Esteban Oviedo. 27 noviembre, 2020
Elian Villegas, ministro de Hacienda, evadió el tema del FMI después del diálogo con sectores. Foto: Cortesía de Casa Presidencial
Elian Villegas, ministro de Hacienda, evadió el tema del FMI después del diálogo con sectores. Foto: Cortesía de Casa Presidencial

Tras conformarse con los resultados de la mesa de diálogo y con una mejoría en la recaudación de impuestos, ahora la administración Alvarado evade negociar reformas estructurales. Repasemos los hechos de la semana:

El lunes 23 de noviembre, en una entrevista publicada por La Nación, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que el golpe de la pandemia sobre la recaudación de impuestos será menor al esperado: la caída será de ¢600.000 millones en vez de los ¢1,2 billones proyectados en julio, dijo el jerarca.

A ese factor, el ministro le suma un esfuerzo en la contención del gasto. Dijo que las transferencias a instituciones crecieron un 1,68% en los primeros diez meses del año y el gasto en remuneraciones, un 0,58%.

Por eso, él confía en que el déficit fiscal cerrará en un 9,2% del producto interno bruto (PIB), cifra equivalente a ¢3,2 billones (millones de millones).

Un faltante del 9,2% del PIB es mejor que uno del 11%, evidentemente, pero aun así, es la peor cifra de la historia reciente.

En el 2019, Costa Rica había alcanzado un déficit del 6,96% del PIB, el más alto desde 1980 en ese momento. No tapemos la realidad: la situación era frágil desde antes de la pandemia, como señaló el más reciente informe del Estado de la Nación.

Ahora, el déficit subirá en casi un 33%.

Veámoslo en colones: el faltante de recursos del Gobierno pasará de ¢2,5 billones a ¢3,2 billones. Y, para el próximo año, el Presupuesto se financiará con un inédito 55% de endeudamiento.

El plan de financiamiento del 2021 prevé que el Gobierno tendrá que pedir prestado un monto equivalente al 15,7% del PIB. Se trata de una cifra altísima, un 50% mayor al promedio de endeudamiento que el país adquirió entre el 2009 y el 2019, que fue de un 10% del PIB.

De ese 15,7% del PIB, un 9,4% se obtendría internamente y un 6,3% en el exterior, para lo cual habrá que convencer a los inversionistas internacionales del compromiso de Costa Rica con la disciplina fiscal.

Elian Villegas considera que obtener financiamiento por un 9,4% es “un poquito alto” para el mercado interno, por lo que apuesta a buscar más recursos afuera, a canjear deuda con acreedores y a recurrir al nuevo método que el Gobierno propondrá al Congreso, de permitir a inversionistas internacionales comprar deuda en Costa Rica.

Ese mismo día, el lunes 23 de noviembre, Villegas les pidió a los diputados aprobar, en diciembre, tres créditos con organismos internacionales que suman $850 millones (¢518.500 millones), los cuales serían utilizados en el 2021.

Argumentó que se trata de deuda más barata y que, “por cada $100 millones en cualquiera de esos créditos, nosotros nos ahorramos de $4 millones a $5 millones al año en tasas de interés”.

Villegas expone que, aun con el riesgo cambiario, es mucho más provechoso obtener este tipo de créditos externos que endeudarse con acreedores locales, principalmente instituciones públicas.

Ojo: el porcentaje de deuda pública en moneda extranjera creció de un 36,4% a un 41,2% entre el 2015 y el 2020 y la propia Contraloría General advierte, en su página web, de que el riesgo es mayor conforme aumenta el porcentaje de la deuda en dólares.

En suma, hay presión por todo lado. El Gobierno tiene altísimas necesidades de endeudamiento y apunta a inversionistas internacionales, los cuales tomarán muy en serio las notas de riesgo que hagan las calificadoras internacionales.

A Panamá, que obtiene créditos en el exterior con tasas de interés mucho más favorables que Costa Rica, la agencia Standard and Poor’s (S&P) le acaba de bajar la calificación soberana de largo plazo de BBB+ a BBB.

En junio, la misma calificadora le otorgó a Costa Rica una nota menor, de “B” con perspectiva negativa, lo cual le dice al mundo que el país es “más vulnerable” a incumplir compromisos financieros.

La mala nota costarricense se debe a la incertidumbre política para realizar un ajuste fiscal, así como a los efectos negativos provocados por la pandemia.

Además, el estrujamiento actual pone al país en el predicamento de decidir en dónde cortar, en cada presupuesto, sin que ningún recorte sea doloroso o deje sectores molestos.

Este fenómeno lo pudimos ver con la aprobación en primer debate del Presupuesto Nacional del 2021. ¿Qué cortamos ahora: equipamiento de policías, el censo nacional del INEC, el gasto social, bonos de vivienda?

Si la situación no se corrige desde sus raíces, seguiremos viviendo esos momentos de tensión en cada presupuesto ordinario y extraordinario. Esa es la consecuencia de no tener un presupuesto holgado y flexible que permita definir las prioridades de desarrollo del país, porque nuestra estructura actual nos tiene ahogados.

Costa Rica es el segundo país con menor flexibilidad en el gasto público en América Latina, solamente superado por Brasil, según la OCDE.

¿Sigue o no sigue la incertidumbre sobre un ajuste fiscal? Esa es la pregunta clave.

Entre julio y octubre, la administración Alvarado se mostró firme en la necesidad de acudir al FMI para lograr un acuerdo de reformas estructurales, que saque al país de su desbalance fiscal.

En julio, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, advertía de que la falta de un acuerdo político podría conducir a una crisis como la de 1981; además, exponía las ventajas de la negociación con el FMI:

“El crédito con el FMI da un sello de confianza sobre el marco de políticas macroeconómicas que está haciendo el país y, en particular, sobre el marco de políticas fiscales, que es el área de mayor vulnerabilidad macroeconómica en Costa Rica en este momento”.

“Entonces, da un voto de confianza a las políticas fiscales que el país está haciendo y eso le da, entonces, una carta de presentación de mayor credibilidad para financiarse con otros créditos multilaterales en mejores condiciones, y también para salir al mercado, tanto doméstico como extranjero, si eventualmente se contara con la autorización legislativa para colocación de eurobonos adicionales.

“Entonces, ese financiamiento del FMI es realmente un instrumento que el Fondo mismo llama un poder catalítico, en el sentido de que atrae otros financiamientos en condiciones favorables para el país”.

Así nos hablaba la administración Alvarado Quesada en ese momento. Ahora, nos dice en palabras del ministro de Hacienda: “El Gobierno conversa continuamente con todas las instituciones, con todos los organismos multilaterales con los cuales tiene relación, como el BID, el BCIE, el Banco Mundial, el FMI, el CAF; todas son organizaciones con las cuales se está en una conversación continua...”.

El presidente Carlos Alvarado lanzó una primera propuesta de ajuste fiscal, recargada en impuestos, la cual fue rechazada entre la población. La retiró para negociar con sectores y, tras ese diálogo, ahora la postura es otra.

El martes 24 de noviembre, en dos entrevistas separadas, el ministro de Hacienda evadió decir si el gobierno de Carlos Alvarado mantiene su intención de ir a negociar un crédito de $1.750 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un programa de ajuste fiscal.

Ante consultas directas y claras sobre la necesidad de acudir a negociar el crédito y el ajuste fiscal con el FMI, el ministro respondió con generalidades sobre los beneficios de los organismos multilaterales, citando al FMI como uno más entre ellos.

Luego del diálogo con sectores, la administración Alvarado eliminó de su discurso la negociación de un ajuste fiscal con el FMI y, ahora, apunta a pedir a los diputados la aprobación de créditos externos que no impliquen reformas de fondo, sino más dinero para financiar el gasto actual.

“Desde el punto de vista del Gobierno, sin renunciar a ese acuerdo (con el FMI), lo fundamental es consolidar los esfuerzos que salieron de la mesa de negociación”, dijo Elian Villegas en Telenoticias de Canal 7.

El ministro se refiere al resultado de una mesa de diálogo que los diputados calificaron de “insuficiente” y de “pérdida de tiempo”.

El sábado, en la culminación de ese foro, el Gobierno dijo que pactó medidas que permitirían obtener un ajuste permanente de 2,2 puntos del PIB en el déficit primario del Gobierno. La meta era alcanzar un 2,5% del PIB.

No obstante, el paquete acordado en realidad incluye medidas que ya existen o que están en marcha, al tiempo que se evaden reformas de fondo, sobre todo en el gasto público.

Por ejemplo, el plan incluye el proyecto de Hacienda Digital, que consiste en un préstamo para modernizar los sistemas de cobro de Hacienda y reducir la evasión de impuestos. Ese crédito fue aprobado por el Congreso incluso antes de que terminara el diálogo.

En un principio, Hacienda había proyectado que la aplicación de este proyecto permitiría una recaudación adicional anual del 0,25% del PIB, pero, en las últimas 24 horas del diálogo, el Gobierno duplicó la cifra y la fijó en un 0,50%.

El paquete también incluyó el recorte de ¢155.000 millones que la oposición le exigió hacer al Gobierno en el Presupuesto de 2021. Otra medida es obligar a todas las instituciones públicas a comprar mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), algo que ya existe.

Si tan fructífero son los resultados de esa mesa de diálogo, ¿por qué el Gobierno se reservó el derecho a insistir en el futuro en la grosera propuesta de aumentarles los impuestos a las familias que ganan de ¢530.000 en adelante para generarle unos ¢400.000 millones adicionales al Estado?

A esto podemos sumarle la posición del PAC con la reforma al empleo público.

Aun cuando la Procuraduría General sostiene que es factible incluir a los empleados públicos actuales en el salario global y que los legisladores incluso pueden regular y prohibir las convenciones colectivas, el diputado Víctor Morales, presidente de la Comisión de Gobierno, le pidió a Casa Presidencial no convocar el proyecto en las primeras sesiones extraordinarias que empiezan el 1.° de diciembre.

¿Para qué? Morales argumenta que requiere un espacio para conversar con los sindicatos, los cuales estaban en la mesa de diálogo. Esta mesa, por cierto, no incluyó la reforma al empleo público dentro de sus medidas.

Hay un punto importante a tomar en cuenta: viene un largo periodo de ocho meses en el que el Gobierno dirigirá la agenda del Congreso. Nada se moverá sin la voluntad del Ejecutivo.

El periodo se extenderá del 1.° de diciembre del 2020 al 31 de julio del 2021 y obedece a un ajuste en los períodos de sesiones legislativas.

La oposición tiene dos caminos. El primero es acoplarse al ritmo del Gobierno, conformarse con los resultados de la mesa de diálogo y mantener el statu quo del Estado.

El segundo es apostar por una verdadera reestructuración del gasto y condicionar al Gobierno la aprobación de créditos internacionales a que plantee un verdadero ajuste fiscal.

Les dejo las primeras reacciones de los diputados al respecto:

--”Es evidente que en el Gobierno empiezan a desdecirse, soñando con meter al país en un nadado de perro que busque la orilla del 2022 (...). Solo quieren apagar el incendio en el corto plazo, aunque la casa se queme más adelante, con todos nosotros adentro“; Carlos Ricardo Benavides, del PLN.

--”Nos preocupa esa falta de definición que pondría en riesgo la aprobación de créditos que están ligados a las medidas de reactivación económica. El Gobierno sigue sin rumbo claro en lo económico”; Carlos Avendaño, de Restauración.

--”Dada la falta de claridad del Ejecutivo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y en las reformas estructurales, resulta imposible pretender que el Gobierno reciba más créditos sin tener ruta clara”; María Inés Solís, del PUSC.

--”Genuinamente, confío en que el Gobierno no haya ‘tirado la toalla’ y que su falta de claridad obedezca a la posibilidad de anunciar pronto la propuesta que ‘están construyendo’ ante el FMI”; Silvia Hernández, del PLN.

--”El Gobierno debe estar anuente a tratar de hacer los cambios estructurales, todos con el afán de sanear nuestras finanzas”; Rodolfo Peña, del PUSC.