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Las funciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) van más allá de la coordinación política: también incluyen programas de formación y de mejoramiento de las capacidades de los Estados miembros.
Uno de ellos es el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, sobre el que Revista Dominical mantuvo una entrevista.
Juan Carlos Roncal es el coordinador general del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), y nos explicó en qué consiste el programa, cómo opera en los distintos países, y de qué manera se forma parte de este esfuerzo por garantizar el acceso a la justicia a lo largo de los territorios de los países miembros de la OEA.
-¿Qué es el programa Interamericano de Facilitadores Judiciales?
-El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) es un iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se inició en Nicaragua en los años 90, después del conflicto interno que se fuera del país, pues este evidenció que había muchas comunidades y personas que se encontraban en zonas apartadas que no tenían acceso a la justicia.
“Los conflictos vecinales y comunales que se producía en esos en esos lugares no habia forma de resolverlos. Entonces, por eso la OEA creó este proyecto y creó la figura del facilitador judicial, que es un líder comunitario que ayuda a todas esas personas que están involucradas en este tipo de conflictos y resolver sus controversias de manera pacífica.
“Actualmete estamos en 11 países, estamos en todo Centroamérica, en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etc. De hecho, en Costa Rica, firmamos un convenio en el año 2013 con el Poder Judicial para implementar el servicio de facilitadores judiciales en el país. Actualmente hay más de 500 facilitadores judiciales que trabajan en Costa Rica.
“Además, estamos en Sudamérica, Norteamérica, en el Caribe y República Dominicana y tenemos los ‘convenios específicos’ con países como Colombia y Perú. A los que países que tienen proyectos bastante parecidos a los nuestros y que a los cuales les damos apoyo técnico.
“El trabajo que hacen los facilitadores judiciales es un trabajo que hacen en las zonas apartadas, no en los territorios urbanos. Y a esta fecha tenemos alrededor de 7.000 facilitadores judiciales trabajando en toda la región en todos estos estos países.’
“Como facilitador judicial, tienes dos funciones fundamentales. La primera es gestionar conflictos de baja intensidad, osea buscar solucionar estas controversias vecinales, de carácter comunal, y la segunda, buscar que las personas puedan recurrir a los juzgados locales, ya sea para denunciar hechos, denunciar agravios...
“Ellos no son abogados, no te dicen quién va a ganar en el juicio, sino te explican en forma muy básica en qué consisten ciertos temas judiciales".
-¿Cómo se planea fortalecer este programa impulsado por la OEA?
-Para fortalecernos a futuro buscamos que más y más países puedan acceder a este programa debido a que sabemos de las virtudes y las bondades y el trabajo efectivo que se produce y el impacto a favor de las comunidades.
“El programa tiene más de 23 años de existencia, y el trabajo de los facilitadores y las facilitadoras se se realiza fundamentalmente en estas zonas apartadas. Zonas donde tienen déficits económicos importantes o hayan grupos vulnerables.
“Los facilitadores judiciales no reciben ningún sueldo del Estado, lo hacen de manera voluntaria, básicamente por el compromiso que tienen con sus comunidades. Así que es una labor bastante altruista, promovida por la OEA.
“Ese conflicto entre vecinos, por ejemplo, el perro de doña Juana mordió a la gallina de don Pepe. (que) no se logra resolver. El facilitador judicial lo que hace es lleva a esas personas al juez contravencional para que el juez contravencional pueda resolver.”.
-¿Cuál es el papel de los Poderes Judiciales para poder llevar a cabo este programa, los poderes judiciales de cada país que tienen que aportar cuando ya se está aplicando el plan?
-Cuando iniciamos ya hace hace más de 23 años, las coordinaciones iniciales fueron con el Poder Judicial en Nicaragua, y luego con otros países de Centroamérica que estaban interesados en el servicio, los poderes judiciales se comunicaron a través de distintos canales. Entonces, la relación entre el programa y los códigos judiciales es una relación directa.
“Ahora, ¿qué es lo que necesita para que funcione? Inicialmente es una buena comunicación, luego de una o dos reuniones, se abren procesos que nos han llevado un año de conversaciones, pero luego de eso ya se firma un acuerdo de cooperación entre el poder judicial de ese país y la OEA".
-Existen capacitaciones para gente que está interesada en unirse al plan. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera unirse al plan?
-¿Cómo acceden o cómo pueden ser nombrados los facilitadores judiciales? Bueno, ellos se ponen en contacto con los jueces y si están en esos momentos realizándo una convocatoria de facilitadores judiciales, ellos pueden participar.
“Los facilitadores judiciales gestionan conflictos de baja intensidad, por ejemplo acompañamiento a las personas cuando alguien que no sabe cómo solicitar su cédula de identidad, el facilitador judicial los acompaña y ayuda a los no saben cómo tramitar. Los facilitadores judiciales tambien son buenos sirviendo de puente entre las políticas nacionales, regionales o locales.
“Ahora estamos impulsando una iniciativa de generar la creación de facilitadores escolares. Ellos vendrían a ser jóvenes, no en edad escolar. Que se dedicarían a abordar problemáticas como el bullying, de crear espacios de conversación entre los jóvenes con los padres. Se están dando una serie de problemáticas como suicidio, como alto consumo de drogas, que tienen que ser atendidos".
-¿En qué tipo de casos intervienen los facilitadores judiciales y en cuáles no?
-Hay ciertos hechos que por su gravedad no pueden ser manejados por los facilitadores judiciales, primero por un tema de seguridad personal de los propios facilitadores judiciales y segundo, porque si el tema es tan grave o complejo que requiera la intervención de una autoridad, sea policial o sea judicial. El facilitador judicial no puede conocer delitos, ya que esto requiere de una intervención necesariamente institucional, la policía de investigaciones dependiendo del país, o las autoridades fiscales.
-¿Cuáles son las razones por la que hay países donde no se ha recibido el plan de la mejor forma?
-Lo que sucede específicamente con Colombia es de que Colombia tiene un programa bastante parecido al nuestro. En Colombia funciona el Programa de Conciliadores en Equidad. Y son alrededor de 10.000 conciliadores en equidad solamente en Colombia.
“Ese programa es conducido por el Ministerio de Justicia de Colombia. Y como ellos realizan las mismas funciones que los facilitadores judiciales, pues ya no tenía ningún sentido volver a implementar a los facilitadores judiciales.
“Así que lo que hicimos fue un convenio de cooperación con Colombia. Y en el caso de Perú, es que Perú tiene un proyecto de más de 850 mujeres que se llaman Orientadoras Judiciales.
“Ellas ayudan a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, a los niños, niñas y adolescentes, entonces las orientadoras cuando se enteró de que había el PIFJ, nos solicitó ayuda para que apoyemos el trabajo de las orientadoras judiciales a través de los mismos recursos. Sin embargo, este ya lo consideramos como parte del programa, aunque no tengamos presencia en esos países".
-¿Qué contribución aportan los países que se unen al plan?
-No es ningún tipo de contribución económica. El país, por el hecho de pertenecer a la OEA, ya tiene el derecho de recibir este programa. Ellos colaboran tienen una contraprestación económica porque nosotros nos financiamos a partir de donaciones que hacen países no integrantes de la organización, sino paises observadores, como es el caso de Países Bajos o Italia.
“Son 35 países que forman parte de la OEA, y entre ellos, también tienen países observadores. Ellos son los que están interesados en la portada del programa porque saben de los fines, los objetivos y los resultados que tenemos y nos apoyan con contribuciones de carácter económico".
-¿Cuántas personas en total son participantes del plan del PIFJ? ¿cuántos facilitadores oficiales existen?
-Es es un número que va variando con el tiempo pero ahorita somos alrededor de 7.000 facilitadores judiciales en toda la región. A eso sumamos los 10.000 conciliadores en equidad en Colombia y las 850 mujeres orientadoras judiciales en Perú, pues alrededor de unos casi 19.000 no personas que el programa nosotros como ea probable interamericano le damos algún tipo de soporte.
