¿Se imagina poder registrar una empresa en tan solo 18 minutos?, sin necesidad de salir de la casa o la oficina. Si bien esto puede sonar como algo imposible para muchos costarricenses, lo cierto es que dicho escenario está muy lejos de ser un caso hipotético.

En este momento, es cierto que en nuestro país la burocracia se caracteriza por engorrosos trámites, que consumen gran cantidad de tiempo de los ciudadanos y de las instituciones, mientras que en un país como Estonia, una antigua república soviética a orillas del mar Báltico, el 99% de los servicios públicos se pueden realizar de manera digital, por lo que no es necesario asistir físicamente a la agencia que brinda el servicio.

Estonia es considerada por muchos como la ‘primera sociedad digital del mundo’. En este pequeño país 1.3 millones de habitantes, no solo se puede registrar un nuevo negocio en menos de 20 minutos, sino que también se puede completar una declaración de impuestos en tan solo cinco minutos o menos.

El país báltico forma parte del D7, o grupo de las siete naciones más avanzadas en materia digital, junto a Israel, Nueva Zelanda, Corea del Sur, el Reino Unido, Canadá y Uruguay.

Son justamente algunas de estas naciones a las que Costa Rica mira con atención para emular sus pasos. Estos países, precisamente, han adoptado el uso de la tecnología en la mayor cantidad de espacios posibles, logrando una eficiente prestación de los servicios públicos y mejorando la atención que las instituciones del Estado brindan a los ciudadanos.

Con el fin de alcanzar esta evolución, el Gobierno de la República lanzó el 16 de octubre la “Estrategia Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0”, un planteamiento que pretende “acelerar la productividad, la competitividad y el desarrollo socio-económico”.

Las transformaciones que se pretenden alcanzar, se focalizan en áreas estratégicas como: educación, salud, desarrollo social, seguridad, economía y comercio, innovación, transporte, gobierno digital, medio ambiente, ciudades y territorios.

Además, tiene como principales puntas de lanza: la masificación del uso de la firma digital y la integración de los sistemas de datos que ya existen en las instituciones públicas del país.

Firma digital: un rol vital

Para hacer operativa esta estrategia, el Gobierno emitió la Directriz Nº 019-MP-MICITT. En ella se ordena “a los jerarcas de la Administración Central”, definir una agenda institucional de gobierno digital, “que constituya la estrategia en la cual se definan los proyectos, metas, indicadores y responsables de las iniciativas institucionales que se desarrollen para atender todas las disposiciones de esta directriz”.

Estas agendas institucionales, deben estar alineadas a la propuesta digital del Bicentenario, compuesta por seis ejes estratégicos, titulados: Pura Vida Digital, CR Inteligente, Transformación Empresarial 4.0, Sociedad Innovadora, Buena Gobernanza, y Costa Rica Conectada.

La directriz también plantea algunas variables que debe cumplir la administración pública en determinados plazos de tiempo.

En primer lugar, obliga a los jerarcas a introducir tres nuevos trámites de gobierno digital con el mecanismo de firma digital certificada, cuyas soluciones se deben implementar antes del 1.º de diciembre del 2020.

De acuerdo con Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), han notado que las personas no solicitan la firma digital porque existen muy pocas alternativas donde puedan utilizarla, a su vez, las instituciones dicen no implementar la herramienta “porque nadie la usa”, generando un “círculo vicioso”.

Otro punto importante, es que las instituciones deberán modificar los formularios o plantillas que se utilizan en la actualidad para que soporten mecanismos y normativas vigentes en materia de firma digital certificada.

“La transición deberá llegar a que al menos un 75% de todos los documentos que se gestionan y conservan en la institución sean documentos electrónicos firmados digitalmente, antes del 1.º de diciembre del 2020”, indica la directriz.

También, le señala a la administración central y descentralizada, que debe implementar un sistema de identificación ciudadana seguro, utilizando fuentes de datos oficiales y mecanismos biométricos, que permitan identificar adecuadamente a los ciudadanos costarricenses en sus servicios de atención al público, de manera progresiva, debiendo cubrir al menos 50% de todas sus ventanillas de atención ciudadana antes del 1.º de diciembre del 2020.

Los entes del Estado tampoco podrán iniciar procesos de adquisición de soluciones informáticas relacionadas con sistemas de identificación biométrica automatizada. "En el caso de aquellos ya iniciados que se encuentran sin adjudicar, cada jerarca deberá valorar cuáles pueden rescindirse, según el marco legal aplicable.

El gran reto: la articulación

El ministro Salazar dijo a La Nación que trabajan con un grupo, en donde están todos los directores de tecnología de las instituciones del Estado, para elaborar un inventario y saber “qué tienen, qué necesitan y en qué van a invertir”.

“Porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta si dos instituciones están haciendo gastos separados para hacer una misma cosa, entonces, cuando hablamos de toda esta articulación que hemos empezado a hacer, se vuelve más eficiente el ofrecer servicios, el generar la construcción de un mapa de ruta, y eso nos permite a nosotros saber exactamente hacia dónde debemos apuntar”, explicó el jerarca.

Salazar, quien ejerció como director del programa de Gobierno Digital en sus primeros años de desarrollo, aseguró que uno de los puntos clave que guían el planteamiento, es que no existe un “sin egoísmo político”, ya que no parte de cero, sino que considera lo que se ha hecho bien en administraciones pasadas.

Costa Rica ha logrado en los últimos años implementar una serie de herramientas tecnológicas, sin embargo, muchos de estos esfuerzos operan de forma aislada. La idea es que esto se elimine por medio de la creación de un catálogo único de servicios y trámites de gobierno digital, al que los ciudadanos puedan acceder por medio de un portal web.

Uno de los más innovadores instrumentos con los que cuenta el país, es la firma digital, la cual se comenzó a implementar luego de que en agosto del 2005 se promulgara la ley de certificados, firmas y documentos electrónicos y que su correspondiente reglamento se emitiera en marzo del 2006.

Otro ejemplo, es que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) desarrolla desde el 2008 el proyecto de Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Por otro lado, desde el 2014 el país también cuenta con el programa informático de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), que permite hacer de manera digital los trámites para exportación e importación de productos.

“Esta estrategia nos permite a nosotros como ministerio rector, el poder llegar ser un integrador de esa visión para saber que vamos por la ruta correcta y no que todo mundo está trabajando en elementos separados, sin que exista la coherencia entre todo lo que se hace”, indicó Salazar.

El ministro reconoció que no ha sido una labor fácil, ya que requiere poner todas estas implementaciones dentro de una misma articulación, que permita fijar las bases para que la estrategia digital de las distintas instituciones coincidan unas con las otras.

“En este momento se tienen varios sistemas de identificación por huella digital, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)?, firmando un convenio para que todas las instituciones del Estado, en trámites del Estado, puedan utilizar la base de datos que tiene el TSE para firma digital”, dijo.

Salazar ejemplificó el gran reto que tienen al frente con el caso del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que permite llevar el control de las ayudas sociales que brinda el gobierno.

Adicionalmente, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está trabajando en el expediente de la niñez

"Entonces, la idea es que ese expediente de la niñez debe estar interconectado con el EDUS y el Sinirube “para que no solamente sirva para la niñez, sino que también sirva para llevar el control hospitalario y que además de eso sirva para ver cuáles son las ayudas que se le han dado desde el punto de vista social”, manifestó.

Los ejes

Las instituciones tienen hasta el fin de año para completar el proceso de revisión y que los proyectos propuestos se puedan comenzar a desarrollar en el primer cuatrimestre del 2019. Bajo la limitación de que las propuestas deben estar enmarcadas en los seis ejes fijados y sus respectivas líneas de acción.

“La estrategia de transformación digital no es un proyecto Miccitt, es un proyecto articulado por el Micitt, pero donde todas las instituciones tienen la obligación de poner su grano de arena para poder lograr una construcción efectiva de esta transformación”, advirtió el jerarca.

En el caso del eje Pura Vida Digital se busca: ofrecer servicios integrales de salud (como el EDUS), la implementación del pago electrónico de transporte público, la unificación de los servicios y trámites en un solo portal web, así como potenciar los canales electrónicos en las municipalidades.

CR Inteligente plantea la creación de un código nacional de tecnologías digitales, a partir de un compendio de políticas públicas que establezca los requisitos y los mínimos deseables para la adquisición, desarrollo y gestión de las tecnologías y los servicios digitales del sector público costarricense.

Asimismo, busca potenciar la identidad ciudadana en entornos digitales; disponer de un catálogo nacional de servicios digitales para que las instituciones públicas puedan contratar y compartir de manera única, centralizada y más

Aquí también se incluye el desarrollo de la ‘Estrategia Nacional de Ciberseguridad’, un punto clave, ya que según Salazar “a veces conceptualizábamos los sistemas y se nos olvidaba la parte de ciberseguridad”.

“El tema de ciberseguridad no existía, ahora tenemos un protocolo para atender llamadas, el análisis de amenazas, de vulnerabilidades; estamos capacitando gente en Corea del Sur para el uso de los centros de monitoreo”, afirmó.

En cuanto a la Transformación Empresarial 4.0, esta plantea aspectos como el expediente empresarial único empresarial, impulso del teletrabajo, un repositorio digital de información del sector agro, poner las tecnologías digitales al servicio del desarrollo turístico nacional, y articular el uso de los fondos de apoyo iniciativas de base digital.

“Esto no va a terminar con este gobierno, esto tiene que convertirse de una iniciativa primaria al desarrollo de una iniciativa país que perdure, que se convierta en una decisión de Estado a través del tiempo”, destacó Salazar.

Por otro lado, Fidel Jaramillo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, dijo que “las tecnologías digitales pueden traer beneficios a toda la economía, en cuanto a mejoras de productividad, expansión de oportunidades de negocios, mejora en la eficiencia, calidad y transparencia en los servicios públicos, y mejoras en el bienestar social mediante la reducción de impactos ambientales”.

El funcionario advirtió que las transformaciones de este tipo “solo podrá realizarse en aquellos países donde estén presentes factores habilitantes y tengan el absoluto compromiso político de sus ciudadanos, de sus gobiernos y sus instituciones para emprender en dicha transformación”.

Para el representante del BID, el país “está bien posicionado para dicha transformación”, gracias a que en los últimos años Costa Rica ha alcanzado importantes logros en materia de transformación digital.