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Desastres de la última década, tales como el terremoto de Nicoya del 2012, el paso del huracán Otto en el 2016 y la destructiva tormenta tropical Nate en el 2017, son parte de los que han dejado pérdidas por más de $1.128 millones entre el 2011 y el 2020, (más de ¢777.000 millones) según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Además de esas pérdidas materiales, la entidad informó en un comunicado de prensa que entre el 2011 y el 2019 se contabilizaron 110 muertes asociadas a esos eventos.
Los daños entre el 2011 y el 2015 fueron estimados por la CNE en $308 millones, mientras que entre el 2016 y el 2020 llegaron a $820 millones, un crecimiento de más del doble entre un cuatrienio y otro.
Este martes se inició una capacitación para afinar el conocimiento de 57 colaboradores públicos con experiencia en responder ante desastres, para que puedan liderar y evaluar las necesidades después de que ocurra algún evento grave.
Eso permitirá tomar decisiones sobre la inversión requerida, reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos y planificar la reactivación económica y social de comunidades y sectores productivos.
Los participantes son de instituciones de servicios como agua, energía y transporte, así como en áreas de agricultura, saneamiento, impacto humano, vivienda, educación y salud.
Durante cuatro días van a actualizarse sobre las necesidades de recuperación y el impacto económico que se genera luego de terremotos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y otros.
Maria Antonia Calvo, embajadora de la Unión Europea, dijo que la reducción de riesgos es vital para acelerar acciones contra el cambio climático y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Mediante una red de especialistas internacionales ese organismo apoyará al país para generar resiliencia, es decir capacidad para reponerse ante adversidades y ayudar a quienes viven en mayor situación de vulnerabilidad ante posibles desastres.
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Uno de los sectores que urge de intervención es la urbanización Valladolid, en San Miguel de Desamparados, donde 28 casas colapsaron en el 2020, hay cuatro familias que viven en condición de gran vulnerabilidad por deslizamiento (condición naranja) y otras 20 con cierto grado de riesgo (condición amarilla).
La tormenta Nate fue la que falseó el terreno y desde entonces han ocurrido dos enormes desprendimientos.
Aunque se desarrolló un millonario proyecto de estabilización en la administración pasada, el mismo pasó a la presente administración y no fue adjudicado a nadie. Los vecinos cruzan los dedos cada vez que oyen llover.
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