Escuchar
En solo siete días, el gobierno pasó de coquetear con la palabra dictadura a alegar un supuesto golpe de Estado por una resolución judicial que, ante la falta de decisión de los diputados oficialistas, garantiza el funcionamiento de la Sala Constitucional.
La retórica recrudeció tras la detención del presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía el viernes 24 de julio.
Al día siguiente, el sábado 25 de julio en Nicoya, el Poder Ejecutivo efectuó alusiones a una dictadura y al cierre del Poder Judicial mediante el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quien preguntó a los presentes en un acto público si tenían miedo a que se materializaran ambas amenazas.
Dos días después, el lunes 27, Chaves mencionó la frase “operación chiripa” en referencia a la acción judicial que descubrió al hombre más buscado del país.
Chaves criticó que, después de la detención, jerarcas del Poder Judicial se pronunciaran públicamente contra los recortes presupuestarios que él aplicó a la Corte, pues Michael Soto, director a. i. del OIJ, anunció que el mismo día del enfrentamiento armado con Diablo le comunicaron que Hacienda había impuesto un nuevo recorte que afectará la operación de la Policía Judicial.
El lunes 27, la Casa Presidencial también cuestionó por qué el OIJ sacó a Diablo de La Reforma a las 7 a. m. para llevarlo a una audiencia judicial que se efectuó en la tarde, en la que se le dictó prisión preventiva.
El martes 28, el fiscal general, Carlo Díaz, reveló la razón por la que el sospechoso había sido sacado tan temprano: dos oficiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) entrevistaron a Diablo la mañana del lunes para evaluar una posible extradición a EE. UU.
Díaz cuestionó por qué al gobierno le preocupó que el imputado hablara con la DEA y reveló que, tras la detención, Diablo dijo espontáneamente que había recibido colaboración de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) durante sus años en fuga.
Ese mismo martes, en la madrugada, se desarrolló otro operativo en Limón contra una organización que consiguió enviar cocaína a Europa y Estados Unidos mediante la contaminación de los contenedores que salen del megapuerto de Moín, pese a la instalación de escáneres antidroga.
El fiscal aseveró que dichos envíos de droga muestran que la Operación Soberanía, lanzada por Rodrigo Chaves en el 2023 cuando era presidente, fue burlada por narcotraficantes con la ayuda de policías de Fronteras colocados por el Ministerio de Seguridad en el muelle.
A la vez, cuestionó por qué el gobierno sacó a la PCD del megapuerto y otros puestos fronterizos y por qué trasladó bases navales a tierra. En su criterio, el narcotráfico se benefició de esas decisiones.
Dos días después, el jueves 30 de julio, surgió otro hecho trascendental. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por no elegir magistrados suplentes para este Tribunal, lo que impedía resolver 123 recursos en los que hay jueces titulares inhibidos.
Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se negaron a elegir a alguno de los candidatos que la Corte propuso, como se lo ordena la Constitución, y la fracción de gobierno parecía dispuesta a postergar la crisis de la Sala Constitucional por mucho tiempo.
En su resolución, la Sala dispuso prorrogar provisionalmente el nombramiento de los 12 magistrados suplentes anteriores, a los que se les había vencido el periodo en diciembre, mientras el Congreso elige a los nuevos. Esto permitirá resolver los reclamos de derechos de decenas de ciudadanos.
Eso es lo que la presidenta Laura Fernández y los diputados oficialistas llaman un “golpe de Estado”, alegando que el Tribunal Constitucional usurpó funciones de la Asamblea Legislativa.
¿Qué se puede esperar ahora?
El conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial únicamente empeorará a menos que surja un actor capaz de llamar a la calma y sentar a las partes al diálogo. Los recortes presupuestarios y los guiones de Casa Presidencial serán cada vez más agresivos. A su vez, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, anunció que el oficialismo no acatará sentencias en las que participen magistrados suplentes, algo inédito en Costa Rica.
La previsión no debería extrañar. El ministro y expresidente Rodrigo Chaves había prometido a pastores evangélicos aliados del gobierno tomar el Poder Judicial.
Sin embargo, la Corte ya abandonó la diplomacia y ahora su estrategia consiste en contraatacar y, si es del caso, golpear primero. Al parecer, se cansó de ser el adulto en el aula o el pato de la fiesta.
El jueves 30 en Cartago, el obispo de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora, quien rechazó cualquier tipo de dictadura en Costa Rica, oró para que se respete la democracia y que el país pueda solucionar sus graves problemas dentro del marco democrático.
Mientras eso no ocurra, permanecerá la política que busca un conflicto permanente, lo que conduce al estancamiento en un país urgido de soluciones. Como bien dice el obispo, hay grandes problemas. Y están creciendo silenciosamente.
