Esta semana, se reanudó en la Asamblea Legislativa la discusión de dos posibles resellos a proyectos de ley que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó desde el mes de mayo. Inevitablemente, ambos procesos aumentarán las fricciones entre el gobierno y el OIJ.
Ambos textos permanecieron congelados durante los tres meses del más reciente periodo de sesiones extraordinarias, en que el Poder Ejecutivo controló la agenda del Congreso, del 1.° de mayo al 31 de julio. Ahora, los diputados retomaron la agenda.
Uno de los proyectos vetados es el que permitiría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuar allanamientos en cualquier momento del día, sin restricción de horarios ni día de la semana, incluyendo feriados (expediente 24495). Se trata de una reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal, presentada por la diputada Monserrat Ruiz. Chaves vetó la iniciativa el 14 de mayo.
El otro proyecto es el de pensión anticipada para los funcionarios del OIJ (expediente 22817), presentado por el exdiputado Dragos Dolanescu y vetado por el presidente el 6 de mayo.
El miércoles 6 de agosto, los diputados leyeron el veto al proyecto sobre allanamientos y el jerarca legislativo, Rodrigo Arias, remitió el expediente a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Al día siguiente, 7 de agosto, se efectuó exactamente el mismo procedimiento con el plan de pensión anticipada del OIJ.
Ahora, la Comisión de Jurídicos tendrá ocho días hábiles, en cada caso, para recomendar al plenario una de tres opciones:
- -Acoger el veto
- -Modificar la iniciativa
- -Resellar la ley tal como está, pese a los señalamientos presidenciales.
Para esta última opción, se requiere de 38 votos, dos terceras partes del Congreso. La Comisión la integran tres diputados del PLN, dos de gobierno, una del PUSC, una del FA, uno de Nueva República y un independiente. No obstante, su recomendación no es de acatamiento obligatorio.
Chaves vetó el proyecto sobre allanamientos un día después de los allanamientos y detenciones que realizaron la Fiscalía General y el OIJ por el caso Pista Oscura, en el que se investigan presuntas irregularidades en la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
LEA MÁS: Insólito: un escándalo con MECO terminó golpeando un proyecto de seguridad
El operativo incluyó la detención del exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla. La Fiscalía indaga los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico influencias.
Aunque los diputados chavistas inicialmente respaldaron el proyecto y votaron a favor en su primer debate, luego dieron un giro de 180 grados y votaron en contra en el segundo.
Chaves vetó el proyecto molesto por los allanamientos del Caso Pista Oscura; los calificó de arbitrarios y dijo que no le daría más instrumentos al OIJ y a la Fiscalía.
Por su parte, la Policía Judicial alega que la reforma es necesaria porque la ley actual limita los operativos a un horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., mientras que el crimen organizado no tiene horario.

En cuanto al plan de pensión anticipada, el proyecto establece que los agentes del OIJ se puedan acoger a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres y hayan laborado por 30 años.
LEA MÁS: El veto de Rodrigo Chaves a las pensiones del OIJ merece ser tomado en serio
El plan implicaría un retroceso luego de que, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se aprobara una reforma para reducir el gigantesco hueco actuarial del sistema de pensiones del Poder Judicial.
Antes, los funcionarios judiciales podían adelantar el retiro a los 55 años; con la reforma, se subió el piso a 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Chaves vetó el proyecto al señalar carencia de recursos y de estudios actuariales, además de violación a los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad técnica y sostenibilidad financiera.
El mandatario adujo que hay una discriminación legal al establecer requisitos de jubilación y cálculo de beneficios más favorables para un grupo específico de funcionarios del Poder Judicial respecto a otros servidores de la institución.
Con la reanudación de sesiones extraordinarias, el Congreso retomará estas iniciativas que pueden generar alta fricción política, después de un periodo en que el trabajo legislativo se concentró en el plan de jornadas laborales 4/3.
Me despido anotando, abajo, tres recomendaciones de lectura de la semana. Le saluda Esteban Oviedo, jefe de Redacción de La Nación.
LEA MÁS: TSE cancela credencial de Stephan Brunner como vicepresidente y contradice criterio de Rodrigo Arias
LEA MÁS: Cisma en el PLN por enfrentamiento de Álvaro Ramos con la vieja guardia