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El diputado alajuelense Edgardo Araya fue designado este jueves como el nuevo jefe de fracción del Frente Amplio. A partir del próximo 1.° de mayo él sustituirá a Gerardo Vargas Varela, quien desempeñó esa labor durante los últimos dos años. (Jeffrey Zamora)
Los magistrados de Corte Plena acordaron en la sesión de ayer, por mayoría, dar luz verde a la Sala Tercera para que inicie un juicio contra el jefe de la fracción legislativa del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien enfrenta una demanda por difamación que presentó la empresa Industrias Infinito.
Los magistrados discutieron un informe realizado por el presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, el cual recomendaba enviar la solicitud del levantamiento de inmunidad al Congreso.
Sin embargo, con una votación de 15 magistrados a favor y siete en contra, se decidió que no era necesario hacer ese trámite legislativo, pues ya el legislador frenteamplista había manifestado públicamente su renuncia a la inmunidad y era de conocimento del plenario.
El 18 de agosto de 2014, Araya anunció que renunciaba al fuero constitucional que tiene para agilizar el juicio oral y público en su contra, el cual se ha visto retrasado desde antes de que asumiera como diputado, porque el abogado de Inifinito se ha declarado enfermo en cuatro ocasiones.
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Asimismo, la Sala Tercera ya había ordenado la preescripción de la causa contra Araya en febrero de 2015. No obstante, Araya renunció a esa decisión de la Sala y pidió continuar con el proceso judicial.
De acuerdo con el magistrado Chinchilla, ahora solo falta que la Sala Tercera fije una fecha para el inicio del debate.
La demanda por difamación en contra de Araya se dio por unas declaraciones que dio al inicio del juicio en Tribunal Contencioso Administrativo contra la declaratoria de interés público de Crucitas, el cual terminó el 24 de noviembre de 2010, con la anulación del contrato entre el Estado y la empresa minera.
Otro diputado. En la sesión de ayer, la Corte también acordó enviar al Congreso el expediente de una demanda por injurias contra el frenteamplista Carlos Hernández, para que inicie el procedimiento de levantamiento de inmunidad.
El caso de Hernández ya se había resuelto en marzo de 2014, cuando un Tribunal Penal de Desamparados lo absolvió junto a otros demandados. El caso se llevó a un Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, el cual también los absolvió en octubre de 2014.
No obstante, el defensor del demandante presentó un recurso de casación ante la Sala Tercera, alegando "violación al principio de juez natural", ya que cuando Hernández fue absuelto, en octubre de 2014, ya era diputado, por lo que debió haber sido enjuiciado en la Sala Tercera, por ser miembro de los Supremos Poderes.
La Nación intentó conversar con Hernández para consultarle si renunciará a la inmunidad para enfrentar de nuevo la causa, pero no respondió las llamadas a su celular.
