Esteban Oviedo. 24 octubre, 2019
El presidente Carlos Alvarado reunido el martes 22 de octubre con los rectores y delegaciones estudiantiles. A su izquierda, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; a la derecha, el rector de la UNA, Alberto Salom. Fotografía: Juan Diego Córdoba
El presidente Carlos Alvarado reunido el martes 22 de octubre con los rectores y delegaciones estudiantiles. A su izquierda, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; a la derecha, el rector de la UNA, Alberto Salom. Fotografía: Juan Diego Córdoba

¿Cuál es la diferencia entre una papa y un chayote? La papa es un tubérculo de contextura dura. El chayote es un fruto de contextura blanda, también conocido como "papa del aire". Ambos suelen usarse en la olla de carne y en la política.

"No confundamos papas con chayotes", dice un dicho popular referente a las comparaciones.

Este Corrillos Políticos versa sobre los rectores y sus juegos políticos, en la misma mesa con el gobierno.

Como en otras entregas, la clave de la historia está en el dinero.

El pasado 18 de julio, los rectores firmaron un acuerdo con el gobierno para que, de los impuestos aportados por los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda les transfiera casi ¢513.000 millones a las universidades UCR, UNA, UNED y Tec, en el 2020. Se trata de unos ¢11.600 millones más que este año.

El acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), como se le denomina a esta transferencia, incluyó en su quinta cláusula lo siguiente: "Las instituciones de educación superior universitaria estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones".

Inversión de capital es la destinada a construcción de infraestructura y equipamiento.

Casi un mes y medio después, el 30 de agosto, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, le entregó a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2020 y, en este, especificó que, de los ¢513.000 millones del FEES, ¢70.000 millones eran para gastos de capital.

Esa cifra equivale a poco menos de un 14% del total de la partida.

En febrero, ella había advertido que, si las universidades públicas no cambian su tendencia de gasto, el 100% del FEES se consumirá en salarios antes del año 2030.

En el 2018, las U públicas gastaron el 75% del FEES en salarios. Este año, el porcentaje es de un 80%.

El Congreso empezó la discusión del Presupuesto Nacional y el 14 de octubre, un mes y medio después de la presentación del plan de gastos, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, salió a denunciar que el direccionamiento de ¢70.000 millones a obras y equipamiento ponía “a la universidad estatal en un estadio de emergencia general”.

Alegó las U públicas tendrían "enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior".

Los órganos de divulgación de las universidades públicas replicaron la tesis y hasta previeron cierres técnicos, al tiempo que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) envió un comunicado según el cual las becas de los estudiantes y los docentes estaban en problemas.

Con el logo de la UCR, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) advirtió claramente de afectación en becas, aunque luego el rector de la UNA lo negó.
Con el logo de la UCR, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) advirtió claramente de afectación en becas, aunque luego el rector de la UNA lo negó.

Grupos de alumnos procedieron al cierre de vías y a la toma de edificios.

Tres estudiantes de Derecho de la UCR le relataron a la Sala IV que, el miércoles 16 de octubre, funcionarios administrativos y movimientos estudiantiles los obligaron a salir de las aulas, al tiempo que la Vicerrectoría de Docencia emitió una circular en la que suspendió lecciones y evaluaciones los días 22 y 23 de octubre.

Asimismo, la circular instaba a los representantes de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) a ingresar a las aulas los días 16, 17, 18, 19 y 21 de octubre, con el fin de dar su versión a los alumnos sobre la situación del FEES.

El viernes 18 de agosto, a las 8:15 a. m., "mientras recibíamos lecciones de rutina, fuimos interrumpidos por funcionarios administrativos y estudiantes afiliados al movimiento estudiantil, quienes nos dieron la orden de salir de los edificios de la Facultad de Derecho, en vísperas de que se había ordenado el cierre de las instalaciones".

"Nos sacaron a todos y dijeron que se cierra la Facultad", relató Jimena Solano, una de las tres recurrentes que alegó, ante el Tribunal Constitucional, que esa medida violentó su derecho a la educación.

No obstante, desde el 9 de setiembre, más de un mes antes de estos hechos, los rectores habían entablado conversaciones con el presidente Carlos Alvarado para solucionar la situación y librarse, en adelante, de cualquier condicionamiento al FEES.

Le dijeron al mandatario que su ministra de Hacienda los metía en problemas y que interpretaba de manera errónea el acuerdo de julio.

Le añadieron que la ministra de Educación, Guiselle Cruz, coincidía con ellos en que los ¢70.000 millones para obras y equipos los podían tomar de otro lado, no necesariamente de la transferencia gubernamental.

Así lo relató el propio rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, en una entrevista con La Nación.

Seis días después de esa cita con el presidente Alvarado, ambos sectores acordaron encontrar una salida y el mandatario hasta se comprometió a hablar con la contralora general, Marta Acosta, al respecto, dijo Salom.

"Conversaciones iban y venían", recordó el jerarca de la UNA.

De hecho, los rectores sostuvieron una segunda reunión con el presidente y los asesores de las universidades empezaron a trabajar con los asesores del presidente Alvarado, así como con sugerencias de la propia Contraloría General, afirmó Salom, porque detectaron que habían clasificado como gasto corriente partidas que correspondían a gasto de capital.

Desde setiembre lo sabían: "Ya nuestros asesores en los programas de gestión financiera nos alertaron que, en el FEES del 2020, había bastantes recursos mal clasificados, a juicio de ellos, que podrían ser clasificados como inversión de capital en vez de gasto corriente. Eso fue en la segunda quincena de setiembre", citó Alberto Salom.

"Ellos empezaron a trabajar con asesores del presidente para agudizar la lente para ver cuáles partidas de los presupuestos universitarios podían ser susceptibles de ser clasificadas.

"No es que no supiéramos que teníamos partidas que a unos u otros nos parecían que estaban mal clasificadas".Es decir, más de quince días antes de que sacaran a los estudiantes de las aulas, diciéndoles que peligraban sus becas, los rectores sabían que trabajaban con el mismísimo presidente y sus asesores para encontrar una solución.

Finalmente, este martes 22 de octubre, los rectores encabezaron una multitudinaria marcha de docentes y estudiantes hacia Casa Presidencial para exigir que no se les condicione el FEES.

Un estudiante protestaba por el alto salario de uno de los rectores. Foto: Daniela Cerdas
Un estudiante protestaba por el alto salario de uno de los rectores. Foto: Daniela Cerdas

Sin embargo, la marcha era una mezcolanza de motivos. Algunos defendían sus becas, otros denunciaban abusos con los pluses salariales de los funcionarios universitarios. Unos exigían las renuncias de los rectores y otros defendían sus pluses salariales.

Fue en ese marco que se produjo la frase célebre de una docente de la UNA, quien dijo: “Se comparan papas con chayotes. Se comparan trabajadores públicos con trabajadores privados en condiciones que estamos totalmente diferentes. Los trabajadores privados son gente que no ha estudiado y que están dispuestos a trabajar por salarios mínimos”.

En declaraciones a Multimedios, ella criticaba un artículo de La Nación según el cual el ingreso medio de los empleados estatales creció en un 15,5% en dos años, mientras que el de los privados bajó un 0,8%, lo que se explica por el crecimiento inercial de los pluses salariales aún en tiempos de estrechez económica.

Profesora de la UNA: 'Los trabajadores privados son gente que no ha estudiado'

Ella alega que la mayoría de los funcionarios públicos son personas estudiadas. No obstante, de acuerdo con datos del INEC, no es cierto que la gente que trabaja en el sector privado no ha estudiado.

En el sector formal privado, el 23,5% es personal calificado como alto y el 53,1% es calificado como medio. Incluso, en el sector informal, en donde hay un millón de personas, un 9% de la gente es personal altamente calificado.

Los porcentajes sí son más altos en el sector público, pero se trata de una masa laboral más pequeña, de unas 300.000 personas, frente a casi 2,2 millones de personas en el sector privado, formal e informal.

Brecha profesional entre funcionarios públicos y privados
Brecha profesional entre funcionarios públicos y privados

Y estas dos millones de personas pagan impuestos de todo tipo para financiar los salarios del sector público, aunque los primeros no tengan pluses.

Los ingresos de estos más de dos millones dependen de su producción, desde el copero hasta el empresario, pasando por el asalariado y el independiente. Nadie les garantiza que recibirán más ingresos solo por el hecho de haber cumplido antigüedad, como ocurre con las anualidades.

No hay que confundir las cosas. La mayoría de la gente aplaude la educación pública universitaria y su aporte a la sociedad con la investigació. ¿Quién no desearía que sus hijos accedan a estudiar a una de estas universidades?, pero los campos son limitados.

¿No tienen estos contribuyentes derecho a cuestionar el gasto que pagan con sus impuestos?

Volvamos a lo que ocurrió el martes 22 de octubre.

Tan concertado estaba el asunto que, desde la mañana, Casa Presidencial informó de que haría un anuncio terminada la reunión con los rectores.

La solución: muy sencilla, se reclasificarán más de ¢40.000 millones de gastos corrientes a gastos de capital, como software y fideicomisos de mantenimiento de edificios.

Sin embargo, ahí no termina el asunto. Luego, sobrevinieron revelaciones que dejan boquiabierto a cualquiera. Las becas nunca estuvieron en riesgo, según dijo el propio Alberto Salom.

¿Estuvieron en peligro?, le preguntó La Nación. Salom respondió: "En la UNA no, porque lo que estaba en peligro era el presupuesto de la universidad como un todo. Yo le digo a Pedro, mi vicerrector de Administración, vea a ver cómo hace sin tocar becas y sin tocar salarios de profesores. Qué difícil, el salario de los profesores representa el 87% del FEES en la UNA". Y, pronto, será el 100%, según los propios estudios de la UNA.

"Fue un sesgo y un sesgo alevoso que a mí me parece, no sé si alguien lo usó para intimidar al presidente".

De hecho, nunca en la historia, como en esta década, las universidades públicas habían tenido tanto dinero para otorgar becas a estudiantes.

Entonces, ¿por qué insistieron en sacar a los estudiantes de las aulas? Y aquí viene el golpe político de los rectores.

Henning Jensen dijo en Hablando Claro en Columbia: "Usted me puede decir que esto lo podíamos hacer nosotros sin la marcha, pero creo que no es tanto así, o más bien, lo digo de otra manera, la marcha, que tiene una naturaleza política, viene a reforzar la voluntad compartida de hacer una reclasificación de lo ya presupuestado".

Y Salom dijo en La Nación: "Ahhh, porque era necesario esa fuerza (estudiantil) para construir un hecho político y decir 'no, un momentito, con las universidades no se juega, aquí hay una ilegalidad que es una inconstitucionalidad'".

Salom también revela otro punto importante: la exclusión de Rocío Aguilar de la mesa de negociación.

"Desconocíamos con quién nos íbamos a encontrar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Rocío Aguilar ahí (en la negociación en Presidencia)? El presidente sabe por qué pone a los que pone, por qué a otra persona y cuál es el problema, no le está serruchando el piso, nada más está diciendo 'Rocío aquí no porque se va a agarrar con los... y me interesa que surja un acuerdo, porque viene gente de Puntarenas desfilando y viene gente de Limón'".

Al día siguiente, Rocío Aguilar renunció alegando que no pondría al presidente en una disyuntiva, luego de que la Contraloría General le recomendara sancionarla por 30 días por haber pagado los compromisos del gobierno con sus acreedores, al principio de la administración, sin autorización legislativa, porque el gobierno de Luis Guillermo Solís agotó la partida para ello en solo unos meses del 2018.

Al ritmo actual, los salarios de las universidades públicas seguirán acaparando el FEES y estas entidades se resisten a aplicar la regla fiscal (de hecho la impugnaron ante la Sala IV) y las medidas de ahorro de la reforma fiscal.

En el debate público, nadie duda de la importancia de la educación pública. En los estudiantes está la mayor esperanza del país.

Sin embargo, si algunos creían que en el acuerdo firmado en Casa Presidencial se incluiría una cláusula de compromiso para contener el avance de los salarios sobre el FEES, se equivocaron.

Eso les pasa por chayotes.