Ministerio de Salud ordena a 84 familias desalojar casas a orillas del río Turrialba

Una orden de desalojo emitida por el Ministerio de Salud les fue dada a 84 familias, luego del temporal que, entre el 22 y el 26 de julio pasados, azotó Turrialba, el Caribe y la zona norte.

Sin embargo, decenas más podrían sumarse a la lista de viviendas que deben quedar fuera de los diez metros a cada lado del río Turrialba. Lo anterior, luego de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) delineó las áreas de riesgo, con base en fotografías de alta resolución en las regiones devastadas.

De acuerdo con Lidier Esquivel, jefe de Investigación y Análisis de Riesgos de la CNE, la idea es reducir el peligro y que cada vez haya menos casas que puedan ser arrasadas al crecer el caudal del río. Ese temporal de Turrialba y el Caribe resalta como la emergencia por lluvias que más daños ha causado en el 2021, con millonarias pérdidas en casas, carreteras, comercio y sector agropecuario.

Muchas viviendas y construcciones colapsaron cuando la crecida del río Turrialba socavó las paredes de su cauce y arrasó con ellas en ambas riberas, mientras que otras quedaron falseadas. Dichosamente, las familias pudieron salir y no hubo víctimas mortales.

Aunque el Instituto Meteorológico Nacional había alertado por las lluvias asociadas a la onda tropical N.° 17 de la temporada, la magnitud del fenómeno sorprendió a todos.

Con ayuda de un dron y aportes de la empresa privada, la CNE obtuvo las fotogrametrías pocos días después de la emergencia, de modo que se pudo precisar por dónde bajaron las rocas, troncos y otros materiales, así como las áreas que urge proteger.

Aunque ese temporal fue un evento extremo, con máximos de lluvias que no se registraban desde hacía 79 años, la variación climática sugiere que puede volver a repetirse, por lo que la Comisión identificó las zonas que deben desalojarse, así como una franja de contención, donde pueden permanecer las estructuras que actualmente están en pie, pero sin posibilidad de ampliación o modificación alguna. Tampoco se pueden dar nuevos permisos para otras edificaciones.

“Hay una zona roja, donde no hay nada qué hacer. Se prohíbe construir, no se debe desarrollar y ni siquiera estar ahí, por lo que le dijimos a la Municipalidad que no puede dar permisos de construcción ni de reconstrucción”, dijo Lidier Esquivel.

Por ejemplo, las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), destruidas parcialmente, deberán ser demolidas y esa entidad, que hasta ahora ha venido trabajando en oficinas prestadas por otras entidades, deberá construir en una zona más segura, para lo cual ya hizo la licitación. En cuanto a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se perdió una zona de bodegas y parqueo, pero sus oficinas quedaron en la parte de contención, por lo que han seguido operando en esa ciudad. Empero, no podrán modificar el edificio.

Varios dueños de viviendas apelaron las órdenes de desalojo emitidas por el Ministerio de Salud, pues afirman que no tienen para dónde irse una vez que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) deje de darles el subsidio de alquiler.

“No se trata de un desalojo inmediato, ni de dejar a las familias en la calle. Sabemos que es difícil por el desarraigo que conlleva. Sin embargo, buscamos replantear el modelo de desarrollo del río Turrialba, de modo que, poco a poco, la gente se aleje del cauce y los usos de esos terrenos sean más compatibles con el riesgo”, agregó Esquivel.

El principal escollo se debe a la erosión de laderas, porque a ambos lados del río hay arena en los taludes y, cuando el nivel del agua aumenta, lava ese material y se lo lleva. “No es tanto lo que afecta la inundación, pero sí la erosión”, agregó Esquivel.

Según el alcalde, Luis Fernando León, el desalojo de ciertos terrenos llevará más tiempo en resolverse, pues se requiere una intervención a largo plazo. Dijo que el Concejo Municipal mostró apertura y anuencia al informe de la CNE, conscientes de lo urgente que es proteger a las familias mediante la reducción del riesgo.

“Actualmente, con el geógrafo de la Municipalidad, se está agregando cada uno de los planos a la herramienta que nos dio la Comisión de Emergencias, para ver cuáles quedan dentro de la franja de diez metros y notificarles en los próximos meses, para que busquen otro sitio dónde vivir. No es un trabajo fácil, pues hay algunas viviendas que no tienen plano de catastro. El impacto social puede ser bastante grande”, dijo Luis Estrada, encargado de Gestión de Riesgos del municipio.

Añadió que, hasta el momento, no han procedido a ejecutar las órdenes sanitarias por respeto al debido proceso, mientras se resuelven las revocatorias o apelaciones de los afectados y se vence el tiempo límite. De manera voluntaria, unas diez familias ya dejaron las casas, de las cuales se llevaron las partes que les servían.

La Municipalidad ha detectado que algunos de los residentes en el área más afectada ya habían sido reubicados por emergencias anteriores, e incluso habían recibido un bono. “Ahorita estamos tratando con el IMAS y el Ministerio de Vivienda de entregar las ayudas a quien corresponda, para así tomar posesión de esos terrenos y tratar de hacer un parque lineal, con el fin de resguardar esa zona del río. Es un proyecto a mediano o largo plazo y alguien tiene que iniciarlo, porque, si no, el mismo río va a recuperar el terreno”, dijo Estrada.

Al aplicar la zonificación, quedarán inhabilitadas algunas casas de urbanizaciones como la Margot y barrio Roma; esta última, cerca del antiguo salón de baile Mon Río. Incluso, el municipio tiene previsto cortar los servicios de luz y agua una vez que expire el plazo para el desalojo y se hayan cumplido los trámites.

“De aquí no nos movemos”

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Un recorrido, este 15 de diciembre, por urbanización La Margot, en el centro de Turrialba, deja ver la preocupación, el descontento y la frustración de muchos vecinos, algunos de los cuales tienen más de 40 años de arraigo en ese sector, que fue uno de los más golpeados por las corrientes del río.

La casa de Kateline Rodríguez está a ocho metros del cauce, frente a Maxi Palí norte, en Turrialba. Todos los vecinos que están en esa misma línea ya tienen la orden de desalojo, pero la apelaron.

Ella dice que es imposible conseguir una casa de alquiler en Turrialba para siete personas con los ¢100.000 que les daba el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por lo que desde el inicio decidieron no moverse. “Nosotros no nos vamos, no somos precaristas, tenemos título de propiedad, pagamos impuestos y servicios de agua y luz. Todo está al día y no aceptamos que nos vengan a sacar sin darnos una solución”, afirmó.

Rocío Castillo, otra vecina, estima que si la Municipalidad hubiera dragado el río, no sería necesario movilizar a tanta gente. Añade que, con diques y mantenimiento en el cauce, se pudieron evitar tantos daños. Para ella, si de desalojos se trata, habría que mover todo el centro de Turrialba, pues estima que, en las condiciones actuales del río, toda la ciudad sufriría con un evento extremo. Recordó que muchas empresas relacionadas con construcción han querido extraer materiales del cauce, lo cual ayudaría a darle profundidad y espacio, pero dice que el municipio se opone.

María Cecilia Víquez, lugareña, calificó de indignante que le hayan ordenado irse. Expresó que tiene 31 años de vivir ahí, e incluso, mediante las ventas de tamales y repostería le había hecho arreglos a su casa, de la cual tiene todo en regla. El río se llevó el cuarto de pilas y una habitación que ella tenía en alquiler, pero dice que el resto de la estructura, que queda cerca del puente Blanco, está en buen estado.

Juan Alberto Solano Solano, de 63 años, tiene 41 de vivir en El Coyol, junto a urbanización La Margot. Él se dedica a reparar llantas y recuerda el estruendo de la noche en que el río se desbordó y se llevó parte de su taller y maquinaria.

Al igual que sus vecinos, está decidido a permanecer en la propiedad donde vive con su esposa y su suegro, de 96 años, al que cuidan. Se vieron obligados a retornar, luego de que se vencieron los tres meses de ayuda para alquiler que les dio el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El suegro es el dueño de la propiedad donde viven. Una hija y tres nietos que residían con ellos antes de la avalancha se fueron a vivir a Azul.

En el IMAS informaron de que solo en el cantón de Turrialba se otorgó el beneficio de emergencia a un total 123 hogares, con una inversión superior a los ¢84 millones. De ese total, 64 familias recibieron el beneficio de emergencia para atender las necesidades de alquiler temporal, lo que representa una inversión de ¢45,2 millones (54% de los recursos del cantón).

El beneficio de alquiler es por cinco meses, de modo que se les vence este mes de diciembre. Eso ha hecho que algunos retornen a sus maltrechas casas, al no tener cómo pagar por su cuenta el alquiler. El monto mensual que ha recibido cada familia ronda entre ¢50.000 y ¢100.000, lo cual depende del número de miembros, personas con alguna discapacidad u otros.

La unidad local del IMAS en Turrialba comenzó este mes la actualización de la Ficha de Información Social (FIS) de aquellas familias beneficiarias. Lo anterior, para el análisis socioeconómico, de modo que en enero se valorará si alguna de ellas requiere una prórroga extraordinaria del beneficio. Lo anterior dependerá de la situación de cada familia, el criterio profesional y la disponibilidad presupuestaria.

Hasta setiembre pasado, la inversión del IMAS en todas las zonas del país afectadas por el temporal que causó la onda tropical N.° 17 superaba los ¢1.089 millones, los cuales se giraron al amparo del decreto N.° 43131-MP, rubricado por el presidente Carlos Alvarado el 27 de julio.

A la destrucción causada por el río Turrialba en julio pasado, se suma la del río Colorado. Ambos están a menos de un kilómetro entre sí, en algunas partes del centro de la ciudad. Durante el temporal, las aguas del río Colorado también se rebalsaron, por lo que, al buscar una salida, irrumpieron por supermercados y tiendas en el centro de la ciudad.

La intervención en este río es aún más compleja, más delicada y de largo plazo, ya que parte de la ciudad se construyó encima y el agua corre entre alcantarillas bajo las construcciones, lo que dificulta recuperar su zona de protección. Ante lluvias fuertes, ese río puede causar estragos, como sucedió en julio, cuando tiendas y otros locales comerciales resultaron anegados, e incluso hubo que desalojar la terminal de buses Rojas Cortés, que está justo sobre los ductos.

Vías muy dañadas

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El alcalde Luis Fernando León pidió al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), reparar la carretera que une Turrialba con Siquirres, (ruta N.° 10) la cual colapsó en varias partes de San Juan Norte de Turrialba y Juan Viñas de Jiménez. Hay secciones que quedaron con un solo carril, a raíz de los deslizamientos sufridos y que todavía están así.

“Imagínense que se trata de una ruta alterna que une a Limón con la capital. Ante un cierre del paso por el Zurquí, como el ocurrido el pasado 30 de noviembre, que duró más de 36 horas, muchos conductores de buses y camiones pesados acuden a esta vía, pero se topan con presas en las partes de un solo carril”, dijo León.

El resto de zonas que quedaron aisladas tuvieron una rápida recuperación gracias a la labor de la maquinaria municipal, lo mismo que el paso por el puente Blanco, que estuvo cerrado varias semanas.

Agro agobiado

En el sector agropecuario, se vieron afectados más de 250 productores cartagineses. Según el Informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería. las precipitaciones, inundaciones y deslizamientos afectaron las actividades agrícolas y pecuarias, más allá de los 14 cantones declarados en emergencia, pues también Paraíso, Alvarado y Oreamuno, que quedaron fuera de la declaratoria, tuvieron pérdidas considerables.

Solo en Turrialba, la afectación en el primer impacto fue de 126 fincas agrícolas y pecuarias en aproximadamente 30 hectáreas. Hubo 401 animales afectados y cinco de ellos muertos, según la Agencia de Extensión Agropecuaria de Turrialba.

Entre los más afectados están los productores de leche y carne, así como quienes procesan queso y los agricultores de hortalizas, papa, repollo, brócoli, cacao, café y frutales. El exceso de lluvia también generó vulnerabilidad a plagas y enfermedades en cultivos, con pérdidas parciales o totales. Los productores también tuvieron que sortear caminos bloqueados, inundaciones, derrumbes, daños en invernaderos y afectaciones en tuberías de riego.

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