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El Tribunal Penal de Hacienda determinará si sigue libre o no, un Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sospechoso de simular la vacunación de adultos mayores en La Unión de Cartago.
La audiencia está programada para las 8:30 a. m. de este viernes en los Tribunales de Goicoechea.
Por ley esa reunión es privada, de modo que solo participarán las partes involucradas.
El sospechoso, de apellidos Arrieta González, fue detenido por agentes del OIJ en Sabanilla el 30 de abril, pero al día siguiente quedó libre y sin medida alguna, pese a que la Fiscalía había solicitado medidas cautelares. Ante esa situación, el Ministerio Público apeló.
El Poder Judicial decidió pasar al caso a un tribunal de alzada, que decidirá si se acoge o no lo resuelto por el Juzgado de La Unión.
Por tratarse de un funcionario público, se acordó que el expediente pase de un tribunal ordinario, hacia el Tribunal Penal de Hacienda, que es el encargado de los casos donde se involucra a los burócratas.
Video revelador
La detención del sospechoso surgió luego de que Elías Rodríguez, de 82 años, puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Rodríguez lo hizo amparado en un video que captó su hijo donde se ve que Arrieta realiza la punzada en el hombro, pero saca la aguja sin que el líquido de la jeringa sea aplicado al adulto mayor. Ese video luego se hizo viral en redes sociales.
Días después, la Caja también denunció ante la Fiscalía el caso, según lo afirmó Gerardo León Solís, jefe del Área de Investigación y Seguridad Institucional.
De momento, contra Arrieta hay tres denuncias acumuladas, pues la Fiscalía confirmó que otras dos personas denunciaron al técnico de la CCSS por el mismo tipo de delito en el OIJ de La Unión.
Ahora se trabaja en la investigación y en la etapa de recolección y análisis de prueba.
Por su parte, la CCSS separó del cargo al funcionario y le abrió un proceso disciplinario. Mientras que a don Elías Rodríguez se le aplicó la respectiva vacuna.
El 29 de abril, al trascender el caso, el abogado penalista Federico Campos, dijo a La Nación que el hecho investigado podría configurar el delito de incumplimiento de deberes, en razón de que es un funcionario público faltando a los deberes y obligaciones en favor de la salud pública.
Advirtió que de haber personas que creyeron ser vacunadas, y enfermaran gravemente porque realmente no estaban protegidas, podrían poner al funcionario y a la Caja frente a un tema de responsabilidad civil, es decir, de reclamos económicos por daños.
Incertidumbre
Dos vecinos de Elías Rodríguez, llamados Teresita Solano y su esposo Rafael Montero, conversaron con el afectado y luego decidieron ir al OIJ de La Unión a interponer las denuncias.
Ellos son parte de unas 1555 personas que según los registros de la Caja fueron atendidas por el funcionario investigado. De ellas 1005 acudieron para la primera vacuna y 550 para las dos dosis.
Ante la presunta irregularidad en el cumplimiento del protocolo de vacunación detectado en el Ebáis de la Unión, la Caja resolvió el 19 de mayo dar consulta a las personas que puedan sentirse afectadas, informaron en un comunicado.
Mediante consulta telefónica, un médico hará un abordaje clínico de esos usuarios, para que estén más seguros de la protección frente al virus.
“La Caja acepta y reconoce el estado de incertidumbre suscitado por esta situación en la cual el usuario pudo estar expuesto ante una vacunación simulada”, dijo esa vez el gerente médico, Mario Ruiz.
Añadió que comparte con los afectados su preocupación y los llamó a llegar al punto de mayor confianza posible, incluyendo la oferta de exámenes de anticuerpos para quienes quisieran constatar si se les vacunó o no, aún cuando esa información no es cien por ciento concluyente.
“Esto lo decidirá la persona, en virtud de su autonomía, luego de tener la información y el consejo adecuado y así pueda tomar las decisiones que le den tranquilidad frente al riesgo de enfermar y su propia incertidumbre”, dice el comunicado de la CCSS.
