Sin pruebas para identificar a los sospechosos. Ese es el estado en que quedó la investigación por la muerte de cinco miembros de una familia en La Cruz de Guanacaste, ocurrido hace un año a un kilómetro de la frontera con Nicaragua.

Por esta razón, la Fiscalía Adjunta de Liberia archivó el caso desde el pasado 16 de febrero.

“No existe prueba alguna que permita identificar a los responsables del delito denunciado, a pesar de todas las diligencias realizadas por la Policía Judicial", afirmó el Ministerio Público ante la consulta de La Nación.

La institución aseguró que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debía mantenerse al tanto de los hechos, ya que en caso de encontrar nuevos elementos probatorios debía comunicarlo para proceder con una orden de reapertura de la causa.

El caso, sin embargo, corre el riesgo de quedar impune.

Los hechos que se indagan ocurrieron el viernes 28 de julio del 2017 por la noche, cuando el cuidador de la finca Monte de Plata encontró a una pareja, dos de sus hijos y un yerno fallecidos en el patio de la vivienda en la que estos habitaban.

Por lo remoto de la zona y las dificultades de acceso, las autoridades lograron trasladar los cuerpos de las víctimas un día después, dos de ellos en un cuadraciclo y tres en hombros por oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras.

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Ejecución violenta

Las víctimas de este hecho violento fueron Isaías Bonilla Bonilla, un costarricense de 81 años; su esposa Paula Romero Romero, una nicaragüense con cédula de residencia y cuya edad nunca fue precisada, así como los hijos de ambos, los guanacastecos Wilber Bonilla Romero (26) y Wálter Jesús Bonilla Romero (24).

Según los registros judiciales, ninguno de ellos contaba con antecedentes penales.

La quinta víctima mortal fue identificada como Carlos Alberto Pacheco, un nicaragüense de 26 años con cédula de residencia y yerno de la pareja, quien tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego permitida.

Al parecer, la noche del 28 de julio del año pasado los fallecidos fueron sacados a la fuerza de su casa, puestos en fila y ejecutados uno por uno con un disparo en la frente.

Como parte de las evidencias recolectadas en el sitio luego de los hechos está el cartucho de una escopeta calibre 12, por lo que se presume que fue el tipo de arma de fuego utilizada por los pistoleros para el homicidio múltiple.

La Policía Judicial atribuyó los hechos a una venganza, aparentemente contra Carlos Alberto Pacheco.

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Presuntamente, Pacheco habría participado en el homicidio de una persona vinculada al narcotráfico en Nicaragua y luego de eso regresó a Costa Rica.

De acuerdo con el OIJ, esa hipótesis es la más fuerte porque el hombre era el único que, además del balazo en la frente, tenía sus manos esposadas.

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La familia masacrada se dedicaba a labores agrícolas, sembraban bienes para su consumo, así como árboles para extraer madera. También tenían algunas reses y caballos.

Sin testigos

En la zona donde ocurrió la masacre no existen otras casas cerca, por lo que no hubo testigos de los hechos.

A un lado de esta casa, empotrada en una loma, las autoridades hallaron varios caballos, propiedad de los fallecidos, los cuales estaban sueltos en los pastizales de la finca.

El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza, indicó tres días después del hecho que, por lo alejado de la región, la investigación se tornaba “muy difícil”.

“Hay que tomar en cuenta la complejidad natural que hay por ser un homicidio en un área rural. El acceso es difícil, la posibilidad de encontrar testigos es nula, no hay cámaras, la vigilancia electrónica se diluye. Justamente por eso hay que cuidar mucho las evidencias que tenemos”, insistió Espinoza el 31 de julio del 2017.

El jerarca judicial añadió en aquel momento que existían tres evidencias importantes: la carta supuestamente dejada por los asesinos, el resultado de las autopsias y el relato del peón que halló los cuerpos.

“El cuidador de la finca alertó sobre el evento criminal. Es un sujeto cuyo testimonio es importante para el caso, pero que tampoco aporta datos trascendentales para conocer quiénes fueron los atacantes”, mencionó Espinoza en julio del 2017.