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La empresaria Mélida Solís pagará una multa de ¢163 millones que le permitirá librarse de un juicio en el que se habrían ventilado hechos ocurridos en el receso navideño del 2011, cuando el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le hizo un pago adelantado de ¢1.000 millones a la constructora H Solís, por obras de reparación en el tramo que va del aeropuerto Juan Santamaría al cruce del restaurante Manolo’s, las cuales se concluyeron hasta el 2013.
El pago de la multa lo dispuso el Tribunal Penal de Hacienda, luego de rechazar una apelación planteada por la Contraloría General de la República y la Fiscalía, que se oponían a una conciliación entre los imputados y la Procuraduría General de la República. En este asunto, además de Mélida Solís, el Ministerio Público también había acusado a varios exfuncionarios del Conavi, a quienes se les atribuía el supuesto delito de pago irregular de contratos administrativos, según el expediente N.° 13.000045.0621-PE.
En una audiencia realizada el pasado 16 de agosto, la Procuraduría se había manifestado de acuerdo con el pago de la multa: “Llegada la propuesta y tomando en consideración que se está cancelando la totalidad del daño, además de valorar las situaciones propias de la causa, se llega a la consideración de que la propuesta es lo más favorable para el Estado y se decide aceptarla”. Sin embargo, la Contraloría y la Fiscalía apelaron.
Casi un mes después, el Tribunal Penal de Hacienda notificó este jueves a Francisco Campos Aguilar, defensor de H Solís, sobre el voto N.° 345-2021, (del cual La Nación tiene copia) donde el juez Alfredo Arias Calderón declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos. A raíz de lo resuelto, lo único que ahora se puede hacer contra esta resolución es pedir aclaración y adición por alguna de las partes y luego quedará en firme. “Luego de esto estaríamos procediendo en cumplir con las condiciones del acuerdo”, es decir realizar el pago para evitar el juicio, dijo Francisco Campos al medio de comunicación Amelia Rueda.
Millonaria multa
18 meses después de que se hizo el giro de ¢1.000 millones, el Estado pudo recuperar ¢956,6 millones que el Conavi pagó por adelantado a la constructora por 5.000 toneladas de cemento. Posteriormente, la Contraloría cuantificó en ¢88 millones el monto por cobrar a H Solís como costo de oportunidad, porque tuvo durante año y medio el dinero sin que la obra estuviera concluida y luego la Procuraduría General de la República estimó el daño social en ¢75 millones, para un monto total de ¢163 millones.
Por estimar que no se trató de sustracción de dinero y para no ir a juicio, la empresa H Solís estuvo de acuerdo desde el 2017 en pagar al Estado las sumas establecidas por la Contraloría y la Procuraduría y así cerrar el caso.
Sin embargo, luego de varias audiencias la Contraloría informó en agosto pasado que por razones jurídicas que buscan “la tutela de la Hacienda Pública”, se oponía al arreglo con H Solís, tesis que fue secundada por la Fiscalía y por eso objetaron, pero el Tribunal estimó que la representación del Estado recae sobre la Procuraduría, entidad que sí estaba anuente en la conciliación y cuya tesis prevaleció.
Según el voto dictado, “la única representante del Estado Costarricense es la Procuraduría General de la República. La normativa es muy clara en relación a las limitaciones procesales en las que puede intervenir la impugnante (Contraloría), el hecho que pueda querellar no la hace representante del Estado, ni le otorga la condición de víctima y por ello ninguna participación le otorga en el instituto de la conciliación, más allá de una mera contralora de legalidad”.
Este viernes al mediodía la Procuraduría aún no había sido notificada por el Poder Judicial, razón por la cual, aunque su tesis fue la reconocida por el juez de apelación, optaron por no referirse al voto.
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Inicialmente, en esta causa figuraban como imputados Mélida Solís y el exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo, quien desde el pasado 14 de julio volvió a coincidir en denuncias con la empresaria, pues aparece como imputado en el Caso Cochinilla, el cual es totalmente ajeno a esta causa.
A ellos se sumaban Marco Rojas Jenkins, quien era el gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi; la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas; y la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza. No obstante, en el último fallo del Tribunal Penal no se consignan ni esta última, ni Solís Murillo, por lo que se desconoce su situación jurídica.
Se vulnera el estado de Derecho
La División Jurídica de la Contraloría informó de que desde que comenzó este proceso, en el 2013, se apersonaron con múltiples gestiones procesales procurando una lucha contra la impunidad, la defensa de los fondos del Estado y la probidad en la función pública.
“Para la Contraloría General de la República se trata de un lamentable precedente que exige continuar fortaleciendo los mecanismos de combate a la corrupción en sede penal y que no se agota únicamente en el cobro de una determinada suma económica”. Esa entidad sostiene que el deber de probidad de los funcionarios públicos exige la efectiva realización de justicia en todos los ámbitos con la imposición de las condenas acordes con la gravedad de las conductas delictivas.
Sostienen que han ejercido, sin resultado favorable, todas las posibilidades procesales a su alcance en tutela de la desprotegida Hacienda Pública y no aceptan una medida alterna que implique impunidad ante acciones delictivas tan graves y perjudiciales sobre la gestión de los fondos públicos.
“Este tipo de situaciones vulnera la confianza y credibilidad en el Estado Democrático y Social de Derecho”, dice la respuesta del ente contralor, que fue notificado por el Tribunal Penal de Hacienda la mañana de este 15 de octubre.
