Carlos Láscarez S.. 28 enero
El caso quedó bajó la investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, situado en el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fotografía José Cordero
El caso quedó bajó la investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, situado en el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fotografía José Cordero

El Poder Judicial descubrió a siete de sus funcionarios como candidatos de partidos políticos en las elecciones municipales del domingo 2 de febrero, participación que les está prohibida por ley.

Así lo dio a conocer la tarde de este martes la oficina de Prensa del Poder Judicial, al señalar que las personas quedaron al descubierto en un análisis de datos que hizo la Oficina de Cumplimiento de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial.

Ante consulta de La Nación, sobre si se trata de hombres o mujeres, indicaron vía telefónica que desconocen ese dato. Solo apuntaron que laboran en puestos técnicos y de apoyo en diferentes oficinas judiciales.

¿Qué pasará con ellos? Los siete casos se pasaron el 24 de enero al Tribunal de la Inspección Judicial, el máximo órgano disciplinario del Poder Judicial, donde se juzgará qué tipo de sanción corresponde aplicar.

El informe se basa en las prohibiciones establecidas en el numeral 9 incisos 5) y 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone la prohibición a todos los funcionarios del Poder Judicial.

El inciso 5 indica: la prohibición de “cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales” y el “tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos”, señala el inciso 6.

La Oficina de Cumplimiento, en un trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia de la Información de la Dirección de Tecnología, realizó el análisis con indicadores de riesgos de conflictos de intereses e incompatibilidades, confrontando datos que arrojaron el resultado.

Ese departamento fue creado en la sesión de Corte Plena N°9-19, artículo 20 y tiene como fin fortalecer la lucha contra la corrupción; además tiene autonomía e independencia funcional y de criterio.