La aprobación de una ley de ejecución penal es una obligación que la Asamblea Legislativa está llamada a cumplir.
La influencia de los precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las resoluciones judiciales ha sido altamente significativa.
Informes sobre incumplimientos y faltas graves especialmente del Poder Ejecutivo evidencian un serio declive de nuestro sistema democrático.
El proyecto de ley 23986 se basa en una premisa errónea para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana.
El Dr. Carlos Tiffer propone en este artículo varias medidas concretas y señala algunos errores que podrían tener un serio impacto en la sociedad.
Una de las leyes más severas de la región latinoamericana y del mundo se está analizando en nuestra Asamblea Legislativa.
