
Un hombre de apellidos Galo Reyes, de 42 años, fue declarado rebelde por el Tribunal de Flagrancia de Goicoechea tras ausentarse de una audiencia penal —prevista para el 11 de octubre— en la que se discutiría si el caso que se le imputa por abuso sexual en contra de una de sus alumnas menores de edad, se seguiría por flagrancia o por la vía ordinaria. Así lo confirmó el Ministerio Público a La Nación.
Galo, quien impartía lecciones de inglés en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, si asistió a la primera audiencia a la que se le convocó, la cual se llevó a cabo el pasado 17 de setiembre.
Sin embargo, en esa ocasión, el señalamiento se suspendió porque el Tribunal de Flagrancia continuaba a la espera de varias pericias judiciales y de que el Ministerio Público recabara elementos probatorios para elaborar la acusación en contra del educador.
Ese mismo día, el Tribunal convocó a la segunda audiencia para continuar el debate, fue entonces cuando Galo se ausentó.
“Confiamos en que las autoridades puedan hacer justicia a la menor y su familia y que en este caso no haya impunidad de una ‘educador’ ante su inasistencia a un llamado de una jueza de la República”, declaró a este medio Miguel Gutiérrez, abogado de la familia de la adolescente.
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Galo fue detenido el pasado 29 de agosto, cuando salía de un motel en Curridabat, con su alumna de 16 años, con quien habría pasado varias horas.
Al docente se le investiga por los presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad y seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos, bajo el expediente 25-000803-1898-PE.
El caso fue atendido por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito de San José y, durante la audiencia inicial, realizada en agosto, el tribunal ordenó a Galo mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez por semana y no tener contacto con la menor, ni con su familia.
Además, se le prohibió salir del país y, por un mes, no dar clases en el centro educativo al que asiste la joven.
Desde agosto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió una causa disciplinaria y reubicó al docente en labores administrativas por el tiempo que dure la investigación.

Los hechos
Galo, quien es vecino de La Unión, en Cartago, tiene un antecedente por hostigamiento sexual, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP) a La Nación.
El sistema INTEGRA2, del MEP, precisa que Galo es funcionario de esta cartera desde hace 5 años. “El año pasado fue denunciado por hostigamiento sexual, causa que concluyó con el dictado de una absolutoria”, respondió la entidad tras consultas de este medio.
La mañana del 29 de agosto, cuando fue interceptado por la policía en las afueras del motel, la madre de la joven de 16 años relató a La Nación que su hija había desaparecido de la vivienda desde las 3 a. m. y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.
Los padres de la joven rastrearon el teléfono de la menor hasta el motel de una reconocida cadena de establecimientos de este índole y allí, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.
“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó la madre a este medio en aquellos días.
Durante el 2024 se registraron 44 denuncias contra profesores por abuso sexual y 19 en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del MEP.
El Código Penal establece penas de prisión de entre tres y ocho años por el delito de abuso sexual a personas menores de edad. Por su parte, el delito de seducción por medios electrónicos se castiga con condenas que pueden ir desde los dos y hasta los cuatro años de cárcel.