presupuesto, el otro 55% se tendrá que pedir prestado.

Aunque la producción se redujo, el Gobierno no reduce sus gastos. Como consecuencia, el Ministerio de Hacienda anunció que, para el 2021, la deuda pública dará un gigantesco salto hasta llegar al 80% del PIB, algo inimaginable, para muchos, hace algunos años.

En el 2016, la deuda pública era de ¢14 billones y equivalía a un 45% de la producción anual. Desde entonces, ya existían advertencias sobre el voraz crecimiento del gasto público, pero fueron ignoradas una y otra vez.

Para el próximo año, la deuda será de ¢28,8 billones, un 80% del PIB, lo que conlleva un serio peligro de estrujamiento del crédito en perjuicio del sector productivo.

Si quisiéramos sacar un grosero promedio, eso significa que, en el 2016, cada costarricense tendría que haber aportado ¢2,8 millones para pagar la deuda pública. El próximo año, la cifra subirá a casi el doble: ¢5,7 millones por habitante, incluidos los niños.

¿Ya es demasiado tarde? Sí.

Disculpe por la respuesta tan grosera, pero hay que hablar con la verdad. A estas alturas, ya no hay soluciones sin dolor.

Solo el año que viene, el Gobierno le sumará más de ¢4,6 billones a la deuda, dinero suficiente para otorgar casi 800.000 bonos de vivienda, para construir 336 puentes de tres carriles como el nuevo puente del Saprissa o hasta para pagar cuatro veces el tren eléctrico, pero en lugar de invertir en obras como esas, tendremos que pagar más deuda y sus intereses.

Como dijeron economistas consultados por La Nación, la torta es tan grande que ya es muy difícil arreglarla solo por uno de los lados: impuestos o gastos.

Posiblemente se requerirá de nuevos impuestos, de más recorte de gasto y de venta de activos: todos los demonios que cada gremio rechaza, desde su punto de vista.

La obra pública será la primera sacrificada. ¿Regresaremos a la época de carreteras destrozadas y abandonadas?

La regla fiscal, aprobada en la antesala de la crisis, también impedirá otorgar aumentos salariales al sector público y contendrá otros gastos, pero ni eso podría ser suficiente. Salir de un endeudamiento del 80% del PIB podría tomar hasta diez años, explican especialistas.

Para evitar que la economía de los hogares se ponga peor, será necesario un gran acuerdo político, aunque algunos gremios estén preparándose para oponerse y tratar de dinamitarlo si este toca a su respectivo sector.

La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) abre una oportunidad para ese acuerdo, pues consiste en obtener un financiamiento internacional, de bajo costo, a cambio de tomar medidas estructurales de estabilidad económica.

Esas medidas, sean impuestos, recortes o ventas de activos, tendrán que pasar por la Asamblea Legislativo y allí tendrá que darse el acuerdo político.

No obstante, pese a las solicitudes de la oposición para que el Gobierno exponga con franqueza la gravedad de la situación y la necesidad de la medicina, el Ejecutivo reacciona con contradicciones.

La semana pasada, la ministra de Planificación comunicó que la propuesta al FMI será revelada el 17 de setiembre y que, a partir de ahí, el Ejecutivo espera alcanzar un consenso con los diputados en 12 días antes de empezar la negociación con el Fondo.

Según ese mensaje, el gobierno de Carlos Alvarado espera alcanzar en 12 días un consenso sobre cómo resolver un caos que ha tomado décadas de gestación.

Sin embargo, luego, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dijo que no necesariamente se tiene que alcanzar un acuerdo en este mes, sino que se puede construir en el camino.

El presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, de Restauración, ha criticado con severidad lo que considera un secretismo del Gobierno sobre este tema.

Aun así, la oposición ha dado muestras de querer negociar y encontrar una salida.

El exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, llamó a su partido, el PLN, a actuar con responsabilidad y a no temer a coincidir con otros partidos, aunque sea el de Gobierno, cuando se actúe en beneficio del país.

Sabedor de la interferencia que introducirá la campaña electoral, Arias añadió que los partidos políticos no pierden elecciones por actuar responsablemente, sino por hacerlo irresponsablemente.

Incluso, el diputado Jonathan Prendas, del bloque fabricista Nueva República, consideró posible alcanzar un acuerdo en 12 días, pero puso su condición: “Depende de que se busque el bienestar de las personas sin más impuestos, buscando optimizar las instituciones y, sobre todo, recortando sustancialmente el gasto”.

El ministro de Hacienda ya adelantó la decisión del Gobierno de proponer nuevos impuestos progresivos, en los que se gravan a las personas con mayores ingresos.

Otro punto por considerar es la reducción de los costos para producir en este país, pues el efecto de subir impuestos a los ingresos resultaría limitado si miles de empresas están cerradas o en malas condiciones, o si miles y miles de personas carecen de empleo y, por tanto, de ingresos.

En ese sentido, el Gobierno había prometido trabajar en reducir las cargas sociales sobre el empleo y en disminuir el precio de la electricidad. Seguimos esperando resultados.

Por su parte, los diputados tendrán que soportar las presiones gremiales y de sectores.

Como dijo el diputado Carlos Ricardo Benavides: “Es muy rico abrir la boca y decir que queremos recorte del gasto y cuando nos mandan presupuestos para recortar el gasto, salimos corriendo a recortar el recorte”.

Cuando vienen las elecciones, muchos no quieren apoyar medidas temiendo perder votos; prefieren quedar bien con diversos sectores. Apuestan a que, cuando el caos llegue, siempre habrá alguien a quien echarle la culpa, a pesar del sufrimiento de muchos.

Sin embargo, el país está sediento de que la democracia responda y ayude a enderezar el caos.