Crisis carcelaria provocó suspensión de 38 audiencias penales

Esa sobrepoblación era derivada de un problema en cadena, pues el Ministerio de Justicia alegó en esa misma época que sus centros penitenciarios estaban colapsados (y lo siguen estando) y que no podía recibir a más presos, por lo que las ubicaciones por prisión preventiva o condena se retrasaron y tardaban incluso más de un mes. Esto, a pesar de que la Sala Constitucional le da un espacio máximo de tres días para ubicar en algún centro penal a todo reo con su situación jurídica definida.

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Ese colapso carcelario llegó a su punto álgido entre julio y setiembre pasado, tiempo en el que este problema provocó la suspensión de hasta 38 audiencias penales en diferentes juzgados y tribunales, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de este medio. Pese a que se pidió la información detallada sobre en cuáles Tribunales fueron suspendidas dichas diligencias, así como los costos que esto implicaba para el Poder Judicial, no fue posible obtener los datos.

Lo que sí indicaron es que estos asuntos fueron retomados incluso varias horas después, cuando el recluso logró ser trasladado, sin embargo, todo este retraso “repercutió en que tanto víctimas como testigos y los mismos imputados tuvieran que esperar (...) con el agravante de que, en muchos casos, eran personas de escasos recursos económicos, lo que afectó tanto su alimentación como su traslado a sus lugares de origen en horas muy avanzadas del día”.

En otros escenarios, en donde fue legal y materialmente posible, algunas de las audiencias afectadas terminaron haciéndose por videoconferencia. No apuntaron cuántas fueron realizadas de manera virtual.

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Muchos señalamientos, pocas soluciones

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Este problema de hacinamiento en celdas judiciales no es nuevo, pero no fue hasta julio del 2020 cuando comenzó una de las peores crisis en relación con esto. En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resaltó que estaban teniendo una saturación importante porque Justicia ralentizó la recepción de los reclusos con situación jurídica definida.

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Eso les generaba tener pocos egresos de esos espacios, mientras que los ingresos eran a diario, máxime si había algún megaoperativo con varias personas detenidas al mismo tiempo. La situación se salía de control, pero Justicia se mostraba ‘indolente y pasivo’, según había indicado en aquel momento, Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial.

Los meses pasaban y los números continuaban en rojo, hasta que un año después, en julio del 2021, la crisis se acentuó por todo lado: Justicia salió diciendo que el hacinamiento en el sistema penitenciario les impedía recibir a más reos y el OIJ estaba urgido en descongestionar sus celdas porque o sino dejarían de detener personas y de atender juicios no urgentes.

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El ministerio, en aquel momento, se enfocó en buscar responsables de la situación carcelaria y su jerarca, Fiorella Salazar, insistía en que la sobrepoblación obedecía a que los jueces de Ejecución de la Pena les impedían colocar a reos en espacios que, en un principio, son de esparcimiento de la población o para asuntos educativos, como gimnasios y aulas. Además, señalaba, tampoco les dejaban usar los más de 300 espacios libres en la cárcel de San Sebastián, la cual tenía orden de desalojo desde el 2016 por sus precarias condiciones.

Esto ocurría en momentos en que la nueva cárcel Terrazas, en Alajuela, lista para usarse desde diciembre del 2020, estaba en desuso por falta de presupuesto. La misma pudo abrir hasta noviembre pasado como parte de la solución al grave hacinamiento.

Por su parte, los jueces se sacudían de las críticas y aseguraban que el ministerio, en lugar de pensar en sobrepoblar más los centros penales, debería echar mano de los beneficios carcelarios y así aliviar la crisis penitenciaria.

En medio de todos estos señalamientos entre las partes, la entidad pidió a la jueza de Ejecución de la Pena de San José, Mayra Acevedo, valorar nuevamente la posibilidad de abrir San Sebastián. Antes de dar su decisión, la juzgadora ordenó a Justicia abstenerse de brindar información a la prensa sobre este centro, lo cual fue catalogado por el ministerio como una “mordaza”. Tras esa situación, Acevedo accedió a reabrir por un tiempo definido la cárcel de San Sebastián para permitir la descongestión de las celdas judiciales, las cuales a hoy volvieron a su dinámica normal.