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Desde hace 35 años, Radio Cartago Stereo ha acompañado a su provincia en los devenires de la vida: partidos de fútbol, fiestas patronales y arreglos en las calles… pero sus días en la FM 87,9 podrían estar contados. Al igual que este medio de comunicación familiar, decenas de televisoras y emisoras regionales valoran salir del aire, ya que no disponen de los millones de colones necesarios para concursar en la subasta por las bandas de radio y televisión anunciada por el gobierno. Se trata de una actualización de tarifas buscada por distintos gobiernos a lo largo de los años, pero cuya implementación ha resultado controversial.
“Jamás podríamos”, dice Luis Marrero, gerente de Radio Cartago, cuando se le pregunta si participará en el concurso instruido por el Gobierno. “La casa que yo tengo me costó ¢38 millones, tendría que tener tres casas y venderlas”, afirma.
Élite Radio, que desde hace nueve años transmite en Turrialba sobre bingos e inundaciones con una antena instalada en la casa de un vecino, también descarta participar en la subasta de espectro radioeléctrico. Claro, porque el pequeño equipo se financia gracias a los aportes de los señores y señoras que donan ¢5.000 o ¢10.000 al mes, además del esfuerzo de los cuatro turrialbeños que trabajan para mantenerlo al aire.
Y como no pueden asumir ¢97 millones para concursar por una banda FM analógica, la única alternativa es migrar por completo a un formato digital y, con ello, perder a su audiencia de la periferia.
“En los territorios indígenas nos utilizan para que sepan que en la tarde va a entrar un médico a sus lugares. Tienen un radio con baterías o con un panel solar, pero ahí ni siquiera el celular funciona (...). No estamos pidiendo nada gratis, lo que solicitamos es que nos consideren como una opción, que nos den la oportunidad de seguir transmitiendo”, afirma Daniel Moya, director de Élite Radio.
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TV Sur, canal de Pérez Zeledón, es otra de las televisoras regionales que se quedará por fuera. Aunque por 20 años ha informado a barrios remotos como San Pedro, Cajón y La Amistad, no tiene ¢129 millones para sumarse a la puja de la región brunca.
El monto, una vez más, resulta inalcanzable para una emisora familiar que sobrevive gracias a la publicidad local y a la cercanía con sus oyentes. Por lo menos, dice el gerente Franklin Granados, TV Sur seguirá transmitiendo a través de cableras como Liberty, Telecable y Kolbi.
“Me duele mucho por las comunidades, pero el edificio que nosotros tenemos aún lo estoy pagando al banco y está nuevo. Hacerle frente y embarcarme yo para buscar plata para participar en eso, como que no”, expresó Granados.
Para medios alternativos y regionales, esto es un golpe mortal, desmedido, exorbitante. No podríamos hacerle frente a una subasta con ese monto (...). Yo no voy a sacrificar el patrimonio familiar”.
— Franklin Granados, gerente de TV Sur
‘Más plata por menos tiempo’
Prácticamente todas las empresas nacionales se verán afectadas por la subasta de las bandas de radio y televisión, sostiene Andrés Quintana, de Cadena Radial Costarricense. “Cualquier concurso debe hacerse por las frecuencias que estén libres, no sobre las legal y legítimamente asignadas”, añade.
Lo mismo opina la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), al defender que, según la Ley de Radiodifusión y las reformas de la Ley General de Telecomunicaciones de 2008, lo procedente es la renovación de las concesiones y no una subasta. Por esta razón, presentarán objeciones técnicas y jurídicas contra el cartel de licitación, elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Mientras tanto, varios empresarios de medios regionales siguen revisando los términos y condiciones del concurso, indecisos entre financiarse con préstamos o migrar definitivamente a un modelo digital.
Gerardo Mora Pana, director de Radio Santa Clara, que pertenece a la Diócesis de Ciudad Quesada, señala que esperarán las indicaciones de Canara antes de tomar una decisión. No obstante, admite que el panorama no es alentador: si ofertan por la región Huetar Norte, perderían a sus oyentes de Guanacaste, Puntarenas y San José, además de tener que invertir en nuevos equipos para ajustar la cobertura de la frecuencia.
“Es más plata por menos tiempo. Y si compro la AM regional, tengo que adaptar mis equipos para que no suenen fuera de la zona norte. Eso nos reduce los ingresos”, agregó Mora.
Venganza para ‘hacerle daño a los grandes’
De acuerdo con los lineamientos de la Sutel, las bandas de radio y televisión se adjudicarán por las regiones socioeconómicas Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Brunca y Huetar Caribe, pero se excluye a la región central. Por lo tanto, quienes deseen transmitir dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) deberán concursar por una concesión nacional, la más costosa de todas.
Según la Superintendencia, esta medida busca “evitar la concentración de ventajas en un grupo reducido de participantes con mayores recursos” y promover una competencia más equitativa, en la que las asignaciones regionales beneficien a las zonas rurales. Sin embargo, esta división golpea, sobre todo, a los medios pequeños.
Así le ocurre a Canal 1, que transmite desde las cercanías del volcán Irazú. Su gerente, Jorge Abarca, explicó que las nuevas reglas los obligan a concursar por la banda nacional, aunque se ubiquen en Cartago. “Nos deja fuera del mercado y nos pone en una gran desventaja. Un monto de $1,6 millones para una empresa pequeña es imposible; no se puede ni analizar siquiera”, sostuvo.
“Estamos muy preocupados por no poder participar en esto. Esos montos (precios base de la subasta) benefician a los grandes, únicamente. Y no hay que castigar: el éxito de los grandes es bien ganado por su trabajo, su fuerza y su inversión, pero este monto lo único que beneficia es al monopolio televisivo”, agregó.
Abarca se refiere a que, por el derecho para usar las frecuencias, el monto mínimo para la subasta es de $386.000 para radio FM nacional y $1,6 millones para televisión con cobertura nacional. Y si hablamos de frecuencias televisivas regionales, los precios están entre $157.629 y $325.044.
“Todo se debe a una venganza. Con tal de hacerle daño a los grandes, no le importa rozar a los pequeños. Aquí la única esperanza que nosotros tenemos es que alguien ponga un salacuartazo y paren esta situación”, añadió Marrero, de Radio Cartago.
Vale recordar que, en abril pasado, el presidente Rodrigo Chaves había amenazado con un apagón de radio y televisión en caso de que la Asamblea Legislativa no aprobara un proyecto de ley para reformar el impuesto anual de radiodifusión... pero con la subasta, ya esa advertencia quedó sin efecto.
“Los precios no son elevados, son prohibitivos. El caso es muy peligroso para las emisoras pequeñas, rurales o Pymes, que de igual forma van a salir del aire porque el FM solo tiene una forma de transmitir. Se va a generar mucho desempleo, tanto en periodistas como en locutores, controlistas, administradores. Esto podría ser un caos para el sector de radio y televisión”.
— Jorge Abarca, gerente de Canal 1
¿Qué verá la gente sin cable?
En Costa Rica, para 2023, el 54% de la población rural no pagaba el servicio de televisión por cable, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Al no contar con cable, estas comunidades serán las más afectadas cuando las emisoras regionales salgan del aire.
Así lo explica Amarilis Barrantes, directora de TVN Canal 14. Aunque no tenía presupuestado $325.044 para la subasta de Huetar Norte, espera poder reunir los recursos para continuar atendiendo a sus espectadores de televisión abierta.
“Desearíamos poder ser competitivos y tener esa concesión, no por un tema económico, porque no somos un canal comercial, pero sí porque al área que servimos es muy rural. La mayoría de la gente que nos ve por tele es de condición económica baja (...). Los estaríamos dejando sin el derecho a la comunicación, sin el derecho a informarse, porque son personas que no van a poder pagar un plan o pagar una televisión por cable", aseveró.
Este escenario no es nuevo. En la teoría se conoce como desiertos informativos y, de acuerdo con la definición del Centro de Innovación y Sostenibilidad de los Medios de Comunicación Locales de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), se trata de “una comunidad, ya sea rural o urbana, con acceso limitado al tipo de noticias e información creíbles y completas que alimentan la democracia a nivel de base”.
Justamente, los desiertos informativos se han propiciado en regímenes autocráticos que fomentan el sentimiento antimedios, según expuso la investigadora Irene Benito, coordinadora de nuevos proyectos del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en LatAm Journalism Review (LJR).
En nuestra región, el término parecía lejano hace apenas unos años, pero hoy surgen cada vez más investigaciones para diagnosticarlo y atenderlo en países como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú... Dadas las circunstancias, parece que Costa Rica se dirige por el mismo camino. ¿Ya estamos ante una sequía informativa?
