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La erosión democrática que ha enfrentado El Salvador desde que Nayib Bukele fue electo en 2019 está comprobada y respaldada. Todo comenzó con una sociedad demacrada por los cárteles del narcotráfico, las maras y la inseguridad generalizada. En ese contexto, el exalcalde de San Salvador fue electo, y no tardó en iniciar con su camino a paso firme hacia el autoritarismo.
El caso de Bukele reafirmó un paradigma ya conocido: no todos los autoritarismos comienzan con un golpe de Estado militar; como dice una famosa película, “así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”.
El Salvador sigue realizando elecciones y Bukele fue reelecto con contundencia, por eso muchos gobiernos titubean en etiquetar su gobierno como una dictadura, pero eso no quita que el mandatario violó la Constitución Política que juró proteger, y se ha encargado de destruir todos los frenos y contrapesos de su poder.
No obstante, todo comenzó de forma pasiva. A veces se dicen que algunas dictaduras comienzan, supuestamente, siendo blandas. Pero si es que eso es cierto, no dura mucho.
En 2019, recién electo, Bukele desplegó las fuerzas militares para fortalecer la lucha contra los grupos criminales, pese a que el Acuerdo de Paz de 1992 lo prohibía. Pero no tardaron en aparecer las primeras denuncias de abusos: víctimas quemadas, estrangulamientos, destrucción de propiedades, arrestos arbitrarios, palizas y más, según reportó Human Rights Watch (HRW).
El nuevo gobierno empezó a aplicar el manual del autoritarismo a pasos agigantados. Hizo una clara advertencia de sus intenciones, cuando tomó la Asamblea Legislativa con militares armados, una clara afrenta contra la división de podere. Desde entonces, decenas de violaciones se han sucedido una tras otra.
En 2020 aprovechó la pandemia para coartar libertades y empezó su fuerte ataque contra medios de comunicación críticos, especialmente contra el medio digital El Faro.
Pero el gran batacazo, que le dio a Bukele carta abierta para la represión, fue la declaración de estado de excepción en marzo del 2022, luego de un sangrieto fin de semana que registró 87 homicidios atribuidos a la Mara Salvatrucha. Con esta medida, el mandatario arrebató derechos y levantó garantías procesales, a tal punto que, según Amnistía Internacional, en pocos días se detuvieron a más de 25.000 personas.
Eventualmente, el gobierno de Bukele admitiría que capturaron y encarcelaron a personas inocentes. Pese a esto, el régimen de excepción se ha prorrogado 53 veces y continúa vigente.
Pero para explicar con más atino cómo la deriva hacia el autoritarismo y el estado de excepción impactó a la ciudadanía, Revista Dominical habló con Samuel Ramírez, fundador y dirigente del Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción (Movir) en El Salvador.
“Ese régimen es una herramienta temporal y para casos extremos, pero hubo una política de capturas masivas, sin aplicar el debido proceso. Hay más de 90.000 personas capturadas, y por lo menos a un 36% no le han comprobado delitos ni tienen vínculos con pandillas”, explicó Ramírez.
El líder del Movir explicó que muchas personas comunes fueron arrestadas con base en vínculos espurios. Por ejemplo, ciudadanos honestos que, por el simple hecho de tener un negocio en una comunidad dominada por las pandillas, o atender a un pandillero en su negocio, eran considerados sospechosos y fueron arrestados junto a toda su familia.
“Lo mismo pasó con taxistas que brindaron servicios a personas vinculadas con pandillas y, por ese simple hecho, fueron capturados y encarcelados por más de cuatro años, no se les comprueba el delito pero tampoco los dejan libres, ese es el régimen de excepción, capturar a la gente solo por vivir en comunidades pobres tomadas por las pandillas”, detalló Ramírez.
Don Samuel es el único dirigente del régimen que no tiene familiares directos víctimas del régimen. Todos los demás tienen hijos, hermanos, esposos, padres o abuelos detenidos.
Cuatro años de buscar a su hijo mientras el gobierno la ignora
Doña Eneida Abarca también ha pagado con su propia vida las consecuencias del autoritarismo. Su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, de 22 años, está desaparecido desde 2022, y ella no cesa en su búsqueda.
El medio salvadoreño El Faro contó la historia de doña Eneida en un artículo de febrero del 2025. Ella ha tapizado las calles de San Salvador con la fotografía del rostro de su hijo y ha organizado campañas de búsqueda. Carlos Abarca fue visto por última vez el 1.° de enero del 2022 atrás de una delegación policial.
A todas partes a las que va, Eneida viste una camisa con la fotografía de su hijo. Ninguna de las instancias del gobierno a las que ha acudido le han ayudado. Al contrario, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, dijo que a Carlos Abarca se le había visto a principios de 2023 y agregó que no todas las desapariciones están ligadas a actividad delincuencial, sino a problemas familiares.
“Vamos a seguir buscándolo para entregarlo a la familia”, dijo Villatoro. Pero doña Eneida no confía en esas palabras.
En enero del 2025 doña Eneida se enteró que tanto su cuenta como la de su esposo en la red social X habían sido bloqueadas el ministro Villatoro, la Policía Nacional Civil, el presidente Nayib Bukele y la Casa Presidencial. Ella fue abandonada por el gobierno que, según el oficialismo, es el que más ha velado por la seguridad de los salvadoreños.
Movimiento indígena: Represión se recrudeció
Don Ángel Flores es miembro del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (Milpa) de El Salvador. Él reafira que la represión el gobierno de Bukele no se ha limitado a las pandillas o las maras, sino que ha llegado incluso a minorías como los pueblos originarios.
No solo han sufrido retrocesos en luchas antiguas, como la recuperación de territorios, la defensa de lenguas autóctonas, el acceso a la salud, el reconocimiento de derechos y la educación sobre los pueblos originarios; en todo eso perdieron terreno, sí, pero también han sido objeto de ataques y violaciones.
“Además de la eliminación de espacios democráticos, nos enfrentamos a una oleada de despojo de tierras y bienes comunes, esta es la cuarta ocasión histórica que nos ocurre esto desde la invasión europea. Bukele instrumentalizó el régimen de excepción para perseguir y encarcelar a personas defensoras de las comunidades indígenas”, confirmó Flores.
Para el líder indígena, no es coincidencia que la represión del gobierno mediante las fuerzas armadas se intensificara tras la aprobación del primer régimen de excepción en 2022.
“El fundador de Milpa, Óscar René Martínez Iglesias, fue una de las principales voces que denunció que la contrucción del Aeropuerto del Pacífico afectaría a comunidades indígenas. El 9 de junio del 2023, en medio régimen de excepción, fue capturado y hasta la fecha sigue encarcelado sin haber sido juzgado”, afirmó Flores.
Así, los casos relatados por don Samuel Ramírez, doña Eneida Abarca y don Ángel Flores evidencian que las “dictaduras blandas” son un mito o, como mucho, una etapa fugaz. Al final, los gobiernos autoritarios terminan afectado incluso a los ciudadanos comunes que no tienen conexiones con el crimen organizado
Apenas en marzo pasado, el Grupo Internacional de Personas Expertas en El Salvador (Gipes) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los resultados de una larga investigación que sustenta la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Bukele.
Noah Bullock, director de Cristosal, una de las organizaciones no gubernamentales exiliadas de El Salvador, lo definió con una frase abapullante: “Bukele es un dictador igual que cualquier otro: roba, mata, tortura y persigue, solo que con mejores relaciones públicas”.
Para la redacción de este artículo colaboró la periodista de El Faro de El Salvador, Graciela Barrera.
País: El Salvador
Cantidad de habitantes: 6.365.503
Año de independencia: 1821
Últimas elecciones libres: 2019
Posición en el ranking de democracia International IDEA: 71
Nombre del más alto jerarca: Nayib Bukele
