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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indagará la solvencia económica de los hermanos Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, quienes le inyectaron ¢124 millones a la campaña presidencial de Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), mediante la compra de bonos de deuda política.
El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, informó este viernes de que remitirá oficios a los hermanos Turcios Stiegler preguntando sobre el origen de los recursos. Cada uno aportó ¢62 millones, de acuerdo con la información remitida por el PPSO.
El Tribunal remitirá oficios similares a otros de los 39 compradores de bonos de la campaña de Fernández, quienes, en conjunto, desembolsaron ¢388,5 millones a lo largo de noviembre del 2025.
Chacón precisó que se indagará la solvencia económica a aquellos que “hayan aportado una cuantía representativa de dinero, o bien, que tengan otras características llamativas desde la perspectiva de fiscalización”.
“La intención es determinar si los compradores efectivamente tienen la capacidad patrimonial para haber efectuado esas adquisiciones de certificados de sesión, en primer lugar, y en segundo, identificar, al menos, con certeza razonable, cuál es el origen de los recursos utilizados”, detalló Chacón ante preguntas de varios periodistas.
El pasado miércoles, el PPSO entregó la lista de los compradores de bonos, luego de que el TSE le enviara dos prevenciones por no incluirla en los estados financieros que, de manera obligatoria, debía entregar el 15 de diciembre anterior.
En la lista aparecen 39 personas, quienes adquirieron bonos serie A por ¢455 millones y a cambio desembolsaron ¢388,5 millones. La mayoría tuvo un descuento del 15%. Esto significa que, en caso de que los bonos adquieran validez con el resultado de las elecciones, se ganarán el 15% de diferencia además de los intereses que el Estado reconoce por ley.
Los hermanos Turcios Stiegler compraron una tercera parte de estos bonos del PPSO. Pagaron ¢124 millones por certificados con un valor nominal de ¢145,8 millones.
Es decir, obtendrán una ganancia de ¢21,8 millones más intereses.
La legislación establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a 4,76%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el TSE liquida los gastos de los partidos.
El jueves, La Nación contactó por teléfono a Stephan Turcios Stiegler y aseguró que hicieron una inversión con un interés fijo y que el dinero proviene de un negocio de créditos que ambos tienen. Sin embargo, pidió que se le llamara luego porque iba entrando a una reunión, pero ya después no atendió las llamadas ni los mensajes enviados.
En un artículo del semanario El Financiero, de setiembre del 2021, ellos aparecen como fundadores de una empresa llamada Ridivi, que ofrece servicios de pagos y transferencias vía WhatsApp.
¢10 millones o más
En la lista de 39 personas, sobresale el nombre de otras nueve, quienes dieron ¢10 millones o más para comprar certificados de la contribución estatal:
Mauricio Wong Mayorga: ¢30 millones
Alejandro Vargas Fuentes: ¢24,8 millones
Ligia Pérez Ramírez: ¢22,1 millones
Liana Denis Noguera Ruíz: ¢14,4 millones
Randy Castillo Mora: ¢14,4 millones
Joaquín Bernardo Vargas González: ¢11 millones
Miguel Ricardo Hernández Suárez: ¢10,2 millones
Francisco Javier Morice Castro: ¢10 millones
Rolando González Rodríguez: ¢10 millones
