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Durante la pasada campaña electoral, 444 personas físicas aportaron entre todas ¢4.317 millones, mediante la adquisición de bonos de deuda política y a cambio recibieron certificados por ¢5.122 millones, con la expectativa de poder canjearlos en la Tesorería Nacional.
Bajo esa dinámica, la ganancia iba a ser de ¢804 millones (15,7%), más intereses. La legislación establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a un 4,63%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) liquida los gastos de los partidos.
Sin embargo, 143 de esos financistas no recibirán ni un colón por la inversión hecha, porque las agrupaciones que financiaron, por un total de ¢1.037 millones, no obtuvieron los votos suficientes en las urnas para optar por esos recursos.
Solo los tenedores de bonos de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) podrán reclamar esos fondos.
En este enlace de la cuenta de La Nación en la herramienta de colecciones Pinpoint, de Google, podrá acceder a todos registros de tenedores de bonos, de octubre del 2025 a abril del 2026, que los partidos políticos enviaron al TSE —actualizados al 22 de julio anterior—.
