No existe ninguna justificación legal para que el proceso contra un miembro de los supremos poderes sea tramitado ante los miembros de la Sala III, por magistrados que a veces han sido elegidos por sus vínculos políticos y no por sus atestados profesionales o de idoneidad
Las cárceles no son un depósito de personas sobre las que el Estado puede, arbitrariamente, ejercer sus funciones punitivas. Los reclusos han perdido su libertad, no su dignidad
Han transcurrido 54 años sin que se apruebe, y el país continúa con este vacío legal.
La influencia de los precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las resoluciones judiciales ha sido altamente significativa
Informes sobre incumplimientos y faltas graves especialmente del Poder Ejecutivo evidencian un serio declive de nuestro sistema democrático
El proyecto de ley 23986 se basa en una premisa errónea para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana
