Revista Dominical

Gasolina, memes y pleitos: las ‘joyas’ de la Asamblea Legislativa 2018-2022

Protestas sin zapatos; discusiones con y sin mascarillas; careos penosos y gritos que deseáramos no haber oído: hagamos un repaso por los capítulos más virales (para mal) de los diputados y diputadas que recién dejaron sus curules

Empecemos por reconocer que la Asamblea Legislativa del período 2018-2022 pasará a la historia por haber aprobado iniciativas de ley que tendrán un impacto profundo en el estilo de vida de Costa Rica por las próximas décadas. Para bien (las más) o para mal (las menos), y en el contexto inaudito de una pandemia, los diputados y diputadas salientes lograron ponerse de acuerdo en lo esencial, aún a pesar de sus evidentes y a veces infranqueables diferencias ideológicas.

Ahora bien, la camada de congresistas que terminó el 30 de abril su paso por Cuesta de Moras también le legó a los costarricenses episodios que quisiéramos no haber atestiguado. No pocas veces las declaraciones desafortunadas de un diputado lanzaron al país a discutir, por enésima vez, la necesidad de modificar el modo en que elegimos a nuestros representantes en el primer poder. “No es posible que esa persona sea diputada”; “Costa Rica tiene los diputados que se merece” y “En este país cualquiera es diputado” fueron manifestaciones de impotencia que se multiplicaron desesperadamente a causa de lo dicho o hecho por muchos de los hoy excongresistas.

Esta semana, cuando un nuevo grupo de “padres y madres” asume sus curules (amparado, por ahora, en el beneficio de la duda), echemos la mirada atrás para repasar algunos de los zipizapes más polémicos en los que se vieron envueltos los protagonistas legislativos de los últimos cuatro años. Algunas de estas memorias parecen ya solo un desteñido ridículo, mientras que otras se perpetuaron en la infamia.

12 de mayo, 2020. Aquel día, un mensaje de WhatsApp hizo que ardiera Troya.

El asesor legislativo liberacionista, Giancarlo Casasola, envió un comentario en un grupo de chat criticando a los 24 congresistas que impulsaban, en aquel entonces, una moción para prorrogar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. El mensaje, que cerraba con un “perfectos hdps”, desató la furia del diputado verdiblanco David Gourzong, quien sin mediar mucha palabra buscó a su copartidario y lo agarró a golpes.

El ataque del congresista limonense fue denunciado públicamente por su compañero de bancada Gustavo Viales (Casasola era su jefe de despacho), lo que obligó a Gourzong, dos días después, a pedir disculpas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: mientras en el PLN se “discutía” cómo sancionar al legislador (atolillo con el dedo, al final de cuentas), el asunto sí escaló a los tribunales, siendo que el 13 de agosto de ese año, el Juzgado Contravencional del I Circuito Judicial de San José condenó al diputado a pagar ¢1 millón al asesor agredido.

En aspectos menos violentos pero sí igual de penosos, el mensaje de Casasola en aquel chat privado no solo irritó a Gourzong, sino también a otros diputados que le cobraron el “hdps” con tremendas escenas de lamentos y gritos en el plenario. “Destacaron” las diatribas de Erick Rodríguez Steller (de él hablaremos más adelante, sin duda), Nidia Céspedes (a quien hasta le apagaron el micrófono) y Carmen Chan, quien aportó frases para la posteridad como “yo no soy una gata” y “quien ríe al último, ríe mejor”.

No importa lo mucho o poco que Ivonne Acuña Cabrera hiciera durante su paso por la Asamblea Legislativa, pues en la memoria del país su “legado” tiene que ver no con un proyecto de ley propuesto por ella, sino con cambios en las reglas del juego para los diputados, tema en el que, probablemente, a la exlegisladora no le interesaba figurar.

El 9 de febrero de este año, La Nación reveló que la diputada que llegó a la curul con Restauración Nacional, luego pasó a Nueva República y que por último se declaró independiente, llevaba casi dos meses de no presentarse a trabajar, y que desde diciembre del 2021 estaba en Estados Unidos. Aduciendo problemas de salud, Acuña venía gestionando desde junio del 2021 reiterados permisos con goce de salario para faltar al plenario y comisiones, sumando 63 días de ausencias justificadas.

Si bien actuó dentro de lo que el reglamento permitía, el caso de Acuña evidenció que los diputados no “jugaban” con las mismas reglas de cualquier otro trabajador en Costa Rica, pues las ausencias por motivos de salud se les justificaban con solo presentar una nota hecha por ellos mismos, sin necesidad de un dictamen médico o documento de incapacidad como lo debe hacer cualquier trabajador. Así, su palabra era suficiente para dar por válida la ausencia y el pago de la dieta correspondiente (algo como que el chiquito que faltó ayer llegue a la escuela con una nota escrita con crayolas que diga “estaba enfermo” y que la maestra se la dé por buena).

Mientras Acuña trataba de explicar a la distancia cómo estaba (tele)trabajando, una revelación igual de estruendosa terminó por catapultarla en el menú de los creadores de memes: el 10 de marzo pasado al país se le paró el pelo al saber que, en un solo día, la diputada había gastado ¢3,2 millones en gasolina del dinero que los congresistas tienen a disposición como “ayuda técnica” en combustible. De inmediato, empezaron los cálculos de cuántos tanques de gasolina se llenan con una factura de esas dimensiones, así como los chistes sobre el tipo de carro que conducía la diputada (el mejor fue el meme donde aparecía manejando un monster truck).

El “gasolinagate” no se detuvo con Ivonne Acuña, pues pronto quedó claro que otros congresistas también pagaban facturas millonarias en estaciones de servicio, aprovechando un portillo en el reglamento que les permite acumular los remanentes de los 500 litros de combustible mensuales a los que tienen acceso. Cada diputado puede gastar el combustible “a su buen criterio”, en los carros que sean, de quien sea, sin que medie mayor control por parte de la administración de la Asamblea. Esta discrecionalidad permitió, entre otros hallazgos, que con el combustible asignado a la legisladora Marolin Azofeifa se llenara el tanque del auto del excandidato presidencial Fabricio Alvarado, o bien que la jefa de fracción liberacionista María José Corrales respondiera que “cada persona puede manejarlo a su antojo (...) hay muchos otros que también lo hacen”, al consultársele por los ¢2,1 millones que gastó en combustible del Congreso en cuatro días.

Al final, distintas investigaciones se abrieron sobre el caso de Ivonne Acuña, quien se negó a renunciar a su curul aún cuando ya no volvió a apersonarse en la Asamblea Legislativa. La administración de Cuesta Moras le exigió devolver ¢6,1 millones por remuneraciones que recibió en ausencia (solo reintegró ¢700.000), y el Ministerio Público le abrió una causa judicial por incumplimiento de deberes, en la cual también se apersonó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Finalmente, el “legado” de Acuña Cabrera significó una modificación al reglamento de ausencias de diputados, quienes ahora tienen que hacer lo mismo que cualquier otro trabajador y presentar una incapacidad de la Caja del Seguro Social para justificar sus ausencias por motivos de salud. Además, los diputados (algunos a regañadientes) no tuvieron más camino que tramitar en la Comisión de Gobierno y Administración un proyecto propuesto por la congresista Carolina Hidalgo para frenar los abusos con la gasolina de la “ayuda técnica”.

El paso de la covid-19 por la pasada Asamblea Legislativa no respetó banderas políticas: congresistas de todas las bancadas debieron incapacitarse un día sí y el otro también ante los contagios que cundieron por Cuesta de Moras. Sin embargo, hubo uno de ellos que parecía tener cantado su irremediable encuentro con la enfermedad: Melvin Núñez Piña.

El diputado cuestionó la eficacia de las vacunas contra la covid-19. Por eso, cuando el 7 de setiembre del 2021 su despacho informó que él se había contagiado con el coronavirus, nadie pareció sorprenderse.

Núñez había causado controversia en el Congreso en agosto de ese año cuando habló en contra de la vacunación, justo en momentos en que las autoridades sanitarias más se esforzaban para convencer a la población de que las vacunas salvaban vidas. Aseguró que la pandemia era “un asunto político” y que no confiaba en el Ministerio de Salud: “Que crea yo en la vacuna, que sea efectiva y que sea la última maravilla, no”, dijo.

Tras contagiarse, el diputado puntarenense fue hospitalizado, primero en el Monseñor Sanabria y luego en el Hospital Psiquiátrico, donde fue trasladado ante sus dificultades para respirar. Días después exigió a los médicos que le dieran la salida, aún cuando no había completado su tratamiento, y el 18 de setiembre regresó a la Asamblea Legislativa, aún sin vacunarse.

En tiempos prepandémicos, Núñez ya había hecho “méritos” para ser parte de este recuento, cuando en julio del 2018 fue denunciado penalmente por su compañera de fracción, Floria Segreda, quien lo señaló por amenazas, luego de una discusión entre ambos legisladores.

En julio del 2018, un editorial de La Nación declaraba al diputado alajuelense Dragos Dolanescu como “un comediante perezoso”, en alusión a sus 500 mociones para entorpecer la aprobación del plan fiscal (incluyendo una exoneración del IVA a los servicios de payasos y malabaristas). En febrero del 2022, el nuevo partido que él fundó, Costa Rica Justa, exigía su renuncia por “pérdida de confianza”.

Sin embargo, la mayoría de los ticos tuvo que ver con Dolanescu por algo que pasó el 10 de febrero del 2021. Al final de la jornada, su nombre estaba en todos los medios de noticias y su rostro paseándose por los grupos de WhatsApp. Fue inevitable.

Ese día, Dolanescu se preparó para ser protagonista de la comparecencia que daría ante los diputados el presidente Carlos Alvarado, quien llegaba a la Asamblea Legislativa antecedido por meses de fuertes cuestionamientos sobre su rol en la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Este era un programa de Zapote al cual investiga la Fiscalía porque, supuestamente, habría tenido acceso a datos sensibles de la población y cuyo descalabro arrastró a buena parte del círculo de colaboradores de confianza del mandatario.

Aunque la prensa política obvió en su cobertura de la comparecencia un detalle, si se quiere superficial, el pueblo no lo dejó escapar y los memes de don Dragos se multiplicaron sin que la transmisión en vivo hubiese concluido. La escogencia que el diputado hizo del modelo de mascarilla a exhibir frente al país resultó desafortunada (para decirlo amable) y de inmediato su gesto furioso y aquel accesorio de apariencia “distópica” se fundieron de la mano de los creadores de memes en imágenes ridículas referenciadas a la cultura pop, fuesen de Mad Max; el villano Bane y hasta la movida sadomasoquista. La creatividad estaba desatada.

El intercambio entre el diputado y el presidente fue igual o incluso más desafortunado. Dolanescu empezó por recordarle a Alvarado el día que se conocieron. “¿Se recuerda cuando nos conocimos, la única vez que he ido a la Casa Presidencial, lo que yo le dije, que iba a ser un diputado de oposición que iba a estar controlando una y otra vez lo que haga su gabinete y los errores que usted iba a estar haciendo, que iba a ser muy duro? Henos aquí, hoy voy a ser muy duro con su persona”.

Sin proponérselo, el congresista le dejó el balón picando frente al marco al presidente, quien le respondió con un comeback épico. “Recuerdo de nuestro primer encuentro que su hija me pidió una fotografía”.

El asunto bien podía haber quedado ahí, pero Dolanescu quiso ir por más e interrogó al gobernante sobre los teléfonos celulares que la Fiscalía General le había decomisado en la investigación del escándalo UPAD. El diputado le preguntó si era cierto que una de las claves de los aparatos era “1, 2, 3, 4, 5 y 6″, y el presidente, reconociendo que el dato era cierto, señaló la “mala fe” del legislador, pues ya sabía la respuesta.

Está de más decir que la revelación pública que hizo el diputado del código de acceso de un teléfono presidencial no cayó nada bien, y el Ministerio Público ordenó una investigación para determinar cómo el dato se había filtrado. Al respecto, Dolanescu dijo que lo hizo como “una chota”.

¿Por dónde empezar con uno de los diputados más polémicos del período 2018-2022? El independiente Erick Rodríguez Steller se caracterizó durante estos cuatro años por siempre hablar fuerte (a gritos, para ser exactos), usualmente llevarle la contraria a sus compañeros y ubicarse a veces del lado de causas perdidas o indefendibles.

Fue a él a quien la diputada socialcristiana María Vita Monge señaló en el plenario como alcohólico, misógino y “poco hombre”; fue a él a quien el ministro de Salud, Daniel Salas, regañó para que se pusiera una mascarilla que le ajustara bien, pues dejaba la nariz fuera del área de cobertura; fue él quien, junto con Shirley Díaz, le abrió las puertas del Congreso al movimiento antivacunas; fue él quien hizo eco en el plenario de las teorías de conspiración sobre un fraude en las elecciones de Estados Unidos a favor de Joe Biden, y fue Rodríguez quien causó revuelo al criticar el trabajo del ministro Salas en la atención de la pandemia, aduciendo que el padre del jerarca se contagió de covid-19 (el señor fue hospitalizado y falleció).

Sin embargo, todo eso se queda corto frente a lo ocurrido en octubre del 2020, cuando trascendió que había un grupo de WhatsApp ligado al despacho del diputado llamado “Muerte LGBTI y nicas”, en el que estaban incluidos todos los funcionarios de su oficina. Una asesora legislativa presentó una demanda laboral ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en la que denunció haber sufrido acoso sexual y laboral y discriminación en el despacho de Rodríguez.

La demanda fue planteada contra Rodríguez Steller y dos funcionarios del despacho, de apellidos Solórzano Bákit y Castro Estevanovich. En su denuncia, la mujer dijo que en el equipo de trabajo eran comunes los insultos y comentarios sexistas, señalando específicamente al diputado por llamarla, entre otras cosas, “necia”, “madre Teresa”, “que la maestra de matemática se le murió” y “usted está así porque nadie se la coge”.

Carlos Viales, alcalde de Corredores, y Gustavo Viales, diputado del PLN. Foto Archivo.

En abril del 2021, una investigación de La Nación reveló la construcción de un puente “fantasma” dentro de la finca de un detenido por sospechas de narcotráfico, en el sureño cantón de Corredores. La obra, de la que nadie quería hablar, según una denuncia anónima se había levantado con recursos de la municipalidad local, jefeada por el alcalde liberacionista Carlos Viales, padre del diputado verdiblanco Gustavo Viales.

A partir de ahí se generó una cadena de revelaciones que poco favor hicieron a las tiendas liberacionistas o a la familia Viales: el congresista —en ese momento también secretario general del PLN—admitió que había visitado un condominio en Heredia a pedido de Bernabé Chavarría, presidente municipal de Corredores, para recoger un dispositivo USB. Eso sucedió el 30 de marzo del 2021, pocos días antes de que la Policía detuviera ahí al empresario Darwin González Hernández, sospechoso de liderar una banda dedicada al tráfico de drogas, así como al lavado de dinero, y propietario de la finca donde se construyó el puente del que nadie decía nada. Luego se sabría que efectivamente maquinaria, trabajadores y materiales de la municipalidad se utilizaron en la obra, aún cuando las autoridades del ayuntamiento lo habían negado.

Los diputados, sin mucho ánimo, abrieron una comisión para investigar la penetración del narco en las municipalidades. Fue en ese foro al que se convocó al alcalde Viales, quien el 21 de setiembre del 2021 compareció como si se tratara de un paseo en el parque: lejos de apretarlo con cuestionamientos, varios de los congresistas lo trataron con una condescendencia acongojante.

“Me alegra mucho tener un alcalde de ese valor, dignidad y respeto por sus conciudadanos. A partir de este momento, no queda duda en los costarricenses de que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley. Usted ha sido víctima de personas”, le dijo el legislador del PLN, Jorge Fonseca. Tanto él como la también liberacionista Karine Niño se molestaron una y otra vez ante las afirmaciones del diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, el único que cuestionó a Viales.

Niño, incluso, sugirió a Carranza disculparse con el alcalde: “Todo le parece raro, todo es raro, pero le traen pruebas y sigue siendo raro. ¿Hasta cuándo vamos a tener una intervención real o justamente una simple disculpa?”.

Para cerrar el papelón, la comisión —que solo sesionó 12 veces— rindió un informe mediocre y escueto a inicios de diciembre del 2021, en cuyas conclusiones no hubo mención de ninguno de los Viales (Carranza fue el único que se apartó y suscribió un informe de minoría). El plenario legislativo aprobó el “informe” el 22 de diciembre, irónicamente, ocho días después de que el alcalde de Corredores fuese detenido y suspendido de su cargo por sus supuestos vínculos con el caso del puente.

La efectividad de su protesta aún está por determinarse. Sin embargo, a la diputada Nidia Céspedes hay que abonarle puntos en originalidad: atrás quedaron los tiempos en que los congresistas se trepaban en monumentos, pues por espacio de varias semanas del 2021 doña Nidia tomó todo el plenario legislativo como su escenario... y residencia.

Sus posturas conservadoras hicieron de la legisladora independiente una voz frecuente en contra de temas relacionados con diversidad sexual y salud reproductiva. En julio del 2019 propuso que las personas jóvenes no tengan derecho a elegir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género, y en en diciembre del 2020 los diputados rechazaron, por poco margen, una moción suya para hacer un minuto de silencio “por el no nacido” (como crítica a la norma técnica de interrupción del embarazo, en casos de riesgo).

El 22 de marzo del 2021, Céspedes dio un paso al frente, literalmente, cuando se mantuvo de pie 9 horas en el centro del plenario, descalza, para oponerse a los entonces inexistentes proyectos de ley de despenalización del aborto. A sus pies colocó fotos de líderes indígenas asesinados, mientras los demás congresistas no sabían muy bien qué hacer. La diputada mantuvo su manifestación dos días hasta que salió del recinto para bañarse, justo cuando el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, mandó a cerrar el plenario para desinfectarlo contra el contagio de covid-19. La movida no sentó nada bien a Céspedes, quien tildó al jerarca de actuar como “un cobarde, como un ladrón en la noche”.

Así pasaron las semanas, con los diputados discutiendo la ley de empleo público y Céspedes plantada (sin zapatos) en el centro del plenario. Poco a poco, el país se acostumbró a la vista. El momento más extraño se dio durante la sesión solemne del 1.° de mayo, cuando la diputada intentó “colarse” en la foto de la juramentación del nuevo directorio, alzando un pañuelo detrás de sus compañeros recién electos para dirigir el Congreso, lo que de nuevo la enfrentó con un Cruickshank al que ya no le quedaba mucha paciencia.

Finalmente, el 4 de mayo, Céspedes depuso su protesta, apenas minutos antes de que el presidente Carlos Alvarado rindiera su informe de labores en el plenario. La nueva presidenta legislativa, Silvia Hernandez, acordó con ella que se harían mesas de trabajo para revisar el acceso a tierra para los indígenas y los conflictos que generaron el asesinato de dos líderes indígenas. Atrás quedaba mes y medio de especulaciones sobre el líquido que contenía un frasco que fue fotografiado al lado de la diputada, así como de memes sobre su cobija.

Sin haber llegado a la Asamblea Legislativa, Shirley Díaz ya sacaba chispas, tras tener un encontronazo con su candidato, Rodolfo Piza, quien la denunció durante la campaña del 2018 ante el tribunal de ética del PUSC por el decomiso de 35 perros que estaban en malas condiciones en un criadero, el cual estaba administrado por el esposo de la entonces aspirante a la curul.

Ya como diputada, Díaz empezó a hacerse notar en entornos complicados, ya fuese pegando gritos con un megáfono en las afueras de Casa Presidencial o del Hospital de Heredia. En agosto del 2020, durante las violentas protestas y bloqueos de carreteras del movimiento Rescate Nacional en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la congresista hizo eco de los cabecillas de las manifestaciones.

Sin embargo, su acción más “noticiosa” se dio el 26 de enero de este 2022, cuando Díaz y su megáfono se hicieron oír en el Hospital San Vicente de Paúl, donde un grupo antivacunas irrumpió con violencia al centro médico en un zafarrancho en el que hubo golpes, escupitajos e insultos contra el personal hospitalario, se puso en riesgo a los pacientes y la Policía detuvo a varios de los revoltosos. La congresista condenó los actos violentos, pero cuestionó la vacunación obligatoria de menores contra la covid-19.

Shirley Díaz, quien previo al bochorno en Heredia ya había abierto las puertas de la Asamblea Legislativa a grupos antivacunas, recibió el ácido de sus compañeras diputadas tras el ataque al hospital. “No puedo ni decirle diputada”, le espetó Zoila Rosa Volio en el plenario, mientras que Catalina Montero la llamó “impresentable” y Laura Guido le pidió renunciar a la curul. Al final, la congresista independiente terminó su período bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de motín, a raíz de los hechos del 26 de enero.

A esta diputada socialcristiana se le dio bien el patear de vez en cuando el hormiguero social para luego sentarse a ver como las críticas se multiplicaban. No en pocas ocasiones, mientras las redes sociales ardían en su contra, María Inés Solís parecía un personaje extraído de House of Cards.

El 10 de marzo del 2021, la legisladora alajuelense se echó a todo el mundo encima, cuando torpedeó con decenas de mociones un proyecto de ley que pretendía introducir acciones públicas en favor de la población afrodescendiente. Más allá de la andanada de mociones, lo chocante fue el lenguaje usado en su redacción, de innegable tono racista y de burla: Solís propuso que el plan dijera “afrodescendientes, negros”, y también planteó numerosas opciones para introducir los términos hindúes, personas con discapacidad, chinos, asiáticos, malekus, desempleados, refugiados, indígenas o personas de la comunidad LGTBIQ, entre otros.

Sobra decir que aquella estrategia provocó un enorme rechazo, tanto en el Congreso como entre autoridades, la academia y la población en general. El escritor Quince Duncan dijo que “María Inés Solís usa a minorías en su danza burlesca y racista”; el comisionado presidencial para la población afrodescendiente, Enrique Joseph Jackson, solicitó una “disculpa pública” a Solís; la exdiputada Maureen Clarke, proponente de la iniciativa, habló de “fragilidad blanca”; el entonces jerarca legislativo, Eduardo Cruickshank, comentó que las mociones tenían un “evidente tinte racista”, y en su editorial, La Nación externó que “el episodio es una vergüenza para el Poder Legislativo y, desgraciadamente, dejará huella en el registro histórico”.

A todo esto, la congresista prefirió no dar muchas explicaciones y cuando lo hizo fue para echar más gasolina a la hoguera. “Muchas veces personas como usted discriminan, queriendo hacerse ver como discriminados, queriendo hacer ver a las personas negras y afrodescendientes como personas con capacidades diferentes”, le dijo Solís al diputado limonense David Gourzong (sí, el de la golpiza al asesor) cuando este le reclamó en el plenario.

En febrero del 2022, doña María Inés renunció de forma súbita a su diputación, sin mayores despedidas. Previo a su partida había dado su última patada al hormiguero en octubre del 2021, cuando se opuso a la petición de los expresidentes de la República para que se le concediera la ciudadanía de honor al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. El “debate” intelectual que su negativa desató en el Congreso no estuvo a la altura del laureado autor.

Representante del PUSC por la provincia de Puntarenas, Óscar Cascante pasó los primeros años de su diputación con un bajo perfil mediático, apenas haciéndose notar en la actividad legislativa. Su “mayor” noticia se dio en marzo del 2021, cuando amenazó con demandar a un periodista que tomó una foto del diputado en su curul mientras veía en su teléfono un partido de fútbol.

Sabiendo todo lo que ocurrió después, bien hubiese querido don Óscar que lo de la “mejenga” fuese su única noticia.

En mayo de aquel mismo año trascendió que Cascante recibió en su despacho en el Congreso, en múltiples ocasiones, a tres sospechosos de ser parte de la banda Turesky, desarticulada por las autoridades judiciales tras meses de investigación por presunto narcotráfico y legitimación de capitales. A favor de estas personas, el diputado gestionó reuniones con autoridades, funcionarios bancarios y municipales para agilizar trámites de proyectos de construcción.

Cuestionado, Cascante dijo no tener idea de que aquellos tres visitantes frecuentes de su oficina eran sospechosos de formar parte de una supuesta organización criminal. Añadió que los ayudó creyendo que se trataba de empresarios inmobiliarios con problemas de tramitomanía en instituciones públicas.

Como era de esperarse, la Asamblea Legislativa no sancionó al diputado. Sin embargo, la Fiscalía General de la República le abrió una investigación por presunto tráfico de influencias y la Procuraduría de la Ética Pública presentó, en abril de este año, una denuncia penal en el Ministerio Público contra Cascante por tráfico de influencias y otros delitos.

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Si llegó hasta este punto de la lectura, felicidades: usted tiene estómago. El bochornoso recuento bien podría extenderse más, pero en vista de que la Asamblea Legislativa anterior ya nos “entretuvo” bastante, hagamos mejor solo un sobrevuelo por otros episodios de sonrojo de los hoy exdiputados:

Patricia Villegas (PIN): escribió en el chat de los diputados, tras un partido de la Selección Nacional, que el jugador Joel Campbell era el “único negrito productivo” (y luego defendió su comentario). También buscó contradecir al presidente Carlos Alvarado cuando este aseguró que el cambio climático era causante de las inundaciones que sufrió el país en agosto del 2021, pues la congresista adujo que estas ocurren desde hace 300 años.

Marulin Azofeifa (Restauración Nacional, luego Nueva República): amenazó con demandar a un policía que detuvo el carro en el que ella viajaba, la madrugada del 2 de marzo del 2021. El chofer de la legisladora irrespetó una luz roja y tras ser interceptado por los oficiales, Azofeifa quedó grabada en video cuando increpó al funcionario: “En los Tribunales de Justicia, usted y yo nos vamos a ver”. El 29 de marzo, tras revelarse el caso, la congresista limonense ofreció una disculpa pública.

Carmen Chan (Restauración Nacional, luego Nueva República): inventó el concepto de “burbuja laboral” para defender un viaje que hizo en bote con sus colegas Melvin Núñez y Óscar Cascante el 30 de mayo del 2020, en uno de los períodos más críticos de la pandemia. En las fotos del recorrido que circularon en redes sociales, los legisladores aparecían pescando y sonriendo sin usar mascarillas, algo que Chan explicó bajo el argumento de que “nos vemos todos los días en el Plenario, somos burbuja laboral”.

Daniel Ulate (PLN): quedarse “en una esquinita” durante una actividad electoral del PUSC en Atenas, en enero del 2020, le salió caro al diputado ramonense. En Liberación Nacional no vieron con buenos ojos que Ulate acompañara a su amigo, el legislador socialcristiano Erwen Masís, a aquel convivio y la bancada verdiblanca lo separó mientras el tribunal de ética del partido estudiaba el caso. Ulate dijo que sus compañeros cedieron a “presiones de la Cervecería Costa Rica” y al final el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al PLN que lo reincorporara a la fracción legislativa.

Jonathan Prendas (Restauración Nacional, luego Nueva República): quizás el más “memedizado” de los diputados del período recién concluido, Prendas tuvo varios encontronazos con Eduardo Cruickshank cuando este fue presidente del Directorio. En mayo del 2020, el congresista desoyó en reiteradas ocasiones los pedidos del jerarca para que no hablara de pie en el plenario, aunque el reglamento anticovid así lo dictaba, y, unas semanas después, Cruickshank lo llamó “un farsante y un mentiroso” en una reunión de jefes de fracción. Prendas también fue cuestionado por un viaje que hizo a España, pagado por un empresario, y por el cual la Procuraduría de la Ética Pública lo querelló por presunto enriquecimiento ilícito.

Pablo Heriberto Abarca (PUSC): en redes sociales, el diputado turrialbeño expuso en diciembre del 2021 a la entonces presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, debido a sus recurrentes viajes a Panamá en aquellos meses: “La situación que enfrenta el ICE es complicada, y no debería de estar administrándose por teléfono o Internet”, escribió Abarca en Twitter, sin averiguar suficiente previo a su “denuncia”. Cañas se vio forzada a revelar públicamente una tragedia familiar que la hacía ausentarse del país, tras la muerte de su hermano y el complejo proceso de custodia del sobrino de 8 años de la funcionaria.

Víctor Fernández G.

Víctor Fernández G.

Jefe de información de Entretenimiento. Ingresó al Grupo Nación como periodista de espectáculos al diario Al Día en 1999 y luego pasó a La Nación y al periódico juvenil Vuelta en U, del cual fue su director. Graduado de la Universidad de Costa Rica.

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