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Durante una exposición que se prolongó durante una hora y 57 minutos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su abogado José Miguel Villalobos intentaron deslegitimar la acusación presentada por la Fiscalía General contra el mandatario por el presunto delito de concusión.
Tanto Chaves como Villalobos señalaron la existencia de supuestas fallas en la pieza acusatoria, durante una comparecencia realizada este viernes ante la comisión legislativa que estudia una solicitud para levantarle la inmunidad al gobernante para que pueda ir a juicio por esta causa.
Ambos aprovecharon para lanzar ataques directos contra el fiscal general, Carlo Díaz, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por darle trámite a la acusación contra del mandatario y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien también acudió a la sesión.
Chaves y Rodríguez fueron acusados por, supuestamente, haberle pedido al empresario Christian Bulgarelli que, a cambio de ganar un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), le entregara $32.000 al entonces asesor presidencial Federico Cruz, alias Choreco.
La tesis del fiscal Díaz es que ese contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli ganara el concurso de contratación con el BCIE, y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a Choreco, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos.
“Yo nunca le ordené a ese ... testigo de la corona entregarle dinero a nadie”, aseveró el mandatario en alusión a Bulgarelli, a quien la Fiscalía General aplicó un criterio de oportunidad luego de que este se comprometiera a colaborar con el proceso penal.
Chaves y Villalobos centraron su intervención en señalar una serie de presuntas fallas y malos procederes de parte del fiscal Díaz, específicamente en el fondo y la forma de la acusación penal que presentó el 7 de abril.
La pieza fue aprobada por el Tribunal de la Corte Plena para que siguiera su proceso en la Asamblea, donde los diputados deben decidir si hay lugar a formación de causa contra el mandatario y el ministro para levantarles el fuero.
La intervención inicial del gobernante tuvo un tono similar al de las conferencias de los miércoles en la Casa Presidencial, donde Chaves suele atacar y cuestionar a los funcionarios de los otros poderes de la República y responsabilizarlos por las crisis del país.
Frente a los retratos de los expresidentes y expresidenta de la República, el gobernante siguió este viernes el mismo guion, hablando sobre un supuesto Estado profundo que tiene el objetivo de atacarlo a él.
En la primera escena de la audiencia, el mandatario hizo varias referencias negativas al presidente legislativo, Rodrigo Arias, como su presunto enemigo político y a quien acusó de estar interesado en utilizar al fiscal general como un peón.
Alegó que una acusación como la presentada en su contra es un “intento de golpe de Estado judicial”, pese a que esta ha seguido todos los pasos establecidos por el Código Procesal Penal, la Constitución Política y el Reglamento legislativo, para su tramitación.
Caído el telón de la primera intervención, el presidente anunció como acto siguiente el análisis jurídico que su abogado defensor había hecho sobre la pieza acusatoria elaborada por el jefe del Ministerio Público.
Defensa de Chaves cuestiona léxico e ‘imprecisiones’ del fiscal
Con todas las cámaras centradas en él y el micrófono libre, pues la presidenta de la comisión, la diputada liberacionista Andrea Álvarez, le otorgó todo el tiempo que quisiera, Villalobos empezó su presentación cuestionando que el hecho de que el proceso contra miembros de supremos poderes no permita que, antes de la acusación, se puedan presentar las pruebas de la defensa.
No obstante, reconoció que ni la Sala de Casación Penal ni la Constitucional, avalan que la Asamblea funja como una especie de cuasitribunal, donde se aporten pruebas y se cuestionen los testimonios de los testigos.
Villalobos afirmó que Carlo Díaz se equivoca al usar la frase “acto seguido” para describir el momento en que, luego de hablar en una reunión que fue grabada por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, supuestamente Rodrigo Chaves le pidió a Christian Bulgarelli entregarle $32.000 a su asesor, Choreco, a cambio de que se le adjudicara un contrato por $405.800 con el BCIE para dar servicios de comunicación a la Presidencia de la República.
“Esas dos palabras destruyen toda la hipótesis de la Fiscalía, por su propia naturaleza lógica”, dijo Villalobos, quien explicó que, si realmente Chaves hubiera exigido a Bulgarelli entregar ese dinero “acto seguido” como condición para recibir el contrato, eso habría quedado registrado en los audios que grabó Navarro.
El abogado enfatizó que Navarro nunca dijo que hubiera escuchado eso y que, entonces, Carlo Díaz basa su acusación en la mera declaración de Bulgarelli, quien fue presentado por la Fiscalía General como testigo de la corona.
Adicionalmente, sostuvo que la pieza acusatoria no puede usar dos verbos diferentes para describir el presunto delito que se le achaca a Chaves. Alegó que el presidente no puede haber obligado e inducido a Bulgarelli a entregarle el dinero a Choreco, sino una sola de las dos acciones.
Además de atacar al fiscal general, Chaves y Villalobos cuestionaron igualmente a los 15 magistrados que votaron a favor de solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente.
El ‘4 de abril más productivo de la historia judicial’
La defensa de Rodrigo Chaves señalo como una contradicción que la parte acusadora considere al productor Christian Bulgarelli, por una parte, víctima del delito de concusión presuntamente cometido por el presidente y, a la vez, sospechoso del delito de favorecimiento real, por los mismos hechos.
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Como parte de un diálogo sostenido con su abogado, el mandatario aseguró que la acusación contra él fue fabricada, falsificada, al alegar que el criterio de oportunidad para Bulgarelli estaba montado desde antes.
Específicamente, Villalobos aseguró que Carlo Díaz abrió la acusación contra el empresario el viernes 4 de abril del 2025, para negociar que se le aplicara la figura de testigo de la corona, tres días antes de que el fiscal general presentara el caso contra Chaves ante la Corte Plena.
El jurista enfatizó que, si bien la acusación contra su cliente fue presentada el lunes 7 de abril, tiene fecha de viernes 4 de abril, por lo que “no podía estar lista la acusación con el criterio de oportunidad el mismo 4 de abril”.
“Tenían un criterio de oportunidad montado desde antes. Cuando se dio cuenta, abrió un expediente para insertar, subrepticia y perversamente, el legajo del criterio de oportunidad, sin fecha”, cuestionó Villalobos.
Frente a las diputaciones de la comisión especial, el defensor señaló que el artículo 22 del Código Penal indica que un criterio de oportunidad requiere autorización del jerarca, en este caso el fiscal general, y estar autorizado por un tribunal.
“Ese 4 de abril, Carlo Díaz le abrió la causa a Bulgarelli, lo entrevistó, lo indagó, firmó y autorizó el criterio de oportunidad, lo mandó al tribunal y el tribunal lo autorizó Todo para incluirlo en la acusación del 7 de abril”, aseveró.
“Ese es el 4 de abril más productivo de la historia del derecho”, ironizó Chaves y apuntó que ya lo tenían todo listo, montado. “Lo falsificaron para dar sentido a la acusación; se le cayó la cara y el caso a Carlo Díaz”, manifestó.
Antes de cerrar su intervención, Villalobos ensalzó a los siete magistrados que objetaron que la acusación siguiera su camino en el Tribunal de la Corte Plena, pues alegó que varios de ellos señalaron que la misma no contaba con la solidez probatoria mínima requerida.
“Esta pieza acusatoria no tiene los requisitos mínimos para que ustedes puedan recomendar una remoción del fuero. Es una acusación cargada de venganza”, les dijo Villalobos a los diputados.
En el epílogo de su defensa, Rodrigo Chaves retomó su guion inicial y reiteró que hay una fabricación y falsificación de documentos, para que Carlo Díaz “pudiera cumplir las órdenes de sus superiores”.
Recibida la argumentación de Chaves y su abogado, la comisión ahora deberá escuchar al ministro Jorge Rodríguez y su defensa la próxima semana. El plazo para que el órgano especial emita un informe se vence el próximo 29 de agosto.
