EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió un veto total al proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el documento, de 319 páginas, Chaves asegura que veta la iniciativa legal por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad; además, adjunta dos estudios actuariales sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Se trata del noveno veto que emite el mandatario, luego del proyecto sobre vuelos baratos del Partido Liberal Progresista (PLP) y el de sanción a funcionarios que incumplan la reglamentación de leyes, de Daniela Rojas, del PUSC, a inicios de marzo.
El argumento del presidente es que se realizó un análisis detallado de la propuesta y se determinó que la norma tiene graves vicios de constitucionalidad, que supuestamente transgreden principios fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense.
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Entre las razones descritas por Rodrigo Chaves, están una supuesta violación al principio de igualdad ante la ley, que se lesionan los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
En primer lugar, el presidente alega que hay una discriminación legal al establecer requisitos de jubilación y cálculo de beneficios más favorables para un grupo específico de funcionarios del Poder Judicial respecto al resto de los servidores de esa institución.
Chaves también cuestionó que se utiliza el término “afines” entre los beneficiarios de la jubilación anticipada para agentes del OIJ, sin que se regulen los alcances de ese término.
“Estas condiciones preferentes no cuentan con una fundamentación técnica objetiva que permita justificar tal diferenciación conforme a los estándares nacionales e internacionales de igualdad y no discriminación”, destaca el veto.
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En cuanto al criterio de oportunidad, el mandatario argumenta que es impensable sancionar y mandar a publicar el decreto de ley en el contexto fiscal y económico del país.
El segundo razonamiento de la Presidencia de la República se refiere a la alegada carencia de estudios actuariales que sustenten la jubilación anticipada para los empleados de la policía judicial.
“Más aún, se apoya en un estudio actuarial que, lejos de respaldarla, evidencia de forma categórica los graves efectos que generaría su aprobación”, dice el documento.
El veto cuestiona la falta de ingresos alternativos que compensen el incremento del gasto que la jubilación anticipada implicaría para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
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Junto con el veto, la Presidencia de la República adjuntó un par de estudios actuariales sobre el Fondo de Pensiones y citó uno de ellos para asegurar que la entrada en vigencia del proyecto agravaría la situación financiera de ese fondo.
Uno de esos estudios, de 2022, habla de un déficit actuarial de ¢442.000 millones, y apenas con el 87% de los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones.
Otro estudio citado por la Presidencia, de la actuaria Kemly Arias Sandí, habla de un déficit del Fondo del Poder Judicial de ¢506.000 millones, y ¢634.000 millones, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen) citados por Chaves.
El veto lleva también las firmas del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la ministra de Planificación, Marta Esquivel.
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Finalmente, Zapote alega que hay una violación al principio de sostenibilidad financiera, en el sentido de que es fundamental asegurar recursos suficientes para el pago de las pensiones presentes y futuras.
Adicionalmente, el veto puntualizó que la iniciativa legal no delimita de forma precisa el universo de beneficiarios de la jubilación anticipada, al incluir “genéricamente” a quienes portan armas en el OIJ.
“Esto permite una interpretación extensiva que podría abarcar a una mayoría de funcionarios judiciales. Esta falta de claridad implica un riesgo de expansión del gasto provisional mucho mayor al estimado, con efectos difíciles de proyectar”, indica el documento.
