Esteban Oviedo. 25 septiembre
Foto: Roberto Carlos Sánchez @rosanchezphoto
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A solo unas semanas de ganar la segunda ronda del 2014, el entonces candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, le concedió una entrevista a La Nación en una banca del Parque Nacional, en San José.

Fue en esa ocasión, en la antesala de convertirse en presidente de la República, cuando dijo que no entendía cuál era la obsesión de los neoliberales con el déficit fiscal.

Afirmó que un Estado puede vivir con un nivel de endeudamiento, así como lo hace cualquier familia.

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Obsesión fiscal

Durante aquella campaña, también le dijo a la emisora ADN: “No estamos al borde de un abismo y lo digo porque he conversado con referentes importantes de la economía local e internacional que me dicen que es administrable (un déficit del 5,4% en el 2013), hay que atenderlo”.

Para esa época, Costa Rica tenía un déficit fiscal del 5,4% del PIB, el cual hoy nos resulta envidiable y nostálgico, aunque en realidad se trataba de un indicador alarmante, sobre todo porque apenas unos años antes, en el 2006, el país gozaba de un superávit fiscal: el Gobierno gastaba menos dinero del que recibía.

Durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la situación empezó a revertirse y el déficit tomó una fuerte e incontrolable tendencia al alza, a base de aumentos salariales y leyes que dispararon el gasto.

La administración de Laura Chinchilla (2010-2014) procuró contener el gasto público e impulsó una reforma fiscal junto con el excandidato del PAC, Ottón Solís, pero este mismo partido, en su papel de opositor, se la trajo abajo.

En el 2014, ya sentado en la silla presidencial, Luis Guillermo Solís entró con una importante alza salarial para el sector público y, para el 2015, concedió un aumento de casi un 20% en el Presupuesto Nacional, en un año en que la inflación fue de un -0,81%.

‘No es serio, ni prudente, exigir una solución atropellada’

En octubre del 2014, cuando los diputados cuestionaron el fuerte porcentaje de incremento para el 2015, Solís emitió una cadena nacional para defender el aumento del gasto y dijo: “El déficit fiscal no es lo más importante ni el único problema”.

Con ese argumento, el entonces presidente cuestionó que, “de manera irresponsable”, los diputados trataran de recortar el Presupuesto y los culpó de querer ponerle “amarras” a su gobierno.

“El déficit fiscal y el elevado endeudamiento del Estado se acumularon a lo largo de varios años y no es serio, ni prudente, exigir una solución atropellada y en un corto plazo, con recortes abruptos al Presupuesto Nacional”, aseguró por radio, televisión y redes sociales

Solo seis años después, su sucesor Carlos Alvarado, del mismo partido, el PAC, nos dio la respuesta a la pregunta de cuál era la obsesión con el déficit fiscal.

En este 2020, el déficit (exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno) podría superar el 10% del PIB y, para el próximo año, la deuda pública podría alcanzar el 80% del PIB.

El mismo PAC, el que cuestionaba cuál era la obsesión, ahora urge solucionar el gigantesco problema y, para ilustrar al país y no dejar ninguna duda sobre su gravedad, propone lo siguiente para cubrir el faltante de ingresos frente al desbordamiento de los gastos:

-Triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, con lo que las familias tendrán que destinar buena parte del aguinaldo a pagar este tributo una vez al año, como ocurre con el marchamo.

Una familia con una propiedad valorada en ¢50 millones pasaría de pagar ¢125.000 anuales a ¢375.000. Si este hogar puede acceder a la exoneración por tener una única propiedad, el monto pasaría de ¢74.000 a ¢223.000.

-Crear un impuesto a todo tipo de transacciones bancarias durante un plazo de cuatro años, de 0,3% en los dos primeros años y de 0,2% en los siguientes dos.

Si usted paga una cuota de un crédito de ¢500.000 por vía digital, tendría que pagar ¢1.500 de impuesto. Si luego le pasa ¢100.000 a un familiar, pagaría ¢300 más. Y si retira ¢200.000 en un cajero automático, le desembolsaría al Gobierno ¢600 adicionales.

-Subir el impuesto de renta a asalariados, independientes y empresas. Conforme mayor sean las ganancias, mayor sería el impuesto.

Los mayores asalariados pagarían, en forma escalonada, hasta un 36% de impuesto por los tramos mayores. Las compañías con ingresos superiores a ¢109 millones pagarían un 36% sobre la totalidad de sus utilidades.

Se trata de una propuesta recargada sobre el pago de más impuestos, con leves medidas de recorte del gasto, aparte de las ya establecidas en la regla fiscal del 2018.

Sin embargo, lo que más se extraña en la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) es la ausencia de una verdadera reforma del Estado que impida que estas cosas vuelvan a pasar.

La negociación con el FMI parecía ser la oportunidad para rehacer las cosas, para deshacer los gastos insensatos, para crear un Estado en el que las inversiones dependan de resultados y en el que se suelten las amarras ilógicas que disparan el gasto.

Ante los abusos y excesos, no hay dinero que alcance por más que una ley diga que hay que entregarle un determinado porcentaje del PIB a una institución.

Si el Gobierno decidió meter de nuevo la mano en los bolsillos de los costarricenses para solucionar el problema fiscal, lo mínimo que debió ofrecer fue una garantía de que la fiesta terminará.

Una posibilidad, por ejemplo, es desplegar una reforma más agresiva al empleo público, incluyendo a los funcionarios actuales. Un reciente artículo del abogado Rubén Hernández Valle muestra un camino para hacerlo.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, también sugirió vías en dos interesantes artículos, así como los exministros Thelmo Vargas y Jorge Wálter Bolaños.

Pero volvamos al gobierno de Luis Guillermo Solís porque la historia merece ser recordada.

Entre el 2014 y el 2015, el gobierno de Solís ya había incrementado el gasto público en casi ¢1 billón, un 60% más de los ¢600.000 millones que, luego, el entonces presidente urgió a los diputados llevar a las arcas públicas mediante reformas a los impuestos de ventas y renta.

El propio Ministerio de Hacienda reconoció que el alza salarial decretada por Solís en el 2014 desencadenó un aumento en los pluses salariales que, años después, su sucesor Carlos Alvarado trató de contener con la reforma fiscal del 2018.

El gasto en salarios sí se ha desacelerado por las reformas en pluses como anualidades y dedicación exclusiva, pero ante la magnitud del problema actual, nada parece ser suficiente. Aun por simple inercia, solo en el primer semestre de este año, el gasto en sueldos subió en ¢23.000 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Regresando al periodo anterior, en enero del 2017, el propio gobierno de Luis Guillermo Solís se encargó de descarrilar una reforma al empleo público que los diputados de oposición querían llevar adelante.

Liderados por el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, un grupo de más de 20 diputados firmó una carta oponiéndose a la idea y, en vez de pelear con fuerza por la reforma, la carta fue suficiente para que el Ejecutivo dijera que no existía viabilidad política.

Hasta el propio diputado del PAC, Ottón Solís, actual representante del país ante el BCIE, dijo que “hubo compadre hablado” entre gobierno y sindicatos para enterrar ese plan de empleo público, el cual en realidad era sumamente tímido.

Apenas siete meses después, en agosto del 2017, el Gobierno de Solís empezó a afrontar serias “dificultades para pagar sus obligaciones y garantizar servicios esenciales”, según admitió el propio presidente.

Entonces, el gobierno de Solís pidió impuestos, pero sin el componente de una fuerte reforma al gasto.

En junio del 2016, Solís dijo: “Si no logramos concretar esta reforma fiscal ya, dentro de pocos meses vamos a pasar de un déficit del 6% del PIB a uno del 7% y, para finales de la administración, ese déficit llegará al 8,5% y esa cifra se convertirá en una carga impensable para la próxima administración”.

¡Y su presagio se cumplió!

“El siguiente gobierno va a tener un déficit del 10,5% y eso significará violencia en el país, como hubo en Grecia y en España”, añadió.

Ya la administración de Solís había pedido herramientas para combatir el flagelo de la evasión fiscal y el Congreso se las dio, como fue el caso de la Ley contra el Fraude Fiscal, pero sin el componente de ordenamiento del gasto los esfuerzos siempre serán insuficientes.

Y en su despedida, el presidente resumió su visión del problema con estas respuestas a las siguientes preguntas:

-Hace más de cuatro años, cuando estábamos todavía en campaña, usted dijo que no entendía cuál era la obsesión de los neoliberales con el déficit fiscal, que el país como cualquier familia podía tener un déficit manejable, una deuda. ¿En qué momento, como presidente, se da cuenta de que la situación se puede estar saliendo de control?

Cuando se evidencia que la combinación de deuda y déficit es mucho mayor de lo que puede soportar la economía, y eso era evidente ya después del primer año. Y por eso que los proyectos de ley, nueve de ellos, se presentaron a la Asamblea Legislativa sin mayor dilación, porque había que invertir mejor, recoger más, gastar menos. Todo lo que habíamos dicho en campaña que íbamos a hacer, sin esperar mucho más tiempo que ese.

“Aquí el problema, lo digo con toda franqueza, es que la gente no quiere pagar impuestos. Los que más tienen, menos quieren pagar, y esos son los sectores empresariales y los sectores de empleados públicos. Y los argumentos que van a usar son siempre los mismos: ‘Recorte más’, yo digo, ¿a dónde recorto más?; ‘cóbrele a los ricos más’, ¿cómo hacemos para cobrarle a los ricos más si no teníamos los intrumentos para ello?, que ahora sí tenemos una Dirección de Tributación muy fortalecida gracias a nuevos instrumentos electrónicos y digitales”.

“No, mire, otra vez, el tema hay que equilibrarlo un poquito. Sí es cierto que hay un aspecto fundamental que tiene que ver con los enganches y los encadenamientos salariales, pero el gran problema del gasto público no era por ahí. El 90% del presupuesto está ya asignado por vía legal y, por lo tanto, las posibilidades de cambiar eso no existen, a menos que uno quiera entrar a masivos despidos que hubieran puesto, me parece, en grave riesgo la paz social del país y que también hubiesen significado paralizar algunos programas del Estado”.

-Claro, presidente, pero haberle frenado el crecimiento a los pluses salariales habría desahogado un poco las transferencias que el mismo gobierno tiene que hacer a las instituciones...

“En 20 años”.

-Bueno, entonces se le deja una herencia...

“Sí, bueno, pero es que yo tenía que gobernar en cuatro. O sea, aquí tenemos que cuidar también los tiempos. Mi responsabilidad era en cuatro años, esto no iba a resolver el problema sino hasta dentro de 20 y había una serie de otras medidas que sí podían ser de aplicación inmediata, que quienes estaban pidiendo que bajáramos salarios y que restringiéramos los pluses, no estaban dispuestos a ceder tampoco. Entonces, esto es parte de una negociación muy complicada que se hizo con un gran sentido patriótico de parte de Hacienda”.

-Entonces, ¿quién debía tomar la responsabilidad por lo que va a pasar en 20 años?

“Bueno, yo creo que todos, ese es el tema. El problema fiscal no es un problema del gobierno, lo que pasa es que le cuesta a la gente, que no es experta en el tema, entender la gravedad. Véalo de esta manera: los mismos diputados que no quieren aprobar impuestos son los que piden más inversión para sus comunidades, por ejemplo. Entonces, hay una fantasía que no es realista respecto del peso que tiene lo fiscal en las posibilidades de desarrollo del país”.

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Volvamos a la actualidad. Hoy, que ni siquiera hay suficiente dinero para pagar los gastos de los policías en el 2021, Luis Guillermo Solís pide que se abra espacio político para discutir la propuesta del gobierno de Alvarado al FMI y dice que esta es perfectible.

Lamentablente, el precio de no hacer nada es demasiado alto. Los riesgos de una hiperinflación o de una fuerte devaluación son enormes.

Ojalá el ánimo reformista del inicio de la administración Alvarado no se apague del todo. ¿Estarán los contribuyentes dispuestos a pagar más sin que desaparezcan los disparadores e irracionalidades del gasto público? ¿Se repetirá la historia?