EscucharEn una carta del 12 de mayo, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación sobre las vallas publicitarias que piden la renuncia de magistrados del Poder Judicial y la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, liderada por el presidente Rodrigo Chaves y otros ministros del gobierno.
De hecho, la alta funcionaria de la ONU solicitó a Chaves que remita información sobre el financiamiento y la persona o personas que estén detrás de esas vallas en vías públicas, con mensajes dirigidos hacia personas que ocupan altos cargos, en particular el fiscal y magistrados de la Corte.
La nota de la relatora de la ONU está dirigida al mandatario Rodrigo Chaves, para solicitarle respuestas sobre la información que ha recibido en relación con ataques de parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, principalmente; en particular, las vallas y su participación activa en la manifestación contra el fiscal general.
La preocupación de la relatora es que se busque “amedrentar y presionar” desde el Poder Ejecutivo “a quienes ejercen funciones de control y fiscalización” desde otros poderes estatales.
“Este mandato ya había expresado previamente su inquietud por los riesgos que dichas interferencias injustificadas representan para la independencia judicial, y solicitó información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los jueces puedan ejercer sus funciones en un entorno seguro y propicio, libre de amenazas, intimidaciones o actos de acoso”, dijo Satterthwaite.
En el documento, con número de oficio CRI 3/2025, Satterthwaite explicó que ha recibido información sobre una intensificación en las presuntas injerencias indebidas sobre el Poder Judicial de parte del gobierno de Rodrigo Chaves.
En particular, la relatora manifestó su preocupación por la campaña contra autoridades de los poderes del Estado, tanto de la Asamblea Legislativa como de la Corte Suprema de Justicia.
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La relatora de la ONU recordó que, en una respuesta del gobierno, emitida en enero, ante las preocupaciones ya expresadas en diciembre de 2024, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con los principios de separación de poderes, independencia judicial y respeto al Estado de derecho.
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Así consta en el oficio MP-DMP-OF-0060-2025, firmado por Laura Fernández como ministra de Presidencia, el 28 de enero, donde plantea que todas las reformas y políticas implementadas por el gobierno “respetan el principio de separación de poderes y la autonomía funcional del Poder Judicial”.
“El gobierno reitera su firme compromiso con los principios de independencia judicial consagrados en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas internacionales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, manifestó Fernández en nombre del gobierno.
Relatora de la ONU: Causa preocupación la marcha convocada contra el fiscal general
Margaret Satterthwaite hizo especial hincapié en la información que recibió sobre la marcha contra el fiscal general en la que el presidente Chaves participó.
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“Declaraciones del presidente en esa manifestación habrían sido percibidas como una posible injerencia en la independencia y separación de los poderes del Estado”, puntualizó la relatora.
Además, dijo que se veía en la necesidad de reiterar que, conforme los estándares internacionales, todas las instituciones gubernamentales y demás actores tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del Poder Judicial.
“Esto implica protegerlo frente a intimidaciones e injerencias políticas, garantizar que todos los jueces y fiscales puedan desempeñar plenamente sus funciones, sin intimidaciones, obstáculos, hostigamiento, injerencias indebidas ni sanciones”, explicó la relatora.
También advirtió Satterthwaite que los funcionarios públicos, en particular las más altas autoridades del gobierno, deben ser cuidadosos en que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial.
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Para clarificar todas las informaciones que recibió, la Relatoría Especial de la ONU le dio un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo, que se cumplió este 12 de julio, para que informe el origen y financiamiento de las vallas contra miembros de supremos poderes, y detalle medidas implementadas para promover un entorno seguro y propicio para quienes traten de cooperar o hayan cooperado antes con el mandato de la relatora especial.
