
La falta de pruebas testimoniales y documentales contra un hombre de apellidos Valdivia Sing, hicieron que la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico solicitara la absolutoria para el vecino de Tibás, quien está acusado de ser el operador del primer laboratorio de fentanilo descubierto en el país.
La tarde de este martes el Ministerio Público completó la fase de conclusiones en el juicio que se desarrolla en los tribunales de Pavas. El fiscal Eduardo Dall’Anese solicitó que Valdivia sea absuelto por duda.
El funcionario explicó que, pese a tener indicios que señalan al sospechoso como el cabecilla de la organización, fue imposible llevar al debate prueba contundente en su contra y citó como ejemplo la compra controlada de cien pastillas de fentanilo, que hizo un agente de la Policía de Control de Drogas durante la investigación.
“El mismo oficial encubierto nos dice que cuando iban de camino (para hacer la compra), el intermediario recibe una llamada supuestamente de Valdivia Sing que le dice, ‘yo no voy a estar, pero va a estar la doña, ella le entrega la droga’ y cuando se le allana no se le encuentra droga”, dijo el fiscal.
En el debate también figuran un hombre de apellidos Arroyo Sancho y un colombiano, Martínez Gómez, para quienes el fiscal Eduardo Dall’Anese solicitó una pena de 14 años de prisión para cada uno, al argumentar que sí se les demostró que transportaron y vendieron en una ocasión 98 pastillas contaminadas con fentanilo y en otra oportunidad un lote de 400 pastillas de la llamada droga zombi.
Dall’Anese justificó la petición de pena basado en el daño social que genera la venta de este tipo de estupefaciente: “El daño a la salud para los consumidores es altísimo, no es lo mismo una piedra de crack que 400 pastillas de fentanilo, el reproche es mayor, se daña a la sociedad entera” dijo.
El representante del ente acusador agregó que cada 10 horas matan a una persona en el país y que la mayoría de esos homicidios están relacionados con las disputas por drogas, e hizo alusión al triple homicidio ocurrido el viernes 15 de agosto en el Bar Howard’s en Lindora de Santa Ana.
En ese hecho fueron asesinados un sujeto de apellidos Garbanzo Rodríguez alias Mufasa, presunto cabecilla de la banda los Myrie, un sujeto apellidado Sanabria Salas, vinculado con un grupo de Pavas, conocido como los Coqueros y un cliente del bar, quien fue víctima inocente del ataque armado.
“Un bar bonito donde llega mucha gente, con mucho ambiente para gente joven y llegan dos malnacidos, hacen una balacera y matan tres personas, ese es el daño social, ese es el reproche que tiene esta gente que vende drogas”, aseveró Dall’Anese.
Mario Alberto Quesada, abogado del imputado Arroyo Sancho, dijo que probará que en este caso se usó la figura del agente provocador, es decir, que su cliente fue inducido a vender drogas. Por su parte, Sebastián Rivera, defensor del sospechoso de origen colombiano calificó como pésima la investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD), pues a su criterio nunca verificaron si hubo algún tipo de transacción de droga.